¿Qué reforma política vale la pena?

Columnista invitado Nicolás Lynch

Realizado el referéndum y conocido su resultado se configura una victoria política del Perú democrático contra la mafia fujiaprista que, sin embargo, puede tener diversos beneficiados. Por lo pronto, a nadie que no sean los derrotados se le puede ocurrir otra cosa que la inminencia de una reforma política aún mayor que la aprobada en domingo 9. A esto nos llevan las urgencias del país pero también la voluntad de participación y el rechazo ciudadano a la situación actual. Esto no quita que las perspectivas sobre la misma sean distintas. Por un lado, está el Presidente Martín Vizcarra, en posición expectante por haber tenido la iniciativa y por su condición de mandatario. Pero, por otro, sectores democráticos y de izquierda, que  asumieron el referéndum como una vía de rechazo a la élite corrupta que nos ha gobernado en los últimos 25 años.

Para Vizcarra y los neoliberales que tratan de influenciarlo se trata de arreglar la representación política para profundizar el modelo neoliberal. Ya hablan de una “reforma laboral”, como la gran reforma olvidada por la élite corrupta, que debe ser la llave para revitalizar el mercado de la mano de una nueva élite producida por sus reformas. Para ellos esta es la forma de arreglar la crisis de la estructura de poder actual, renovándose pero a costa de los trabajadores. Cuentan al efecto con el Poder Ejecutivo, los empresarios del modelo que poco a poco irán alineándose y el gobierno de los Estados Unidos que tiene al gobierno del Perú como uno de sus puntales en la región.

Para los sectores democráticos en cambio, la oportunidad es única pero las condiciones muy difíciles. Vienen de apoyar una reforma en la que perdieron la iniciativa y de acompañar un voto en el que es difícil saber cuánto les corresponde. La única manera de obtener dividendos del triunfo es entonces con una meta más ambiciosa. En realidad “la” meta que han (hemos) agitado sotto voce todos estos años. Antes no habían condiciones, hoy estas condiciones empiezan a darse para plantear otro régimen político, distinto del neoliberal,  que se plasma en la idea de una Nueva República que supere a la república criolla actual. Una realización que cuestiona los cimientos mismos del orden actual y que supone entrar en un proceso constituyente, que lleve a convocar a la voluntad soberana del pueblo en una Asamblea Constituyente, de la cual deba surgir la Nueva Constitución.

El siguiente paso en este proceso son las leyes que permitan a los actores sociales y políticos avanzar en la democratización y la vía constituyente. Al respecto destacan dos paquetes legales: la reforma de la ley electoral y de la ley de partidos y la derogatoria de las leyes de criminalización de la protesta. De esta forma podremos tener elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes de las próximas elecciones generales y podremos registrar nuevos partidos en base a la formación de comités funcionando a lo largo y ancho del país y no del vetusto y corrupto sistema de firmas. 

Asimismo, derogando la legislación de criminalización de la protesta, le daremos mayores posibilidades a los movimientos sociales, a lo largo y ancho del país, para que se organicen y lleven adelante la lucha por sus reivindicaciones. Este segundo punto, tendrá la mayor resistencia en el gobierno actual porque se trata de cuestionar los cimientos mismos del modelo en funciones para el cual los movimientos sociales no deben existir. Sin embargo, para poner sobre la mesa una agenda distinta tienen una importancia capital, porque activar los movimientos sociales es la forma de dar vida a alternativas distintas en la economía y en la política, que nos pongan definitivamente en otro rumbo.

Existe entonces una reforma política por la que vale pena luchar y que tiene un camino claro: darle poder a los actores sociales y políticos, en la calle pero también en la legalidad, para que las energías del referéndum no se desperdicien y avancemos desde una mejor representación a un cambio de régimen, en el que la voluntad popular ya no esté subordinada a las élites sino al revés. 

Este es el significado de un proceso constituyente, que nos lleve a una Nueva Constitución y a una Nueva República.

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