Fiscalía acusa de colusión a Elmer Cáceres Llica por gestión en Caylloma

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción involucra al gobernador Elmer Cáceres Llica en un caso de corrupción en su gestión como alcalde de Caylloma

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Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción involucra  al gobernador Elmer Cáceres Llica en un caso de corrupción que se produjo cuando era alcalde provincial de Caylloma. Se le acusa de participar en un acto colusorio durante la adquisición de 116 butacas para el coliseo La Montera.

La investigación fue declarada compleja por el Ministerio Público el 15 de enero pasado y por ese motivo la fiscalía pidió ampliar los plazos a otros ocho meses. El juez especializado en delitos de corrupción, Juan Carlos Churata, aprobó el pedido este último lunes en audiencia pública. Sin embargo, para la defensa de Elmer Cáceres Llica, el tiempo concedido es demasiado.

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En el proceso está involucrada la contratista, Magaly Lara Ibana. También los exfuncionarios Carlos Miranda Huamán, Paúl Cayani Chávez, Víctor Cayo Álvarez, José Figueroa Huanqui, Florentino Zuñiga Medina y Guillermo Valcarcel Valdivia.

Colusión en contrato

La investigación lleva más de ocho meses en poder de la Fiscalía Anticorrupción y su plazo venció el 13 de setiembre último. Inicialmente se archivó parte de la causa, pero la Fiscalía Superior ordenó seguir la indagación.

Para la fiscalía, el proceso de adquisición de las 116 butacas tuvo irregularidades desde que se llevó a cabo la buena pro. En el 2011, la Municipalidad Provincial de Caylloma lanzó el proceso de adjudicación de menor cuantía Nº 016-2011 para la adquisición de las butacas para el coliseo Montera. Por este servicio el municipio pagó 21 mil 460 soles.

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La Fiscalía sostiene en su hipótesis que hubo falsedad en el proceso de contratación y en la recepción de la obra. El comité de selección declaró como ganador a Magaly Lara Ivana, quien debía entregar el mobiliario según las especificaciones técnicas. Sin embargo, las butacas no cumplían con las características descritas en el contrato. El perjuicio asciende a 22 mil soles aproximadamente.

Asimismo, la proveedora señaló inicialmente que no conocía a los involucrados. Tampoco se sometió a la pericia grafotécnica para corroborar que las firmas que están en el contrato y en el cheque de pago le pertenecen.

El Ministerio Público señaló que en este periodo debe solicitarse el levantamiento del secreto bancario de Lara Ibana, quien hasta el momento no ha contratado un abogado defensor. También se harán pericias a los documentos y toma de declaraciones a tres de los imputados que no se había hecho presente en el proceso.

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