Alcalde Omar Candia cae en contradicciones en juicio por cámaras de seguridad

Autoridad fue interrogado en audiencia por proceso de presunta colusión agravada

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El alcalde de Arequipa, Omar Candia, llegó este miércoles a los 100 primeros días de su gestión sentado en una sala de audiencia de la Corte Superior de Justicia. El burgomaestre es procesado por la compra irregular de 40 cámaras de seguridad. El proyecto lo ejecutó en el 2012, cuando era alcalde distrital de Alto Selva Alegre.

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Omar Candia se presentó por segunda vez a la audiencia de apelación, donde los jueces de la Primera Sala revisan su sentencia absolutoria. Ya en el banquillo, respondió por más de 2 horas las preguntas de la Fiscalía y el procurador de la Contraloría de la República. En más de una ocasión se mostró dubitativo y poco claro en sus respuestas. Incluso, el Ministerio Público evidenció contradicción en sus declaraciones.

El burgomaestre había aceptado en un inicio del proceso dar su testimonio sobre cómo se realizó la compra de las cámaras de videovigilancia. Negó, una vez más, que el proceso de adquisición haya sido direccionado en favor del consorcio Soluciones Andinas.

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Contradicciones y olvido

La Fiscalía atribuye al burgoamestre de Arequipa el delito de colusión agravada. Se le acusa de haber permitido el direccionamiento del proceso de selección del proyecto que contemplaba la implementación del sistema de videovigilancia. Además, omitió sus funciones, como alcalde de Alto Selva Alegre, en más de una ocasión. No observó, junto a sus funcionarios, que se cumpliera el contrato.

Durante el interrogatorio, llamó la atención que el edil desconociera o no recordara varios aspectos de cómo se realizó el proceso de contratación de su obra emblemática en ASA, tal como él mismo la denominó y presentó. Candia Aguilar señaló que él no participó en la designación del comité especial. No vigiló cómo se ejecutó el proyecto y que solo estuvo presente en la inauguración del sistema. También dijo desconocer en qué momento el proyecto se aprobó como adquisición de bienes cuando originalmente estaba considerado como obra.

Asimismo, la autoridad dijo que el incumplimiento del contrato y el pago por el servicio eran responsabilidad de sus funcionarios. De igual forma, indicó que encargó a su gerente municipal y asesor la ejecución del proyecto.

La fiscalía también le cuestionó sobre el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. Luego de entregarse la obra, la Fiscalía evidenció en su investigación que 8 cámaras estaban inoperativas. La respuesta del alcalde fue que los equipos no funcionaban porque se había producido el hurto de la fibra óptica. Otra fue la respuesta del contratista José Luis Ríos Sánchez. En un interrogatorio anterior, el representante del consorcio Soluciones Andinas, señaló que los equipos no prendían porque se había cortado la energía eléctrica.

Por último, indicó que tomó conocimiento de la pérdida del expediente del proyecto cuando se realizó la auditoría de la Contraloría. Y reconoció que el presupuesto inicial de proyecto era de 600 mil soles. Pero finalmente la obra costó más de 2 millones de soles.

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