La constitución de 1993 y los millones que recibió Keiko

Columnista invitado Nicolás Lynch

En las últimas tres semanas, cuando se hizo pública la “donación” de Dionisio Romero Paoletti, por 3.65 millones de dólares a la entonces candidata Keiko Fujimori en la campaña de 2011, la formidable influencia del gran capital en la política volvió a sonar de nuevo. Sin embargo, si a esto sumamos los resultados de la investigación hecha por Francisco Durand y Emilio Salcedo —publicada también en Otra Mirada— que señala que entre aportes declarados y no declarados de grandes empresarios, incluido los de Romero, estos habrían llegado a un aproximado de diez millones de dólares, de un total de más de doce que habrían entrado a las cuentas del partido naranja, la formidable influencia se convierte en un afán de control absoluto del proceso electoral. En estas condiciones, alguien en su sano juicio puede dudar que el Perú está dominado por los grandes propietarios. Afirmar lo contrario pasa a ser un chiste de mal gusto. Pero veamos las implicancias de todo esto para la discusión actual sobre la Constitución.

Mucho se ha debatido en las últimas semanas sobre la constitución de 1993 y eso es muy bueno, porque de esa manera vamos al fondo de las cosas. Lo hemos dicho varias veces, la carta de 1993 es la síntesis del programa neoliberal que se ha aplicado en el Perú en los últimos treinta años y nos ha llevado donde estamos en la actualidad: en una crisis de régimen político sin salida a la vista. Esta carta es la que ha permitido que el 75% de los peruanos no tengan un trabajo con derechos, mientras un puñado —de peruanos y también extranjeros, personas y empresas— han hecho mucho, muchísimo dinero.

Diversos comentaristas, varios de ellos analistas de izquierda, señalan que el eje del debate es el capítulo económico de esa constitución que los arriba señalados quieren defender con sus aportes. Creo que más que el eje es el punto de partida, tal como lo veremos en las siguientes líneas. Efectivamente, dicho capítulo económico sacraliza el carácter casi absoluto del derecho a la propiedad privada con lo que establece la piedra angular para la defensa sin restricciones de la misma. Analistas de derecha como Rosa María Palacios venden esta defensa del derecho de propiedad al revés de lo que es, como una defensa del pequeño y mediano propietario, cuando sabemos que la dinámica del capitalismo y más de un capitalismo agudamente dependiente como el nuestro, apunta a lo contrario: la concentración de la propiedad en pocas manos. En otras palabras el fortalecimiento de la gran propiedad, en este caso defendida por el capítulo económico de la carta de 1993.

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Por supuesto, en el mismo sentido, nos trae otras perlas como la tan mentada inviolabilidad de los contratos. Es decir, que un contrato entre dos partes es ley, no solo entre las mismas, sino para toda la sociedad y para siempre. No puede ser cambiada ni por una ley de la república. Semejante despropósito, claro está, no existe en ninguna otra parte. Nos han vendido el asunto de la misma forma que el anterior, que es para protegernos de los vivos que andan sueltos y quieren sorprender al pequeño propietario, cambiando contratos de alquiler o semejantes para quedarse con su propiedad. Falso. Lo han hecho para proteger a los grandes inversionistas internacionales que suelen imponer contratos leoninos al Estado peruano y solo permiten su modificatoria cuando les conviene. En otras palabras, lo que buscan es sustraer esos grandes contratos de inversión de la soberanía popular expresada en nuestras instituciones políticas como es el caso del Congreso de la República. Aprovechan el desprestigio de la política y en especial del Congreso para que los grandazos estafen al país amedrentándonos con la fuerza del dinero. Aunque no lo crea,  en cualquier parte las leyes que dan los parlamentos está por encima de los contratos, en el Perú no.
Esto no quiere decir que en una sociedad democrática no deba haber derecho a la propiedad privada, de ninguna manera. Pero este debe ser regulado de acuerdo al interés público y social, para que la sociedad no se convierta en una jungla en la que cada cual solo vela por lo suyo sin importarle lo demás. Asimismo, la propiedad privada no es la único forma de propiedad, también existen la propiedad pública y la propiedad social en variantes diversas, las que articuladas con la propiedad privada sirven al desarrollo del conjunto y evitan el dominio de minorías.

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Y siguen las perlas, pero no queremos aburrirlos. El caso es que este capítulo económico que se proyecta a toda la constitución de 1993 lo que hace es expresar los intereses de un grupo social en particular: los grandes propietarios. Este es el eje de la carta de 1993. No estamos ante una constitución que busque expresar intereses mayoritarios, sino los intereses de una muy pequeña minoría, que ha logrado durante los últimos treinta años pasarnos gato por liebre. 

En otro artículo señalaba que una constitución no es otra cosa que la expresión del poder en una sociedad. La constitución de 1993 entonces es la expresión del poder de los grandes propietarios. En este sentido, no es una constitución ciudadana, porque la ciudadanía supondría que todos, aunque sea formalmente, fuéramos iguales ante la ley y este no es el caso con la carta aludida. ¿De qué se trata entonces? De una constitución pre moderna en la que se señala de manera explícita, más allá de los disimulos aludidos, que los menos están sobre los más. Es decir, de una dictadura social de los grandes propietarios sobre los demás.

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Ahora bien, esta dictadura social se expresa en la política en una democracia limitada, no solo basada, como lo hemos dicho tantas veces, en la criminalización de la protesta y en el bloqueo de las alternativas populares sino también en el abrumador, diferente peso político, de cada quien a la hora de las elecciones. Por ejemplo, tomando solo a Romero: 3.65 millones de votos vs la persona común y corriente: un voto.

El cambio de la constitución de 1993 es entonces una cuestión urgente. En primer lugar para avanzar en terminar con la dictadura de clase de los grandes propietarios. Una  república democrática debe basarse en el poder ciudadano, donde todos somos iguales ante la ley. Esta promesa de igualdad social es la que debe guiar nuestros esfuerzos para construir una democracia política, una nueva república, alejada de los encomenderos, los gamonales y los caudillos, así como de los grandes propietarios que se parecen a los anteriores.

No se trata solo del capítulo económico sino de su proyección en el conjunto de la carta de 1993, que borra la igualdad social y la reemplaza por la dictadura de clase. Esa es la cuestión  y su cambio la tarea a acometer para que tengamos una democracia, sin apellidos como le gusta a los liberales.

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