Colegio de Abogados de Arequipa: cerca de dos años en disputa por el decanato

Maraña de acciones judiciales interpuestas contra las elecciones que dieron ganador al abogado José Arce mantienen paralizada hace más de año y medio la orden profesional

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“En casa de herrero, cuchillo de palo”. El conocido refrán popular tiene cabida para lo que viene sucediendo en el Colegio de Abogados de Arequipa. Y es que, desde hace un año y medio se encuentra envuelta en una demanda judicial que impide la juramentación del decano electo, José Arce.

Un grupo de abogados interpuso una acción de nulidad luego que el Comité Electoral decidiera anular sus votos, en las elecciones de 2017. Los letrados se sintieron vulnerados en sus derechos al no ser considerados en el conteo final. El comité dio como ganador, por una diferencia de cuatro votos, a José Arce, frente a su contendor Alfredo Álvarez.

Inicialmente se tramitaron cinco demandas, de las cuales han quedado solo dos en giro. En una de ellas se encuentra vigente una medida cautelar que paralizó el Colegio de Abogados e impidió la juramentación del decano electo José Arce. Se trata del expediente Nº 6347-2017 que fue interpuesta por el abogado Roberto Pablo Rodríguez Zegarra en contra de los miembros del Comité Electoral y del Colegio de Abogados.

La muerte del demandante

La demanda que presentó Roberto Rodríguez, el 16 de diciembre de 2017, fue derivada en un principio al Quinto Juzgado Civil, del juez Anibal Maraza,  y debía ser resuelta por este despacho. Sin embargo, se interpusieron una serie acciones judiciales que determinaron que el proceso sea trasladado por diferentes juzgados. En medio del trámite, Roberto Rodríguez fallece.

En un breve resumen, el caso pasó del Quinto Juzgado al Séptimo Juzgado. Luego, el juez del Séptimo Juzgado lo devuelve y por sorteo llega al Cuarto Juzgado. El magistrado de este despacho lo rechaza y lo deriva al Quinto Juzgado, pero este tampoco lo acepta y lo retorna al Séptimo Juzgado. Para eso, la Tercera Sala Civil dispone que sea el Séptimo Juzgado sea quien lo vea. Entre las consultas para definir la competencia, el proceso demoró casi año y medio sin ser visto.

En medio de esta ida y venida del expediente, se acepta como litisconsorte o “parte demandante” a  Alfredo Álvarez. El abogado Álvarez recusa  (pide que se aparte del proceso) al juez del Séptimo Juzgado, Carlos Polanco, en dos ocasiones. En la primera recusación, el juez acepta y lo eleva a consulta a la Tercera Sala Civil, pero el pleno  rechaza su apartamiento. En la segunda, el juez no acepta la recusación y forma un cuaderno de recusación que es enviado al Quinto Juzgado, donde despacha Ronald Valencia. Este magistrado analizaría si la decisión de su colega Polanco estaba o no debidamente justificada.

Proceso suspendido

En vista de que el demandante murió, el abogado José Arce, también considerado como litisconsorte, pidió que se extinga el proceso. El Colegio de Abogados de Arequipa también realizó ese mismo pedido.

Sin embargo, el Código Procesal Civil hace mención de lo que sucede en un caso en que el demandante fallece. En su artículo 108, señala lo siguiente: “Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario”. Asimismo, indica que si en un plazo de 30 días no comparece el sucesor al proceso, éste proseguirá con un curador procesal, nombrado a pedido de parte.

El 13 de mayo último, el juez  Polanco dictaminó suspender por 30 días la demanda de nulidad interpuesta contra el Colegio de Abogados de Arequipa hasta que se apersone un sucesor del difunto. O de lo contrario nombraría a un representante para continuar con el caso.

Postura de las partes

El abogado José Arce se mostró en contra de la resolución del magistrado. Dijo que no podría  haber un sucesor en un proceso donde se invoca un derecho personal que es el derecho a voto.  Por lo tanto, ha presentado un reclamo a la Corte de Arequipa para que el juez Carlos Polanco resuelva la medida cautelar, sin más dilaciones.

“El derecho que reclama el demandante, que está muerto, es personalísimo e intransferible. Yo no puedo transferir mi derecho a voto, es mío. Y mi derecho muere conmigo. Eso no es correcto, es inaceptable lo que ha resuelto el juez”, expresó.

José Arce, Decano electo del CAA.

Instó a las autoridades que, de una vez por todas, den solución a la demanda para que la orden no continúe paralizada.

Por su parte, el abogado Alfredo Álvarez, indicó que la decisión del juez es acorde a la norma. Además, en su opinión, los reclamos de su colega solo pretenden presionar al Poder Judicial para que se anule la demanda y se levante la medida cautelar.

“El juez tiene que hacer lo correcto, que  es reconocer el derecho de los herederos. El señor juez, que dicho sea de paso está recusado por mi persona, tiene que seguir conociendo el proceso, pero no puede expedir sentencia”, explicó.

El letrado manifestó que la parte demandada pretende presionar a las autoridades para que se anule la medida cautelar.

Para rato

Abogados consultados por este medio, opinaron que, aun si la medida cautelar se resuelve en corto tiempo, la demanda va a porseguir. Esto quiere decir, que el proceso en el que está envuelto el Colegio de Abogados podría tardar incluso años en resolverse.

Además, no hay que olvidar que aún sigue en trámite una segunda demanda de similar índole en el Quinto Juzgado Civil.

El tiempo en contra

Otro tema que también está en discusión es lo que sucedería si se levanta la medida y se permite que José Arce juramente como decano. Algunos letrados indicaron que el abogado fue elegido para cumplir un mandato de dos años que debía comenzar en enero de 2018 y culminar en diciembre de 2019. De ser así, su gestión apenas duraría unos meses.

En tanto, otros indican que el letrado merece ocupar el cargo por el periodo de tiempo, por el que fue elegido, esto es de dos años. Se contarían a partir dle momento en que asuma el cargo.

Ante la divergencia de posiciones, difícilmente el Colegio de Abogados conseguirá tener un decano. Entre tanto, la junta de exdecanos que lo administra no toma decisiones importantes y la orden profesional parece estar a la deriva.

Aquí la resolución que ordena la suspensión del proceso, en tanto aparece un familiar del fallecido. Si lo ahce, una nueva controversia se generará acerca de si tiene o no el derecho de proseguir con la demanda, ya que no pertenecería al Colegio de Abogados.

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