Vuelven los Cargadores: Informe especial

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Todos sueñan con tener su casa propia, donde puedan criar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Muchos políticos se han aprovechado de esta necesidad. Y han prometido la legalización de terrenos adquiridos informalmente, para contar con los votos de los potenciales beneficiados. Sin embargo, al mismo tiempo han favorecido a los dirigentes populares, los conocidos cargadores, que usan esta necesidad para asumir liderazgos en base a clientelismo, intercambio de favores o tráfico de lotes, uno de los negocios más rentables en nuestra ciudad.

El gobernador Elmer Cáceres Llica quiere cristalizar su promesa de campaña y formalizar la vivienda que ocupan ilegalmente en Arequipa más de 100 mil personas Al igual que Juan Manuel Guillén, instaló una comisión especial con cuestionados dirigentes populares, los cargadores, con el objeto de legalizar las invasiones.

En la comisión hay representantes de la antigua Coordinadora Político Social de Arequipa (CPSA) y del Frente Amplio Cívico Arequipa (FACA), ambos conformados por actores políticos que cogobernaron el Guillén. Y varios vinculados a las usurpaciones y tráfico de terrenos. Entre ellos, Felipe Domínguez, (Fredicon), quien tiene 25 denuncias fiscales por extorsión y sentenciado a 4 años por usurpación en 1998. Además, Wilbert Boza (CPSA), Ramón Pachas Vela (FACA), entre otros.

Lo cierto es que en aquel tiempo se propagaron las usurpaciones y surgieron cientos de nuevos asentamientos humanos, muchos en zonas de riesgo y sin ninguna planificación urbana. Los márgenes de la autopista Arequipa – La Joya cobraron vida, pero también muerte. Los distritos del Cono Norte como Cerro Colorado duplicaron su población en solo 10 años. Según el último censo, de 113 mil habitantes que tenía en el 2007 pasó a albergar a una población de 197 mil en el 2017.

cargadores

Sin embargo, la gente que se instaló allí aún continúa padeciendo la falta de servicios como la luz, el agua y el desagüe. Lo peor es que durante el periodo de Guillén Benavides no se formalizó ninguna propiedad y la historia se repitió en la gestión de la gobernadora Yamila Osorio. ¿Sucederá lo mismo en el gobierno de Cáceres Llica? ¿Habrá solución para estas familias o solo son el pretexto para objetivos políticos de los dirigentes?

Para leer el informe completo, aquí: https://elbuho.pe/larevista/67/

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