Sala revisa caso de cámaras de seguridad que involucra a alcalde Omar Candia

Fiscalía pidió la nulidad de la sentencia e insiste en reparación de 2 millones de soles

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La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa comenzó este lunes a revisar la sentencia absolutoria dictada a favor del alcalde provincial Omar Candia Aguilar, en julio pasado. Se trata del proceso abierto por la compra irregular de 40 cámaras de seguridad, cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre.

El Ministerio Público apeló la sentencia del exjuez Roberto Salas Vilca que absolvía al burgomaestre y a su exgerente general, Daniel Gómez, del delito de colusión agravada. Pese a la absolución, la defensa de Candia Aguilar también apeló el fallo, al igual que el resto de involucrados.

El tribunal integrado por los vocales Juan Luis Rodríguez Romero, Armando Coaguila Chávez y Paola Venegas inició el debate con los alegatos de la Fiscalía. Carlos Herrera, fiscal superior del caso, argumentó que el veredicto carecía de motivación jurídica y pidió su completa nulidad. A la diligencia acudieron todos los imputados con excepción del burgomaestre, quien salió fuera del país.

Acusados rechazan acusación

Tras los alegatos del Ministerio Público, los procesados pidieron hacer uso de su derecho de autodefensa. El representante del consorcio Soluciones Andinas, Luis Ríos Sánchez, rechazó los cargos imputados. Negó haberse coludido con los funcionarios de la comuna selvalegrina para obtener el contrato de las 40 cámaras de seguridad.

Según el empresario, presentaron una mejora tecnológica al proyecto para que el sistema de videovigilancia funcione mediante fibra óptica. Pese a que en las bases del proyecto se indicaba que el sistema operaría por transmisión radial. Para el empresario, el consorcio asumió gastos que no estaban considerados en el proyecto como la instalación de los postes, con el fin de no ser penalizados.

Según Ríos Sánchez, fue casualidad que el consorcio compartiera la misma dirección con el ingeniero que elaboró el proyecto, Sandro Martínez.

En la diligencia, también solicitaron hacer uso de su derecho de autodefensa el resto de involucrados. Para ello, el tribunal ha decidido programar la siguiente sesión para el próximo miércoles 3 de abril desde las 10:30 horas.

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