Autoridades, especialistas y ciudadanos compartieron la indignación que sintió Elena Viza al saber que su denuncia por discriminación contra Zuleika Alatrista fue archivada por la Fiscalía. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Colegio de Abogados de Arequipa han expresado su rechazo a la decisión del Ministerio Público.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, se trasladó ayer hasta el Ministerio Público para indagar sobre el caso y brindar todo el apoyo a la agraviada, Elena Viza. Expresó su total rechazo a la decisión de la fiscal Yanet Valdivieso que determinó que la agresión no calificaba como delito de discriminación. Tan solo se trataba de una ofensa e injuria.
La fiscal argumentó en su resolución que la señora Elena Viza no sufrió discriminación porque no se ha menoscabó sus derechos. Además, la denunciante no presentó en su momento las pruebas que acreditaran la vulneración de sus derechos.
Se cometió delito
“Este archivo no solo está afectando la dignidad de la señora Viza sino la de todos los peruanos y peruanas que ven la falta de argumentación jurídica que debe tener el Ministerio Público para proteger el derecho de las personas (…) la fiscal no está valorando este mandato”.
El también abogado recordó que el fin supremo del Estado es resguardar la dignidad de todas las personas. Sin embargo, en el caso de la trabajadora no habría cumplido porque justamente se le afectó ese derecho. El representante de la Defensoría señaló que, este tipo de decisiones, lo que genera es que una persona empiece a “cholear” sin recibir ningún castigo.
En ese mismo tono, el decano del Colegio de Abogados, José Arce, dijo en una emisora local que los videos muestran un acto de discriminación y que debería ser sancionada. Explicó que el Código Penal Peruano sanciona con pena de entre 2 y 4 años de cárcel suspendida, bajo reglas de conducta, a los culpables. “Lo que importa es el precedente. No se debe maltratar, por más humilde que sea la persona”, enfatizó.
Discriminación, un problema latente
El caso de la trabajadora, según los especialistas, denota el problema de la desigualdad social que está latente en nuestro país. El ex viceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, señaló que la decisión fiscal es una señal de que aún falta entendimiento de la discriminación, sobre todo con determinados sectores de la población.
“Lo que se ve en el video es a una persona que menoscaba la dignidad de otra por razones de identidad cultural, lo cual está perfectamente tipificado en el código penal (…) Si nos ponemos en el caso de que la persona que discriminó tenga otros rasgos físicos que la señora agredida, no hubiera utilizado esos términos, ahí si hubiera sido injuria”, señaló Vilca.
Para el especialista, la trabajadora nuevamente vuelve a ser víctima, al no encontrar en el sistema de justicia la atención de su demanda. Asimismo, recalcó que es el Ministerio Público la entidad que debe proteger los derechos de las personas.
Del mismo modo, el historiador y analista, Jorge Bedregal La Vera, señaló que casos como el de la vigía muestran un divorcio entre las instituciones que deben resguardar los derechos y las personas. En su opinión, la poca capacidad de diferenciar el racismo, clasismo o aporofobia (rechazo a las personas pobres) genera que se tenga este tipo de fallos.
Manifestó, además, que la discriminación se ha hecho una práctica habitual y enraizada en los hogares que pocas veces se denuncia y menos llegan al Poder Judicial. Finalmente, ambos especialistas coinciden en que, a nuestro país, aún le falta de desarrollar estrategias para prevenir los actos discriminatorios de cualquier índole.
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