Feminicidio: Juana y Zenobia denunciaron por violencia a sus exparejas antes de ser asesinadas

Ya suman 6 los casos de feminicidio en Arequipa en este año. Se cuestiona la efectividad de las medidas de protección que tenían las víctimas

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Feminicidio

Los crímenes de Juana Gómez Villegas y Zenobia Machaca elevaron a seis los casos de feminicidio en Arequipa en lo que va del año, según datos del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, estas trágicas muertes bien pudieron evitarse. Según las autoridades, ambas víctimas denunciaron previamente a sus exparejas y habían logrado conseguir medidas de protección.

Entre las garantías dispuestas por el juzgado, existía el impedimento del agresor de acercarse a su expareja. Pero a pesar de este mandato, acabaron asesinándolas con propias sus manos. ¿Qué falló ahí?

Casos de feminicidio

En el primer caso, Juana Giulemy Gómez Villegas, de 47 años, murió asfixiada por su expareja Carlos Sarmiento Zapana, de 48 años, quien volvió de Italia. El crimen ocurrió en presencia de su menor hijo el último 30 de octubre en la vivienda de la madre.

De acuerdo a la investigación, en el 2018 la víctima presentó una denuncia por maltrato ante la policía. El Poder Judicial había ordenado que el agresor no se le acerque.

No pasó ni una semana y se presentó un segundo caso trágico. La joven Zenobia Machaca de 28 años murió apuñalada por su expareja Virgilio Centeno, de 30 años. El homicida, al verse descubierto, trató de huir dejando el cuerpo de la joven en su mototaxi, en el distrito de La Joya.

Según la Fiscalía, la víctima presentó hasta cuatro denuncias por agresión física y psicológica contra Virgilio Centeno. Asimismo, el Poder Judicial dispuso las garantías para la joven e impidió que su agresor se acerque a ella. Pero ella también fue asesinada, sin protección.

Ahora, los dos agresores se encuentran detenidos a la espera de ser procesados y sancionados. Pero las muertes y los huérfanos que dejaron, no se pueden remediar.

¿Medidas de protección son efectivas?

La coordinadora del colectivo U-manos, Fiorella Mattos, indicó que las medidas de protección están bien dictadas, pero no llegan a ser efectivas debido a dos aspectos. El primero está relacionado a la propia víctima que no acaba de entender que debe seguir un tratamiento psicológico de recuperación, para no volver a caer en un hecho de violencia. Además, hacer el seguimiento del caso, no solo corresponde a la policía, también a los centros de emergencia (CEM).

Un segundo aspecto es la falta de socialización de las normas punitivas para aquel agresor que desobedezca la medida de protección. “La ley 30886, que complementa la 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar) donde ya se establece una sanción punitiva a quienes desacaten las medidas de protección. Estamos hablando de penas de 5 a 8 años de pena de privación de la libertad. Salen las normas, pero falta el tema de la socialización para que la gente sepa y evitar esto”, indicó Fiorella Mattos, coordinadora del grupo U-manos.

A esto se suma la falta de políticas de prevención contra la violencia por parte de las autoridades de Gobierno. Por ejemplo, en Arequipa solo funcionan 12 instancias de lucha contra la violencia distritales, cuando deberían ser 28. Asimismo, las propias autoridades no toman el interés en impulsar estrategias o planes de acción para erradicar la violencia.

En un balance nacional, Arequipa está dentro del ranking con más casos de feminicidio e intento de feminicidio. Desde el 2009 a la fecha se ha reportado la muerte de 90 mujeres y otras 134 estuvieron a punto de morir en manos de sus parejas. Cabe resaltar que el 53% de los agresores son el esposo, conviviente o enamorado de la víctima.

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