Ladrillo Sindical del Sur: fiscalía sustenta este martes prisión para funcionarios

La fiscal Rosmery Mendoza persiste en solicitar la detención del resto de investigados en el caso de supuesta extorsión a constructoras

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El Ministerio Público buscará este martes que el Poder Judicial apruebe la prisión preventiva que solicitó para el resto de imputados en el caso «Ladrillo Sindical del Sur». El juez José Luis Vilca Conde rechazó en un primer momento la detención para los 11 dirigentes sindicales acusados de pertenecer a una supuesta organización criminal que extorsionaba a empresas constructoras.

Audiencia del Ladrillo Sindical del Sur

La fiscal contra el crimen organizado Rosmery Mendoza, quien ha sido quejada ante Control Interno por un supuesto abuso de autoridad contra los dirigentes, se mantuvo firme en su solicitud de 9 meses de prisión preventiva. La petición incluye al exgerente de Trabajo, José Luis Carpio Quintana, a la intendenta de Sunafil, Milagros Copa, además de los abogados Héctor Herrera, Edwin Quispe y Wilfredo Quispe.

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La magistrada considera que los investigados formaron parte de la supuesta red criminal. Según su hipótesis, ellos habrían colaborado con los dirigentes para que pudieran colocar obreros en las obras y que además paguen la denominada cuota sindical.

«Ladrillo Sindical del Sur» desgastado

En la primera audiencia de prisión, el juez José Luis Vilca Conde reconoció que el Ministerio Público no presentó pruebas graves que demostraran la existencia de una organización criminal. Tampoco se comprobó en esta etapa que los dirigentes lideraron un supuesto grupo delictivo. El resultado fue que todos los detenidos quedaran en libertad.

El Ministerio Público ha dicho que apelará la decisión del magistrado y además ha respaldado la labor de la magistrada. Aunque, para los investigados, el caso no reunió ningún elemento que denote una participación delictiva de su parte. Por el contrario, consideran que se estaría vulnerando el derecho de los sindicalistas y criminalizando las protestas.

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Para el abogado e imputado Héctor Herrera, el proceso debe ser declarado nulo por las irregularidades de la intervención. No está de acuerdo en que el Ministerio Público haya impedido que ejerza la defensa de los dirigentes, pese a ser su derecho. También cuestionó el allanamientos de las viviendas de los investigados.

«Ha existido una violación del debido proceso. Se me ha impedido ejercer mi profesión al no permitirme patrocinar a los dirigentes de construcción civil. Se impidió mi presencia en cada una de las diligencias. Eso va a costarle la nulidad del proceso», adcirtió.

Héctor Herrera, abogado e investigado en caso Ladrillo Sindical del Sur

El letrado considera que la prisión preventiva solicitada en su contra será desestimada debido a que «no se ha encontrado nada» en la investigación. Héctor Herrera pidió la separación de la fiscal en esta investigación por estas presuntas irregularidades.

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