Caso Keiko: la batalla por los tribunales

La columna Mabel Cáceres Calderón

Una victoria temporal es lo que ha conseguido el fujimorismo al lograr la libertad de Keiko Fujimori, 4 meses antes de que se cumpla el mandato de prisión preventiva por el financiamiento ilegal de Fuerza Popular; pero lo más importante de los últimos acontecimientos es la manifestación de la influencia política en las decisiones del sistema de administración de justicia, algo que ya no se podrá negar en este caso.

Keiko Fujimori y Ernesto Blume, presidente del TC

Las acusaciones mutuas de politización en el Tribunal Constitucional, no tienen cómo negarse, desde que el nombramiento de los magistrados es fruto de una negociación política con cuotas determinadas por el peso de la representación que cada agrupación política tiene en el Congreso.

Así pues, además de inverosímil, la airada defensa de la acusada Fujimori que hizo el presidente del TC, Ernesto Blume, desmiente a sus vestiduras rasgadas en nombre de la imparcialidad. Su manipulación para conseguir los 4 votos en favor de la libertad, con tecnicismos que se debaten hasta hoy, se produjeron precisamente en momentos en que nuevas y escandalosas revelaciones sobre recepción de dinero de empresarios y grupos económicos, por parte de la propia Keiko, se daban a conocer.

Adicionalmente, se conocieron las declaraciones del sobrino de Jaime Yoshiyama, aspirante a colaborador eficaz, confirmando el pitufeo del dinero de Odebrecht, buena parte del cual tiene hasta ahora destino desconocido. Y por si faltaran pruebas de la utilización del partido Fuerza Popular como mascarada para el enriquecimiento, el lavado, el clientelismo con grupos económicos a cambio de leyes favorables y otros; varios empresarios confirmaron la entrega de dinero, en maletines y sin documentos de por medio, a manos de Keiko Fujimori. Tampoco se conoce el destino de estos aportes, que suman no menos de 8 millones. Luego, para distraer la atención de estas revelaciones, el esposo de Fujimori, Mark Vito, distrajo con una teatralizada huelga de hambre que podría ganar los premios frambuesa a la actuación en el presente año.

La argumentación a favor de la libertad de Keiko es que se trata de hechos posteriores a la presentación del Habeas Corpus y no deben ser considerados; sin embargo, el magistrado Carlos Ramos, cuyo voto fue decisivo para su liberación, cita un hecho posterior al Habeas Corpus, como determinante en su decisión. Se refiere al cierre del Congreso como supuesto hecho que determina nuevas circunstancias en las que Fuerza Popular y su lideresa ya no pueden maniobrar; ni obstruir la acción de la justicia como antes. Con todo, esta argumentación establece que, cuando el Congreso estaba en funciones, sí hubo altas probabilidades de que esa obstrucción se produjera.

Luego, vino la batalla mediática en la que el arequipeño Carlos Ramos era la estrella principal. Defendido por pocos, se convirtió en el malvado de la película por su cambio de bando, pues regularmente venía votando en el mismo sentido que el grupo opuesto a Blume, conformado por Espinoza –Saldaña, Ledesma y Miranda; y en contra del trío Blume, Sardón (también arequipeño) y Ferrero Costa. Así las cosas, la incertidumbre persistía cuando el pleno de magistrados fue citado para la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional, en funciones a partir de enero. Los candidatos eran, del bando apoyado por Blume, Augusto Ferrero; y del otro bando, Eloy Espinoza Saldaña.  

Notificados que no serían apoyados por Ramos, Blume ensayó una jugada de ajedrez para evitar que Espinoza-Saldaña consiguiera la presidencia. Propusieron a Marianella Ledesma y pidieron la vicepresidencia para Ferrero. Ledesma aceptó y, con su propio voto, logró la victoria, aunque tal vez ignore que, en cuanto el nuevo Congreso elija un magistrado, se romperá el equilibrio y sus eventuales aliados designarán en la presidencia a Ferrero. Quizás también tenga un mandato tan breve que termine pareciéndose a Mercedes Araoz.

RAMOS VS PÉREZ

Estos sucesos, sin embargo, son solo el preludio de la intensa guerra que se viene entre el deseo de supervivencia del fujimorismo y la ola anticorrupción que aún goza del apoyo popular y que se encarna en los fiscales especiales del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela. Estos últimos, han pedido al procurador público pida una aclaración de la sentencia al TC y luego pida su nulidad, puesto que consideran que su emisión fue irregular. Blume permanece irreductible, calificando de ignorantes a Pérez y Vela.

Golpes van y vienen y así, Chávarry fue liberado del caso de deslacrado de oficinas en el Ministerio Público, mientras Pérez allanaba las oficinas de CONFIEP en pleno CADE.

Tal vez sin haberlo previsto, Carlos Ramos ha resultado en el medio, acusado por José Domingo Pérez de haber revelado en su resolución la identidad de un aspirante a colaborador eficaz, lo que está expresamente penado por ley. Ambos de origen arequipeño y estudiantes del mismo colegio y universidad (La Salle y la UCSM), también encarnan el feroz enfrentamiento por el caso de Keiko Fujimori.

Finalmente, la reacción ha sido la orden del fiscal supremo Tomás Gálvez (yunta de Chávarry) investigar a José Domingo Pérez por una supuesta inconducta en un caso ocurrido hace más de 10 años atrás.

Esta historia continuará.

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