Fiscalía abre investigación contra responsables de adendas en Majes Siguas

Durante 60 días la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios estudiará si denuncia penalmente a quienes dieron luz verde a 12 adendas para Majes Siguas

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La crisis política nacional y el conflicto por Tía María opacaron la revisión de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Aplazada varias veces durante la presente gestión, está ahora en manos Elmer Cáceres Llica, gobernador regional.

Aunque el gobernador ya adelantó su decisión de firmarla y dar luz verde al cambio tecnológico -algo que rechazó rotundamente en campaña- no se logró concretar su decisión en la rúbrica de la propuesta de la concesionaria, empresa Cobra. Además, su decisión contrasta con los cuestionamientos reiterados desde el Congreso de la República, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y la sociedad civil.

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Precisamente, el 3 de junio de este año fue admitida por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios una demanda por la adenda. La interpuso el instituto Solidaria Perú contra el GRA, Autodema y quienes integraban el consorcio Angostura, por el presunto delito de colusión agravada. El último 5 de septiembre, el Ministerio Público dispuso que pase a la etapa de investigación preliminar, por el plazo de 60 días.

Los involucrados

Las investigaciones comprenderán desde el 2010, cuando Juan Manuel Guillén era el gobernador regional. También se incluye a su sucesora, Yamila Osorio Delgado.

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El representante de Solidaria Perú, Arturo Salas Vildoso, dijo que Cáceres Llica sería incluido en la imputación si refrenda la Adenda 13. Según aseguró, las adendas suscritas anteriormente solo benefician al consorcio. Los acuerdos fueron para prorrogar plazos de operaciones, incrementos presupuestales, entre otros.

La suscripción de la Adenda 13 convalidaría las irregularidades de las adendas previas. Por eso, Arturo Salas considera que no debería firmarse la adenda mientras que no se resuelva la denuncia penal. La firma incrementaría el presupuesto de Majes Siguas II en un 54% de su costo inicial, de 424 millones hasta 655 millones de soles. Estimó que supone un incremento de 104 millones de dólares adicionales. Del mismo modo, recalcó que no existe un cambio tecnológico como tal.

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Algunas de las diligencias las realizará la Dirección Desconcentrada contra la Corrupción, Contraloría General de la República, el procurador especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, entre otros.

Finalmente, luego de 60 días de investigación preliminar, el Ministerio Público deberá decidir si corresponde iniciar una investigación preparatoria.

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