El alcalde de Arequipa termina el año con una sentencia de seis años de cárcel. Su pasado lo condena. En concreto, su primer periodo como burgomaestre de Alto Selva Alegre (ASA). Es el remate de un año opaco al frente de la Municipalidad de Arequipa, en el que errores de principiante redujeron el pequeño crédito que lo aupó al sillón del provincial.
Pese a la experiencia de sus ocho años como burgomaestre, malas decisiones y falta de transparencia lo sumieron en polémicas innecesarias. Tampoco supo manejar la mochila que le dejó su compañero y predecesor en la alcaldía, Alfredo Zegarra. Obras y proyectos con deficiencias, cuyos pasivos desgastaron la nueva gestión. Un primer año complicado.
Los chicos del alcalde de Arequipa
El cambio de autoridades locales supone el ingreso del personal de confianza del alcalde de turno. La administración Candia no fue la excepción. Sus gerentes y subgerentes en Alto Selva Alegre desembarcaron junto a él en la municipalidad provincial. “Tenemos que entrar con gente que vaya a oxigenar la municipalidad. Vamos a evaluar si se queda alguna persona, pero la posición es que tengamos gente nueva”, anunciaba el alcalde tras oficializarse su victoria.
Daniel Gómez Benavente, su gerente municipal en ASA y sentenciado por el mismo caso que el alcalde, pasó a ocupar el mismo cargo en la MPA. María Antonieta Torres, subgerente de Presupuesto del distrito, primero dio el salto a Asesoría de Alcaldía y luego a la Gerencia de Servicios al Ciudadano. Y varios más.
Perfiles y la Contraloría
Las designaciones trajeron cola, en forma de informes de Contraloría. Los chicos de Candia no tenían el perfil adecuado para sus puestos. El alcalde defendió a su gente y se aferró al Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPA, con un conveniente acápite que daba pie al ingreso de personal con profesiones “afines”. El tira y afloja se saldó a fines de noviembre, cuando Contraloría determinó responsabilidad penal en el edil y 12 servidores. Sus conclusiones se remitieron al Ministerio Público, a pesar que el alcalde insistió en minimizar las observaciones.
Los beneficios sociales del burgomaestre y sus funcionarios de confianza también recibieron observaciones. Resulta que se cobraron gratificaciones, equivalentes a sueldos completos, cuando la normativa establece aguinaldos de 300 soles. Para evitarse más líos con Contraloría, la comuna pasó a gerentes y subgerentes a la modalidad “CAS de confianza”, con sueldos superiores, pero ya sin la gratificación.
Mochila pesada
Si algo quedó claro en la MPA, es que los proyectos heredados hacían agua. La administración de Alfredo Zegarra y Lilia Pauca dejó tres pasivos con los que Candia se vio obligado a lidiar: el Eje Vial Jerusalén – San Juan de Dios, el Sistema Integrado de Transportes (SIT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).
El primero es el que más desgaste le ha costado a Candia, pese a que no se auguraban demasiados problemas, más allá de un ligero retraso. El pasar de las semanas dejó en evidencia la negligencia con que se planificó la obra. Sin embargo, las soluciones presentadas por la comuna no fueron suficientes y las dificultades se agravaron.
Los cambios de tuberías de agua y desagüe no se habían coordinado con Sedapar, lo que detenía el avance de los trabajos. Cuando al fin se destrabó el componente, los retrasos volvieron por la falta de piedra laja para las veredas de la vía. Desde entonces, los problemas con el suministro del material nunca faltaron. Lentitud en el proceso de licitación, incumplimiento de fechas de entrega, sospechas de sobrevaloración de precios. Tanta informalidad del proveedor “obligó” al municipio a buscar la resolución del contrato, aunque el daño ya estaba hecho.
Mala planeación
La planificación de la obra también fue mala. Se inició en octubre del 2018 y debía concluir en 10 meses; algo que nunca pasó. Su plazo de ejecución casi se ha duplicado. De cumplirse el cronograma de obra, debe estar terminada en mayo del 2020. El presupuesto del proyecto corrió similar suerte y pasó, de los 19 millones de soles, hasta los 27 millones de soles.
Por el lado del SIT, las expectativas eran bajas. Así, el propio alcalde reconoció que recibió el proyecto en “cuidados intensivos”. La tarea era reflotarlo y hasta el momento avanza en la etapa de preoperatividad. La mayoría de las unidades de negocio están acreditadas. Empero, la desconfianza hacia la reforma del transporte persiste en sectores de la población. Principalmente por la continuidad de unidades antiguas, con acondicionamiento estético, acreditadas para el servicio. La fase no ha supuesto un cambio sustancial en la movilidad, más allá de la formalización administrativa de los vehículos.
La ejecución presupuestal de la comuna tampoco estuvo bien este año. Al cierre de esta nota, Transparencia Económica del Ministerio de Economía marcaba un 43% de gasto del presupuesto de inversión pública. Incluso por debajo del promedio provincial y departamental de Arequipa, y de los gobiernos locales a nivel nacional. Tenían en bolsa más de 83 millones de soles, pero solo gastaron 36 millones. Al respecto, el alcalde de Arequipa volvió a responsabilizar a la administración anterior, por no dejarle una cartera de proyectos. Sin embargo, la mayoría de las actuales inversiones de la comuna provienen de trabajos heredados.
En los tribunales
El PDM, el tercer pasivo problemático para Omar Candia fue objeto de sentencia judicial. Se dispuso revisar el documento y subsanar las inobservancias técnicas y normativas, además de compatibilizarlo con las normativas nacionales y locales vigentes. A la par de sentencias para sus principales impulsores: el exalcalde Alfredo Zegarra, exregidores y tres concejales de la actual gestión.
El edicto obliga a un reenfoque de la política de uso de suelos en la ciudad. Desde su aprobación, tanto especialistas como defensores de la campiña acusaban los perjuicios que el documento suponía para las zonas protegidas de Arequipa. No la resguardaba, sino que era una puerta trasera a cambios de uso. Cayma, Sachaca, Yanahuara y márgenes del río Chili en el Cercado vieron cómo zonas de cultivo tenían cambios de uso hasta convertirse en exclusivas urbanizaciones.
Caso cámaras de vigilancia
El caso PDM solo fue un preludio. Meses más tarde, otra sentencia judicial volvía a poner en aprietos a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Omar Candia y su gerente municipal, Daniel Gómez, recibían una sentencia de 6 años de cárcel y 2,1 millones de soles de reparación por la compra irregular de cámaras de seguridad, en 2012, cuando ambos ocupaban cargos similares en Alto Selva Alegre.
Así, la consideración del juez Max Bengoa le permite a Candia seguir en libertad. En casos con prisión efectiva, basta una sentencia en primera instancia para que se encarcele a los procesados. El magistrado dispuso que la condena entre en vigor después de ser confirmada en segunda instancia.
El mismo día de la sentencia, el alcalde se dijo confiado porque no cometió ningún delito. “¿Si no he cometido ningún delito por qué tendría que ir a la cárcel?”, afirmaba ante cámaras. Pero su entorno no mostraba la misma seguridad. Así, el primer regidor, Angel Linares, se descompensó tras declarar sobre el caso y tuvo que ser trasladado a un hospital. También se restringió el ingreso de prensa al segundo piso del local municipal de El Filtro. Lo más escandaloso fue el entorpecimiento de la labor de prensa de parte de trabajadores municipales, porque en dos ocasiones intentaron evitar que se recojan declaraciones de funcionarios públicos en un edificio estatal.
Yapas del edil de Arequipa
En el tintero se quedan otros episodios controvertidos. El más escandaloso fue el del viaje de Omar Candia a China, a un evento que se canceló antes de su partida de suelo peruano. El alcalde de Arequipa supo de ello, pero aun así persistió en el periplo. En la comuna optaron por el silencio, hasta que la cancelación trascendió a la prensa. Entonces, puestos en evidencia, se excusaron en el bloqueo de comunicaciones que existe en China.
Compañeros de promoción del burgomaestre de Arequipa también se hicieron un campo en el primer año de la nueva gestión. Luego, Darwin Copara Otazú, quien compartió aulas con Candia en el colegio militar Francisco Bolognesi, facturó 166 mil soles con la MPA en 2019.
Así, estas circunstancias resumen un año agitado para Omar Candia. La incertidumbre por su continuidad en el cargo será una constante hasta que se conozca el fallo de segunda instancia del caso de las cámaras. ¿Le alcanzará el tiempo para echar raíces en la municipalidad provincial?
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