El factor Chávarry y la impunidad de Alan García

La trenza suelta Cruz Silva Del Carpio

El Ministerio Público, el hoy fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura, la Asociación Nacional de Magistrados, el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta de Fiscales Supremos (JFS), el Congreso de la República, el Colegio de Abogados de Lima, y nuevamente la JFS, han sido testigos de las diversas etapas de la carrera del fiscal  Pedro Chávarry.

Chavarry es  un producto de  la cultura  de ese mundo institucional, donde se combinan la jerarquía fiscal mal entendida (casi como el besamanos que aún persiste entre los jueces), el secretismo, la falta de mecanismos abiertos y reales de evaluación del desempeño y fiscalización, los grupos formados desde la universidad que persisten y se agrandan en redes más dispersas, el desprecio por la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación, y el escaso valor que se da a siquiera cumplir con las garantías de  ser y/o parecer imparcial. Y este conjunto de elementos son los que le permiten seguir ejerciendo el cargo de fiscal supremo.

No es solo la impunidad que le sigue otorgando la mayoría fujimorista y sus aliados, no solo es la impunidad de la ausencia de normas que el mismo Congreso no aprobará, para ajustar los controles entre los propios fiscales supremos para que decidan su salida (un proyecto de ley que se asemeja al ya propuesto por el juez supremo Víctor Prado, o algunas propuestas en el marco de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público).  No es solo eso, es también la omisión que se ha dado, paso a paso, en el avance de su carrera fiscal.

Ella ha tenido puntos claves, en los que al día de hoy no hay responsabilidades ni saneamiento normativo para que no vuelva a pasar.

Por ejemplo: en su proceso de selección y nombramiento. No ocupó el top de los puestos del Cuadro de Méritos. Eran tiempos en que César Hinostroza, Mateo Castañeda, Pedro Angulo y Carlos Ramos buscaban ser fiscales supremos. Los dos primeros no fueron elegidos porque se logró revelar públicamente los graves problemas de sus perfiles. Y Chávarry tampoco era uno de los mejores. En ese procedimiento, el entonces presidente del CNM, Edmundo Peláez, de conocidos vínculos familiares con el aprismo, se abstuvo de participar del proceso por su parentesco espiritual con Chávarry. La inhibición, debió ser obviamente de todo el proceso, desde la convocatoria hasta la juramentación, pero no fue así. Peláez firmó el acta de juramentación, violando así la norma, y convirtiendo en ilegal el acto de asunción de Chavarry como f

El segundo hecho relevante fue su elección como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. La salida de cualquiera que no fuera el favorito (Carlos Ramos) para ser elegido como Fiscal de la Nación por, según los medios de entonces, José Peláez; era dejarles la cancha para que Ramos se encumbre como máxima autoridad del Ministerio Público en pleno escándalo de “La Centralita”. Ramos y Peláez, los principales denunciados, pasaban a ser cabezas. En aquel momento Chávarry señaló que renunciaría como lo hizo la entonces fiscal suprema Gladys Echaíz, pero no fue así. Asumió el cargo en el JNE, y de esta manera le dio legitimidad a la elección de Ramos. ¿Alguien asumió entre los fiscales supremos esa responsabilidad? No. ¿Luego de esa fracasada y oscura elección de Ramos como Fiscal de la Nación, la Junta de Fiscales Supremos, o algún fiscal supremo, o el Congreso; presentó una propuesta de reglamento para corregir el problema? No.

Y sin reglamento, se llegó a la elección de un nuevo Fiscal de la Nación, en el 2018. Por ello, la elección se hizo bajo los criterios de la palabra prometida y la “antigüedad”. Le tocó a Chávarry a pesar del serio cuestionamiento que lo involucraba en una red delictiva, recibiendo ayuda del juez supremo estrella del escándalo de los CNMaudios. Eso debió ser suficiente para no ser elegido, pero algunos de sus pares votaron por él. Eso sí, quienes votaron por él también estaban siendo cuestionados por el informe de la fiscal Sandra Castro. ¿Dónde están estos fiscales, Chávarry, Rodríguez y Gálvez ahora? Siguen en la Junta de Fiscales Supremos. No pasó nada.

La historia no acabó ahí, a fines del 2018, la medida provisional de suspensión de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, encabezada por el abogado Ayala. La decisión que tomó más tiempo del razonable tenía las tres firmas requeridas. La razón: Chávarry mintió más de una vez y a nivel internacional sobre su reunión con Hinostroza y medios de comunicación. La suspensión simplemente no se ejecutó. El Tribunal de Honor, la Decana, y otro directivo, violaron los procedimientos, el derecho de defensa e información de la parte denunciante, y terminó sacando a Ayala; indicando públicamente -violando la imparcialidad del decisor al menos antes de decidir la causa-  que lo hecho estaba errado. Hoy, Ayala está fuera del caso, con varias denuncias encima, las mismas que podrían poner en franco retroceso todas las medidas cautelares de suspensión emitidas por el caso de los CNMaudios. Mientras, el Tribunal de Honor sigue ahí con Mario Amoretti y Fernando Vidal Ramírez, a pesar de haber violado su imparcialidad en el caso. Nuevamente nada sucedió.

Pero, la medida de suspensión se emitió; y era ejecutable aunque fuera apelada. Fue comunicada a la Junta de Fiscales Supremos durante el interinato de Zoraida Ávalos. Y se debió ejecutar, sin siquiera poner a votación de los fiscales supremos por una simple razón: la ley orgánica de la carrera fiscal indicaba que para ser fiscal supremo se debía estar habilitado y punto. Pero una vez más nada ocurrió y Chavarry sigue en siendo fiscal supremo.

Y así llegamos al final del 2018, y a pocas horas del año nuevo, y sin una razón sujeta a derecho, Chávarry retiró del caso Lava Jato a los fiscales José Vela y Domingo Pérez, luego de una evidente campaña de desprestigio y obstaculización a quienes estaban avanzando sobre dos actores políticos claves: Keiko Fujimori y Alan García. La medida al final fue revocada por la enorme protesta ciudadana, pero nada pasó por este grave hecho, ni una sanción ni llamada de atención;  a pesar que ello había retrasado el cronograma de las diligencias para la firma del convenio con Odebrecht para la recepción de información. Luego al ser ya insostenible para Chavarry mantenerse como Fiscal de la Nación dejo el cargo, usando un mecanismo que al parecer es garantía de impunidad: la renuncia. ¿Algo pasó con Chávarry, se tomó alguna medida disciplinaria por todos estos hechos? Una vez más la respuesta es no.

Ahora todo está encarpetado en el Congreso de mayoría fujimorista, donde el socio sigue siendo el Apra. Zoraida Ávalos ha sido elegida Fiscal de la Nación hasta el 2021, con los votos de todos los supremos, incluido el de Chávarry. Mientras, todo lo anterior sigue impune yen la junta de fiscales supremos siguen bien tranquilos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.

Hay un statu quo de ilegalidad e impunidad en todo lo narrado. ¿Hasta cuándo? No hay normas que lo subsanen, la Junta Nacional de Justicia es aún un campo de batalla obligado por la impunidad; ni mucho menos hay sanciones y retiros del Ministerio Público que puedan garantizar que las investigaciiones Lava Jato y Lava Juez no caigan. Y esto, a pesar de haberse mejorado el panorama con la titularidad de Ávalos al mando de la institución. Las investigaciones son largas, aun no ingresan a juicio, no se sabe a ciencia cierta si hay topos que filtren información a los investigados, y sobre los fiscales de Lava Jato aun pesan incomprensibles investigaciones disciplinarias… y eso sin duda lo sabe Alan García, quien sigue siendo el principal beneficiado de toda esta historia.

Mucho ojo. No dejemos de insistir en que los hechos descritos queden  en la impunidad.

(Publicado en Noticias Ser)

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