Como parte del especial ‘Memoria Judicial’, Convoca.pe lanza una herramienta web construida con información oficial que registra graves irregularidades, e incluso delitos, por los cuales fueron sancionados o se investiga a ex magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Informe realizado por Alejandra Canchanya de Convoca
En marzo de 2018, un grupo conformado por 28 fiscales y 620 efectivos policiales desarticularon a Los Malditos de Chumbivilcas, organización criminal que traficaba terrenos en Arequipa. Se arrestó a 26 implicados, entre ellos el ex juez de Paz Beneraldo Paricahua Ramos, alias “Venero”, y la entonces jueza Gabriela Córdova Cuba, quien había sucedido en el cargo al primero.
Según las investigaciones, esta mafia invadió terrenos equivalentes a 172 mil 729 metros cuadrados, que luego vendían por sumas de entre 3 mil soles y 25 mil soles. Para tal fin, utilizaban como fachada a la ‘Asociación de Vivienda Jardines del Chachani’. Los jueces detenidos operaban como apoyo legal de la banda ilícita.
Y no fue el único acto irregular en el que estuvo comprometido el ex magistrado Paricahua. Ocho años antes, en 2010, Beneraldo Paricahua afrontó una propuesta de destitución por parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). ¿El motivo? Cuando era juez de Paz había formalizado, de manera ilegal, vehículos supuestamente subastados, situación por la cual el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resolvió retirarlo del Poder Judicial.
Esta modalidad ilícita se volvió una práctica común en los Juzgados de Paz de diversos distritos judiciales del país, pero fue en Puno donde se concentró el mayor número de involucrados.
Mafia a nivel nacional
Al menos 57 ex jueces y ex fiscales de diferentes instancias se encuentran investigados o fueron condenados por sus vínculos con organizaciones criminales en los últimos cinco años, según la herramienta digital ‘Memoria Judicial’, de Convoca.pe, que fue construida con bases de datos e información oficial de la Fiscalía y el Poder Judicial.
Las principales redes delictivas en las que figuran implicados estos ex magistrados son las de Los Cuellos Blancos del Puerto, del empresario Rodolfo Orellana, del ex gobernador regional César Álvarez (Áncash), de Los Malditos de Santa Rosa (Lima), así como de Los Malditos de Chumbivilcas (Arequipa).
En Los Cuellos Blancos del Puerto aparecen investigados 47 ex magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público hasta el momento, entre ellos los presuntos cabecillas César Hinostroza, ex vocal supremo; Walter Ríos, ex presidente de la Corte de Justicia del Callao; además de los jueces superiores Luis Pajares Narva, Saúl Beltrán Reyes, Julio César Mollo Navarro, Daniel Peirano Sánchez; los fiscales Carlos Sáenz Loayza, Armando Mamani Hinojosa, Juan Canahualpa Ugaz, entre otros.
Antes de su desarticulación por la labor de fiscales del Callao en julio de 2018, esta organización ilegal estuvo integrada por magistrados, empresarios, abogados y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quienes cometían actos delictivos a cambio de favores —como nombramientos en cargos— o dinero.
En tanto, en relación a la red Orellana se encuentran involucrados los ex jueces Amílcar Palomino, Francisco Boza, Wenceslao Portugal y el ex fiscal Ricardo Castro Belapatiño. Es decir, cuatro ex magistrados en total.
Con el fin de apropiarse de bienes inmuebles de forma ilegal, el grupo delictivo de Rodolfo Orellana contaba con operadores en la Fiscalía, el Poder Judicial, en Registros Públicos (Sunarp), y además tenía como cómplices a abogados, técnicos registrales, notariales, concursales y arbitrales. Se estima que en base a la comisión de estafas y lavado de activos consiguió acumular unos 100 millones de dólares.
De otro lado, en la red criminal de César Álvarez, gobernador regional de Áncash entre 2007 y 2014, aparecen relacionados tres jueces que avalaron un hábeas corpus a su favor para retirarlo del llamado caso La Centralita. Por esta razón, Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, ex miembros de la Sala Penal de Apelaciones de Áncash, fueron destituidos del Poder Judicial.
Esta organización criminal liderada por Álvarez tenía como objetivo apropiarse y disponer ilegalmente de fondos públicos, además de obtener dinero ilícito de las coimas, diezmos y otros actos de corrupción vinculados a millonarias obras públicas.
Mientras que en las redes delictivas Los Malditos de Santa Rosa y Los Malditos de Chumbivilcas fueron intervenidos tres magistrados, en enero y marzo de 2018, respectivamente.
Fachada legal de ex jueces y ex fiscales
Cabe anotar que la base de datos de ‘Memoria Judicial’ también registra que otros nueve jueces y un fiscal cometieron delitos de forma individual, es decir sin pertenecer a una organización criminal, de acuerdo con información de las instituciones del sistema de justicia.
En esta lista negra judicial figuran, entre otros, los ex magistrados Ladislao Pauro Llutari, Turgot Saldívar Cajaleón y Néstor Torres Ito, quienes actuaron de forma similar al ex juez Paricahua al legalizar la primera inscripción registral de vehículos de dudosa procedencia, que no cumplían ningún requisito de ley.
Esta situación se remonta a 2008, cuando se detectó que un grupo de jueces de Paz y de Paz Letrado, específicamente del distrito judicial de Puno, formalizaban la inscripción de vehículos de contrabando ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
En setiembre de 2011, Ladislao Pauro fue detenido y llevado a prisión por el delito de receptación aduanera agravada. Junto a él, otros magistrados hicieron frente a procesos disciplinarios de la OCMA. Se tejió un grupo criminal que no solo alcanzaba a sus respectivas cortes judiciales, sino también a funcionarios de la Sunarp. La mayoría de estos jueces fueron suspendidos de sus cargos y se solicitó su destitución.
Asimismo, existen otros casos de jueces que contravinieron su deber al otorgar de forma irregular diversas medidas cautelares y de amparo, en expedientes bajo su jurisdicción, así como al haber solicitado o recibido dinero (soborno) de alguna de las partes del proceso, para favorecerla.
Además, Convoca.pe halló que los delitos más comunes cometidos por magistrados son los de prevaricato y cohecho pasivo (recibir coimas). También fueron implicados en otros ilícitos penales como usurpación, tráfico ilícito de drogas, concusión, delito contra la administración pública, falsedad ideológica, chantaje sexual, falsificación de documentos, entre otros.
En diciembre último, este medio digital reveló que más de 260 magistrados a quienes se les impuso la máxima sanción administrativa de propuesta de destitución durante 2018 y 2019, continuaba formando parte del Ministerio Público y del Poder Judicial, bajo la condición de suspendidos, de acuerdo con distintas fuentes. Los antecedentes de varios de estos jueces y fiscales pueden ser revisados en ‘Memoria Judicial’, en cuya base de datos se consigna información sobre más de 400 resoluciones disciplinarias de la OCMA contra jueces que cometieron irregularidades, las cuales en diferentes casos configuraban delito.”
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