Como parte de nuestra sección Hace 20 años, les traemos la editorial publicada el 7 de abril del 2000, a dos días de la primera vuelta, en defensa de la democracia. Aquí se analiza el escenario en que se daba estas elecciones presidenciales, en medio de denuncias de fraudes y una campaña electoral bastante cuestionada, por parte del presidente en aquel entonces, Alberto Fujimori.
Texto original publicado el 7 de abril del 2000
La hora de las definiciones ha llegado. Como era previsible, la campaña electoral culmina en medio de denuncias, acusaciones de fraude y una relativa deslegitimación del proceso, expresada por todas las misiones que llegaron al país en calidad de observadores.
Las medidas adoptadas en la última semanas, no modifican en nada la falta de transparencia de unas elecciones cuya naturaleza fraudulenta se inició con la postulación e inscripción del presidente Fujimori como candidato a una segunda reelección. Caprichosamente (o sospechosamente) aferrado al poder, y a despecho de la desaprobación general de los entendidos; violentó, a través de su mayoría en el Congreso, las leyes y las instituciones del país, como el objetivo de posibilitar esta candidatura.
Aún quienes hoy son partidarios del presidente candidato, se pronunciaron en su momento por la ilegalidad de esta postulación. Más allá de los supuestos clamores populares, en salvaguarda del principio democrático básico de la alternancia en el poder.
Agravan este panorama la posibilidad no desmentida de que la alianza Perú 2000 que postula al presidente, está involucrada en la supuesta falsificación de un millón de firmas para la inscripción del movimiento Perú 2000 y de 500 mil firmas para la inscripción de Vamos Vecino, los dos puntales de la alianza, puesto que la vigencia de Cambio 90 y Nueva Mayoría es sólo nominal. Una vez más, las instituciones competentes para llevar a cabo una investigación rápida y eficiente que despeje el panorama antes del domingo, eluden su responsabilidad. Y alimentan la sensación de ilegalidad, confirman la inexistencia de un estado de derecho basado en la institucionalidad.
Sólo durante la última semana, una funcionaria de la ONPE renunció ante supuestas presiones para favorecer al candidato presidente y su lista parlamentaria, ocurridas durante actividades de capacitación a la población menos instruida y, por tanto, la más vulnerable. El Consejo por la Paz, ha alertado sobre la posibilidad de un fraude electrónico, mientras se anuncia para hoy el embargo de la imprenta donde se edita el diario Liberación, de marcada oposición al régimen.
Esto puede ser sólo el inicio de una etapa de inestabilidad y tensión social que el país no desea ni merece, urge recuperar la fe en el sistema democrático y la confianza en quienes conducen las instituciones. En este panorama, una renovación en los cuadros gubernamentales es, no sólo saludable, si no necesaria.
Tras los comicios del domingo, 3 escenarios posibles se producirían en el país. El primero, en nuestra opinión, no reflejaría mejor el estado de cosas y la voluntad popular; es la necesidad de ir a una segunda vuelta, puesto que independientemente de quien lidera la votación, ningún candidato estaría en condiciones de superar el 50% de preferencias.
Este escenario, además, tendría la virtud de mantener la contienda con cierta expectativa, evitando una excesiva polarización y las previsibles reacciones inmediatas ante un triunfo en primera vuelta.
El segundo escenario posible -qué podría deberse a una reacción de la población frente a los hechos, en la práctica han viciado la contienda, pero no al extremo de impedir unos resultados contrarios a los calculados-; es el vuelco cuya tendencia ya se manifestaba claramente en las últimas encuestas, a favor de Alejandro Toledo, cómo eventual triunfador de la primera vuelta. Los otros candidatos estarían descartados como eventuales competidores de una segunda vuelta, por diversas circunstancias ya ampliamente analizadas, entre los que juegan un papel importante, las aplastantes campañas de desprestigio que los grandes medios de comunicación emprendieron contra ellos.
Una combinación de factores psicológicos vinculados a orígenes sociales, económicos y raciales, sumadas a la ausencia total de debate sobre propuestas han colocado;, como ya es obvio, a sólo dos competidores con posibilidades sobre la pista.
Un triunfo contundente de Toledo tendría la ventaja de restituir la confianza en la viabilidad de la democracia representativa en el país. La agitación social y las tensiones del momento acabarían, y tendríamos un clima propicio para reconstruir el Estado de Derecho y las instituciones tutelares; hoy intervenidas y recortadas en sus funciones en nombre de procesos de reforma indefinidos en el tiempo. Y a partir de ello, concentrarnos en tareas de desarrollo, menos abstractas e igualmente urgentes.
El último escenario posible para algunos -el de más probabilidades- es el triunfo del candidato a presidente en primera vuelta. Los analistas hablan de hasta un 10% posible de manipulación fraudulenta en los escrutinios. Ese margen y la apuesta por una franja cercana al 15% entre votos blancos y nulos, lo harían posible.
Sin embargo, esa relativa facilidad de cálculo no armoniza con la previsible complicación del panorama político y la tensión social que se generaría de inmediato. Y es que, aún cuando el triunfo fuera legítimo, tal como concluyó uno de los observadores; el daño causado al proceso por las ventajas tomadas desde el poder, es irreversible.
Ni los otros participantes de la contienda, ni la comunidad internacional, estarían dispuestos a reconocer esa victoria. En ese escenario, sólo cabría esperar una polarización aún mayor y un clima insostenible de tensión política; en medio del cual no faltará quien aliente a las fuerzas armadas a intervenir, como ha ocurrido siempre, en circunstancias similares en el país. No obstante, es importante considerar que estas intervenciones nunca se produjeron para defender causas por la que la población mostrara un rechazo. Los golpes de estado en Perú, siempre tuvieron un considerable respaldo popular, muy discutible en el presente, si de apoyar al presidente Fujimori se tratara.
Pero lo más lamentable de esta eventual circunstancia sería la paralización de las inversiones externas e internas, de la reactivación económica y, en general, del aparato productivo del país. La inestabilidad jurídica, política y social, sumadas, conformarían el escenario menos propicio para iniciar un proceso de desarrollo sostenido.
Este es el panorama político en el cual los peruanos iremos este domingo a las urnas. Tal como ilustró nuestra portada, la elección es sólo entre la continuidad de un sistema que tiene todos los elementos para calificarlo de dictadura; y la posibilidad de un cambio. La opción nueva que representa Alejandro Toledo, sería la alternancia del poder; y por lo tanto, la posibilidad de reconstruir, desde cero, la democracia que anhelamos.
Tal como señala el Diario El Comercio en su editorial de ayer, toda opción nueva implica riesgos, pero tiene la ventaja del cambio. La opción Toledo, surge de la búsqueda ciudadano de una nueva opción que merece el beneficio de la duda. Nosotros creemos que hay que otorgarle ese beneficio, de manera vigilante. La repetición de la historia del 90 a la fecha, siempre es posible. Un congreso que obliga a un gobierno de concentración y unidad nacional es un elemento a favor de ese control. Y esa es nuestra apuesta.
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