En un contexto donde la violencia se ha convertido en un problema serio de salud pública, las estrategias para contrarrestarlo resultan insuficientes. Las cifras de feminicidio crecen cada año en el país y Arequipa no ha sido la excepción.
En estos dos primeros meses, tres mujeres fueron asesinadas y otro tanto estuvo a punto de morir a manos de quienes dijeron alguna vez amarlas. El balance es alarmante, sobre todo cuando se compara las cifras respecto al mismo periodo del año anterior.
Los crímenes contra mujeres se cerraron el año anterior en seis y, de acuerdo a especialistas, los datos estadísticos podrían ir en aumento.
El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, reconoció que los hechos de violencia han desbordado los despachos fiscales y se requiere cada vez de más personal para poder atenderlos. Las dos fiscalías instaladas, especializadas en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, rebalsan con 600 expedientes en promedio al mes.
Víctimas de feminicidio
Dos de las tres víctimas de feminicidio no denunciaron las agresiones de las que eran objeto. Es el caso de Marisol Huaraya Roque, de 27 años edad, asesinada el 7 de enero en su casa de Quequeña. Ella ocultó a sus familiares el maltrato que recibía de su pareja, Digber Álvarez Vera, de 28 años.
Dentro de la habitación que compartía con su pareja y sus dos hijos, la policía encontró su cadáver. Su conviviente, que estaba en estado de ebriedad, la atacó con un destornillador hasta acabar con su vida. A pesar de pedir auxilio a sus vecinos, nadie pudo ayudarla oportunamente. El victimario quedó detenido y recluido en el penal.
El otro deceso que procesan los fiscales es el de Rosa Angélica Miranda Grados, de 38 años de edad. Ella murió el 14 de enero estrangulada por su expareja, quien no toleró el rompimiento de la relación. El confeso asesino no soportó que ella reiniciara su vida con otra persona y la buscó hasta llegar a su nuevo domicilio en Bella Unión, Caravelí, para asesinarla.
En este caso, la víctima sí se atrevió a denunciar a su expareja por el constante maltrato, pero la prohibición de acercarse a ella fue ignorada por su verdugo, César Donaire Altamirano. Deja en la orfandad a dos hijos.
La tercera víctima de odio fue Helen Cledy Cañazaca Mamani, de 24 años, quien fue torturada, hasta morir, por su pareja Ángel Córdova Mamani. Su cuerpo apareció el 11 de febrero en un sitio despoblado del distrito de Deán Valdivia, en Islay. Su pareja intentó ocultar el crimen y presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades.
Sin embargo, los vecinos se percataron que el responsable de la muerte de Helen trataba de abandonar la ciudad y lo pusieron en conocimiento de la policía, que logró detenerlo oportunamente. En su declaración, contó que dio muerte a su pareja porque ella no quería continuar la relación por el continuo maltrato que soportaba, el cual no se atrevió nunca a denunciar.
De otro lado, Roberto Coasaca Díaz, Erik Huillca Coaricona y William Vargas Ramos, fueron denunciados por tentativa de feminicidio, después de dejar al borde de la muerte a sus parejas. Solo William Vargas se encuentra en libertad, aunque la fiscalía ha vuelto a solicitar su detención preventiva.
Necesidad de reforzar acciones de prevención
En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo advirtió la necesidad de tomar acciones urgentes para prevenir los hechos de violencia. Se constató que solo un 10% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores. Asimismo, de las 21 víctimas mortales registradas, solo en enero en el país, se verificó que ninguna tenía medidas de protección.
Por lo cual, demandó a las instituciones encargadas que se tomen medidas inmediatas al respecto.
En la actualidad, las denuncias son recibidas por la Policía, Fiscalía, Centro de Emergencia Mujer y Policía. También se permite realizar las denuncias de manera virtual. El juez del Quinto Juzgado de Violencia Familiar, Giancarlo Torreblanca, explicó que los casos se atienden en un plazo no mayor de 48 horas. Aunque el plazo de atención puede reducirse hasta en dos horas dependiendo de la gravedad del caso.
Asimismo, indicó que las atenciones se pueden realizar al margen de que esté bien o no , el llenado de la ficha de valoración de riesgo. “Hubo casos en que las fichas de valoración de riesgo no estaban completadas, pero la ley permite que el juez haga la valoración de los hechos”, indicó.
Finalmente, el magistrado indicó que en la mayoría de los casos se conceden medidas de protección a favor de las víctimas y, además, se hace un seguimiento para que se cumplan. Para ello coordinan con la policía, Centro de Emergencia Mujer, Defensa Pública y los organismos encargados de atender a las víctimas.
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