Fiscalía interviene Gerencia de Transportes y anuncia investigación por brevetes

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Intervención del Ministerio Público en las oficina de trámite y entrega de brevetes de la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa. Foto: El Búho

Personal de la Policía y Fiscalía registró la mañana del miércoles las oficinas de la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa de manera inesperada. Los agentes incautaron documentación que servirá en la investigación abierta a José Gamarra, exgerente de la administración de Yamila Osorio. La fiscal María Alejandra Cárdenas, anunció que las denuncias por otorgamiento de brevetes también serán investigadas.

Por el momento, la fiscalía concentra sus esfuerzos en hallar elementos de convicción que sustenten el pedido de prisión preventiva. En este caso, sobre Gamarra recae una denuncia de cobro de cupos a transportistas de minivans. Mediante intermediarios, el exgerente habría pedido dinero a los transportistas a cambio de permisos de circulación en las vías interprovinciales. Junto a él están involucrados otras ocho personas, entre subgerentes, inspectores y empresarios de transporte. Todos cumplen detención preliminar de 10 días.

La fiscal contra el crimen organizado manifestó que los investigados afrontan cargos por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Más de seis víctimas han señalado que los trabajadores de transporte les exigían dinero para evitar ser intervenidos y que sus vehículos sean llevados al depósito.

Incautaron actas de intervención

La diligencia permitió recabar las actas de control que levantaban los inspectores a los choferes de minivans, además de las resoluciones firmadas por los sugerentes. La fiscal indicó que estos documentos servirán para corroborar lo dicho por los detenidos.

Por lo pronto, solo tres personas han prestado declaraciones, mientras el resto ha preferido guardar silencio. Hasta ahora ninguno de los detenidos ha pedido ser colaborador eficaz.

De igual forma, los agentes intervinieron las oficinas de Recursos Humanos para verificar la situación laboral de los investigados.

Mientras se desarrollaba la diligencia, un grupo de trabajadores denunció que no se les había permitido ingresar a su centro de trabajo.

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