Los Correcaminos del Sur: piden 36 meses de prisión para coronel PNP y 14 detenidos

Poder Judicial evaluará el requerimiento de la fiscal Marita Cueva a partir de este jueves

Judicial

A poco de vencer la detención preliminar para los 16 investigados en el caso Los Correcaminos del Sur II, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, por 36 meses, para 15 de ellos.

Los Correcaminos del Sur, traslado de los 16 detenidos al Poder Judicial
Fiscalía puso a disposición del juzgado a detenidos. Foto: El Búho

El Poder Judicial rápidamente fijó la audiencia para este jueves, a partir de las 8 horas.

La fiscalía investiga la participación de los detenidos en el cobro de cupos y extorsiones a empresarios de transporte interprovincial y carga pesada, entre el 2015 y 2018. La presunta red Los Correcaminos del Sur era comandada por funcionarios de la Gerencia Regional de Transportes. José Gamarra (exgerente de Transportes) y Juan Bermejo (exasesor de Yamila Osorio).

El requerimiento se presentó contra el coronel PNP, Richard Talavera Fuentes, jefe de Inspectoría de la Policía Nacional en Arequipa. Se incluyó a los funcionarios de la Gerencia de Transportes: Carmen Lelis Dávila Zevallos, Mirian Luz Chuquitape Saravia y Pedro Lucas Tite Mamani. Asimismo, a los transportistas: Carlos Huacani Bendita, Danny Oscar Humpire Sánchez, Domingo Mario Ilaquita Belizario, Gustavo Adolfo Ala Huancollo, José Ramos Apaza, Máxima Ticona Ccalli, Rafael Gil Chávez, René Arocutipa Lupaca, Sharon Wendy Ayerbe Salguero, Renato Alexis Perea Tejada y Antonio Choqueña Machaca. Estos dos últimos reconocieron públicamente haber sobornado a funcionarios de Transportes.

En cambio la fiscalía pidió la detención domiciliaria para el detenido, Manuel Hernán Salazar Valdivia, debido a que tiene 65 años de edad.

Los 16 intervenidos fueron trasladados en horas de la tarde a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Cuestionan actitud de uno de Los Correcaminos del Sur

La abogada del coronel PNP Richard Talavera manifestó que la prisión preventiva era un pedido desproporcionado. Según indicó, no hay pruebas que demuestren que su patrocinado esté relacionado con la red organizacional. La abogada afirmó que la hipótesis de la Fiscalía se basó en la declaración del imputado Gabriel Almonte.

Asimismo, acusó a la defensa de Almonte de pedirle a su patrocinado que se inculpara reconociendo un delito que, asegura, no cometió. Este acto irregular fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

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