Minería y Tía María, de la calamidad a una oportunidad

Confesión de parte Luis Maldonado Valz

El asunto de Tía María, de Conga, y de muchos casos más, con los reiterados y graves conflictos socio ambientales, incluyendo el sector de hidrocarburos, demuestran que este régimen extractivo ha entrado en un entrampamiento que no sólo requiere una reforma, sino una reestructuración integral de todo el sector. Se ha llegado a una situación límite y no es posible seguir con un modelo extractivista a ultranza, de explotación de los recursos naturales; este modelo ya se agotó; todo el sector está en crisis y la realidad es más compleja que la concesión de Tía María u otra.

Por una parte, para la minería formal y la gran minería, el régimen de concesiones, es anacrónico, similar a las encomiendas coloniales y lesivo a las comunidades y poblaciones locales, e indignante para la sociedad; por otra parte está la minería informal y la minería ilegal, e incluso de una minería aparentemente formal que encubre una explotación ilegal, que arrasan con todo y se constituyen en focos de degradación ambiental, de delincuencia y explotación humana; y también desde hace tiempo existen grupos narco mineros, públicamente conocidos, que están comprando yacimientos con autorización plena para su explotación y que encubren operaciones delictivas.

En lo que respecta a la gran minería, ya no es posible seguir con un sistema de exoneraciones, de devolución de impuestos, equivalente al drawback, como si la exportación de cátodos de cobre, o de barras de oro, representasen valor industrial agregado, cuando en realidad siguen siendo productos primarios.

A estos poderosos consorcios se les permite tener puertos y aeropuertos propios sin ningún control; usan y abusan del territorio donde operan como enclaves extrajudiciales, someten a las autoridades y muchas veces forman una cadena de corrupción desde el nivel nacional hasta el local. El Ministerio de Energía y Minas, con sus organismos está subordinado a las condiciones permisivas que imponen estos grupos, y ha perdido autoridad. En sus operaciones, otros sectores como salud, ambiente, agricultura, trabajo, y otros, lamentablemente no tienen injerencia alguna. En realidad, estas empresas hacen lo que les da la gana, porque el Estado se lo permite, y en los lugares donde se localizan, muchas veces sustituyen al Estado, pues éste está ausente, y claro, con algunas acciones filantrópicas encubren la falta de responsabilidad social.

La minería informal, es una actividad en yacimientos reconocidos legalmente, pero que no cumplen con los requerimientos de explotación establecidos, principalmente en lo referente a las condiciones de trabajo y de prevención de impactos ambientales, y naturalmente estos yacimientos se convierten en focos de contaminación. Lo más grave es la minería ilegal establecida en lugares de alta vulnerabilidad ambiental, que no tienen ningún permiso, y convierten estas zonas en tierra de nadie, donde arrasan con todos los recursos, propiciando no sólo la contaminación a gran escala, sino también la degradación social, la explotación sexual, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia. Esta minería está presente en vastas zonas de la Amazonía como en Madre de Dios, en Condorcanqui, frontera con el Ecuador, en Puno, en la Rinconada, y en otras zonas.

En lo referente al sector de energía, la falta de una adecuada gestión que posibilite el desarrollo y eficiente manejo, no sólo de los recursos fósiles, como el petróleo y el gas, sino también de otras fuentes energéticas, como las hídricas, las eólicas, las solares, las geotérmicas y la nuclear, ha relegado al Perú como uno de los países más atrasados en tecnologías alternativas y desarrollo sostenible, pues a duras penas y con mucha negligencia se maneja Petroperú, y la prueba está en los frecuentes derrames del oleoducto norperuano, donde irresponsablemente se acusa a las poblaciones nativas de sabotaje, siendo ellas las principales víctimas de los daños ambientales. Ni que decir del gas y el entreguismo en las concesiones de su explotación.

Este cuadro se repite en las hidroeléctricas, sobre cuyas operaciones el Estado no participa. Todo esto tiene que cambiar, pues existe un sentimiento de cansancio y de indignación en las comunidades locales en su relación con los consorcios y grupos extractivos, que configura una situación casi permanente de conflictos sociales. 

Es necesario replantear las relaciones entre la actividad minera y el hábitat del contexto social donde se localiza, sea cual fuere éste, agrícola, ganadero, forestal, urbano, pesquero, industrial o de servicios. En lo que respecta al rol de la minería y el agro, se repite hasta el cansancio, principalmente en los medios empresariales, que el Perú es un país minero, lo cual no es cierto, pues el Perú tiene como su principal fortaleza su mega biodiversidad, y en eso reside su enorme potencialidad y su desarrollo histórico, pasado y futuro. Es cierto que la minería es muy importante y debe mantenerse y desarrollarse como una actividad sostenible; y debe muchas veces convivir con la agricultura, pero para ello es necesario establecer requerimientos ambientales y acondicionar el territorio con defensas de protección al entorno natural.

En el caso de Tía María, la agricultura del Valle de Tambo es potente y garantiza la alimentación popular de amplias zonas del sur, sin embargo ha tratado de ser subestimada y relegada por los afanes de una empresa que tiene un oscuro historial, con antecedentes de contaminación y de violencia, con muertos y heridos, enfrentada a una población que defendía su derecho al agua y al suelo; por eso, la licencia de construcción de la mina Tía María, fue un grave error que compromete la frágil administración de Martín Vizcarra al frente del Ejecutivo. Esto no es otra cosa que una claudicación frente a la CONFIEP, y la complaciente actuación del ministro Francisco Ísmodes ha puesto al Presidente en el ojo de la tormenta.

Veamos algunos datos: El Valle de Tambo  tenía al 2015 una población de 48,000 habitantes; tiene una extensión agraria de 15,080 Has de cultivos diversos como arroz, ajos, papa, caña de azúcar, olivos y otros; sólo la producción arrocera permite una facturación anual superior a 184 millones de soles. La SPCC tiene la concesión sobre 33,989 Has y actualmente es propietaria de 13,200 Has; los yacimientos de Tía y La Tapada guardan una reserva de 650’760,000 Tm de óxidos de cobre; se calcula que en operación se procesará 100,000 Tm/día y habrá una producción de 120,000 Tm de cátodos de cobre/año. El yacimiento de La Tapada, que tiene las mayores reservas de cobre y probablemente también oro, está a 2 km del Valle.

Desde hace décadas, sin estar presente en Arequipa, la refinería de Southern en Ilo contaminaba el Valle de Tambo, por ello ya existía un permanente reclamo de los agricultores, el líder de estas demandas, Carlos Guillén Carrera fue asesinado y hasta hoy no se conoce al autor o autores de este lamentable suceso. Sumado a ello, lamentablemente Tía María, del Grupo México, ha incrementado el rechazo de la población del Valle desde sus inicios, tanto que en el 2009 se hizo una consulta popular, el 90% de la población de Cocachacra se manifestó en contra; y la situación ha ido empeorando desde entonces.

En el 2011, con mucha prepotencia Southern pretendió usar el agua del río Tambo para sus operaciones, naturalmente que con la complicidad de Alan García; frente al reclamo de los agricultores: tres muertos y el rechazo total al Estudio de Impacto Ambiental, con 138 observaciones de la UNOPS (Organismo de Naciones Unidas sobre Proyectos y Servicios); el MEM, tuvo que admitir 73 observaciones de fondo al EIA.

En el 2014, con Ollanta en el Ejecutivo, SPCC presenta un nuevo EIA el 25 de julio y en menos de una semana, incluyendo feriados, el MEM lo aprueba el 1° de agosto mediante R.D. 392, con muchas observaciones sin información técnica válida; y no solo eso, sino que emiten la ley 30327 que permite usar simples informes sustentarios, para cambios y ampliaciones sin necesidad de un nuevo EIA, para hacer intervenciones sectoriales, sin tomar en cuenta la integridad del contexto territorial. Con todas estas ventajas dadas por el gobierno la empresa quiso forzar la Licencia de Operaciones en el 2015, resultado: nueva resistencia de la población, represión y cuatro muertos.

Además, se sabe que no hay sustento válido sobre el polvo y los vientos, ni sobre el uso del agua para el campamento, ni el tratamiento de los residuos líquidos y de las escorias; tampoco se sabe si todas las observaciones de UNOPS y del propio MEM han sido subsanadas para tomar una medida tan grave como la licencia de construcción. Por la desconfianza, esto ha originado un nuevo rechazo. Se ha creado una situación insoluble, y por el momento, y será muy difícil revertirla peor aún, estas condiciones favorecen la manipulación y el oportunismo político de arribistas, como fueron Santos y Arana en Cajamarca y Cáceres Llica en Arequipa y da lugar a corruptos lentejeros.

¿Qué hacer entonces?

En primer lugar, el Ministro Ísmodes debe renunciar y de inmediato nombrar una comisión negociadora. Luego, creemos que no queda más que declarar todo el sector de minería y energía en reestructuración. Por la complejidad debería haber dos ministerios. Asimismo, se podría formar una comisión de alto nivel, similar a las del poder judicial y la reforma política. Esta comisión podría estar integrada por políticos con experiencia en el sector, expertos en los temas y representantes de otros sectores, como ambiente, agricultura, vivienda, salud. Una persona solvente y ampliamente conocida para presidirla sería el Ingeniero Carlos Herrera Descalzi.

Así, sobre casos como Tía María y otros, habría que condicionar cualquier operación a la previa implantación de mecanismos de protección ambiental, como la localización de plantas de tratamiento y reciclaje, siembra de cinturones forestales en el entorno inmediato a las zonas de operaciones, extracción y procesos, en este caso, por lo menos de 2 km de ancho de bosque, que permita formar una barrera contra polvos, explosiones, suspensión ácida, etc. Además en el Valle de Tambo, la única salida que vemos para la convivencia entre agro y minería, sin exclusiones, es una reforma legal de titularidad de la empresa, con accionariado ampliado a los agricultores, de modo tal que Tía María sería una empresa mixta agro-minera; de este modo la participación social sería legalmente reconocida, en los beneficios y en los riesgos.

Finalmente, ¿habrá voluntad y coraje para reformar este sector, sin temor a ser calificado de velasquista? Los conflictos socio-ambientales, no sólo dificultan e inviabilizan las inversiones, el gran peligro es que, si no se resuelven, el país pueda tener por delante a un gobernante déspota y tirano como Maduro o Bolsonaro. Tía María, podría ser la oportunidad de una nueva minería amigable con el entorno social y ambiental.

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Una respuesta a “Minería y Tía María, de la calamidad a una oportunidad”

  1. Avatar juan aste daffós dice:

    Interesante el diagnóstico, salvo que la contaminación ha sido de la fundición de Ilo y no tanto de la refinería, y no ha tomado en cuenta que si entra Southern en la cuenca del río Tambo, ingresarían otras empresas mineras con concesiones en la zona. Pero en el «que hacer» se contradice porque si habrá daño y no simple impacto ambiental, económico y social negativo sobre los agricultores del valle de Tambo y sus familias, como así concluye que lo mejor para los agricultores es que sean socios de su propia desgracia al perder el valle a cambio de convertirse en mineros (¿?) con lo cual el mensaje es que minería y agro pueden convivir(¿?).

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