Tía María: en medio de las protestas, continúa juicio oral a dirigentes valle de Tambo

Fiscalía sostiene que organización criminal pretendió lucrar mediante las protesta y no les importa el cuidado del medio ambiente

Análisis El Búho
Protesta de agricultores del valle de Tambo contra proyecto Tía María

Los agricultores y autoridades del valle de Tambo que lideraron el 2015 la protesta en rechazo a la minera Southern y su proyecto Tía María, serán juzgados el próximo 16 de julio. El proceso ingresará a su etapa final en un contexto en el que un sector de la población ha retomado las protestas contra la empresa. La tensión podría ir en aumento pues todo indica que la minera está próxima a obtener el permiso que le faltaba para operar en la zona.

Son 15 los dirigentes que serán llevados a juicio oral por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Arequipa. Se les acusa de asociación ilícita para delinquir, disturbios y extorsión en agravio del Estado y de la minera Southern. La tesis del Ministerio Público es que ellos integraron una organización criminal que usó de fachada la defensa del medio ambiente para obtener ventajas económicas de ambos afectados.

Las protestas se reactivaron las últimas semanas, pues Southern está a punto de obtener el permiso para construir su planta de beneficio, en Islay. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) realizó 14 observaciones a la documentación que presentó la minera y le otorgó 20 días para subsanarlas, tarea que cumplió sin inconvenientes, según confirmó el ministro Francisco Ísmodes durante su visita a Arequipa, el pasado 31 de mayo. El plazo para que la empresa consiga su licencia de construcción vence el 1 de agosto, pero el ministro de Economía, Carlos Oliva, ya adelantó que dará luz verde al proyecto.  

Tesis fiscal

Los imputados consideran que existe una persecución en su contra impulsada por Southern y el Gobierno. Para ellos no es coincidencia que este juicio se realice precisamente cuando está por vencer el plazo para que la  minera consiga la licencia de construcción.

Uno de los procesados es el actual presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, para quien la fiscalía ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel. “Han embargado mi casa y mis chacras. Está totalmente claro que hay presión política detrás y que buscan amedrentarnos. Tenemos un derecho a protestar cuando no estamos de acuerdo. De alguna forma quieren que el pueblo no reclame por la decisión que está tomando el Gobierno”, dijo en conversación con Ojo-Publico.com.

En la lista también aparece el expresidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, quien fue grabado negociando el levantamiento de la huelga con el abogado de la empresa, Jesús Gómez Urquizo, a cambio de S/ 1,5 millones. Estos audios son el principal argumento fiscal para sostener que existió una organización criminal, y han ocasionado que ambos personajes sean procesados por tentativa de extorsión en agravio de Southern.

Dirigentes del valle de Tambo organizaban protestas

La acusación fiscal, a la que tuvo acceso Ojo-Publico.com, sostiene que los dirigentes del valle de Tambo tenían una unidad de ataque denominada los “espartambos”, hombres encargados de atacar a la policía con piedras, hondas o huaracas. Fue durante uno de estos enfrentamientos que perdió la vida el suboficial Sergio Erwin Vásquez Pérez.

Se indica, además, que el grupo encargado de organizar las protestas estuvo conformado por los entonces alcaldes Helar Valencia (Cocachacra), José Ramos Carrera (Punta de Bombón) y Richard Ale Cruz (Islay), quienes recibieron ayuda de los ciudadanos Juan Meza Igme, Julio Cornejo, César Juárez Bernedo y Esteban Pareja Prado.

La fiscalía identifica como financistas de estas operaciones a Víctor Zeballos Ortiz y Miguel Colquehuanca Mamani, quienes aportaban dinero, alimentos y movilidad, “además de contar con aportes que entregaban empresarios bajo intimidación”, se indica en el expediente. Por último, se precisa que el brazo legal de la organización es el abogado Héctor Herrera Herrera, quien se encargó de llevar adelante la defensa de los denunciados.

Herrera dice que lo sindican por ejercer su trabajo: defender a los pobladores que fueron detenidos durante las manifestaciones. “La investigación llegó a esta etapa del juicio porque el Gobierno pretende impulsar el proyecto a cualquier costo. Sin embargo, la población aún mantiene un fuerte rechazo a la minera”, agregó en diálogo con este medio.

Otra de las líderes agrocultoras que fue denunciada hasta en ocho oportunidades es Mary Luzmila Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada-Mejía-Mollendo. “Han venido a mi casa, a mi negocio, a mi chacra pero todo he demostrado. Lamentablemente los dirigentes tuvieron que acordar no formar más frentes de defensa para evitar presiones de este tipo. Sin embargo, la población se está auto convocando para seguir defendiendo el valle”, añadió.

Caso podría sentar precedente

La fiscal a cargo del caso, María Alejandra Cárdenas, sostiene que en el transcurso de la investigación se corroboró el incremento patrimonial de algunos de sus dirigentes. “Durante la protesta se alteró el Estado de derecho y las personas no podían transitar libremente. Considero que era necesario adoptar medidas urgentes en resguardo de la población y creo que este caso podría sentar un precedente respecto a de lo que son los límites del derecho de la protesta”, señaló.

Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Ángel María Manrique, asegura que los procesos judiciales marchan en función a los plazos establecidos y no por presiones externas. Sin embargo, consideró necesario que el Gobierno tome medidas preventivas para que no se produzcan nuevos hechos de violencia en el valle.

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