El 28 de abril del 2000 salió la edición N° 9 del semanario El Búho. En esta ocasión, el país se encontraba enfrascado en la campaña electoral para la segunda vuelta, entre Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Las irregularidades y denuncias de fraude de los resultados de la primera vuelta, convirtieron este escenario electoral en una tensa campaña, donde las ‘malas mañas’ aprendidas en una década por el gobierno de turno, no cesaron en las elecciones 2000.
Nota original publicada el 28 de abril del 2000
El día en que se producirá la segunda vuelta cada vez está más cerca y las condiciones inequitativas permanecen incólumes. La televisión abierta sigue favoreciendo al candidato presidente y todas las propuestas en pos de un proceso transparente fracasan, una tras otra.
La propuesta del Defensor del Pueblo para la conformación de un Tribunal Ético qué elabore un código mínimo de conducta durante la campaña de elecciones presidenciales en segunda vuelta, ha abortado. Propuesta la iglesia como principal mediadora, la alianza Perú 2000 ha adelantado su rechazo a esta mediación “considerando la diversidad de opiniones de los católicos”; cerrando así las puertas a la única posibilidad de llevar a cabo una contienda con iguales reglas para ambos candidatos.
Esta propuesta intentaba, además de evitar la guerra sucia, promover la apertura de los medios de comunicación, evitar la utilización de recursos públicos en la campaña de las elecciones; y mejorar las condiciones de credibilidad de la oficina de procesos electorales (ONPE); cuyo sistema de cómputo y las cifras que arrojaron para las elecciones, han sido severamente cuestionadas.
Se pone así en evidencia la ausencia de propósito de enmienda del régimen (ver editorial) empeñado en la reelección “a toda costa”, amparándose en las declaraciones bizantinas de Francisco Tudela sobre la posibilidad real de censurar a la prensa extranjera y evitando tocar el tema que ha causado más críticas: la manipulación y sometimiento de la prensa local. No obstante haber demandado algunas precisiones sobre el posible acuerdo, se adelantó a la decisión de la conferencia Episcopal, expresando que consideraban inconveniente la mediación de la iglesia. Obviamente, esta posibilidad quedaba descartada de plano.
También resulta evidente la división existente al interior de la iglesia, encontrada por dos posiciones irreductibles; el abierto apoyo al gobierno del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, y la actitud principista del monseñor Luis Bambarén. (No extraña que) la reunión de ayer de la conferencia Episcopal resultado haya insignificante, en cuanto a sus consecuencias sobre el proceso electoral.
A este respecto, llama la atención la actitud tan reacia del monseñor Cipriani, quién rechazó de plano la intervención de la iglesia. Dijo que los hombres de la iglesia no son de democracia ni de consensos, sino de Dios; cuando el mismo realizó una importante labor de mediación en la embajada de Japón, en ocasión en la que el propio Tudela y otros 70 altos funcionarios fueron secuestrados durante meses por miembros del MRTA.
¿Acaso no buscaba allí puntos comunes y consenso, al deber espiritual que tiene la iglesia con la defensa de valores y derechos fundamentales de las personas que un proceso electoral poco transparente, también amenaza?
El otro canal de negociaciones en el interior del sistema de cómputo de la ONPE, si ha tenido relativo éxito hasta el momento, lo cual abre un espacio mínimo de posibilidades de llegar a un consenso. Esta revisión se hace también por recomendación expresa de la misión observadora de la OEA; pese a lo cual el martes, los representantes de Perú Posible no asistieron a la primera reunión. El miércoles se iniciaron finalmente las conversaciones cuyo resultado final aún es imprevisible
Lo más significativo en la cena política, sin embargo, provino de fuera. El martes, el presidente norteamericano Bill Clinton, firmó y declaró acerca de la Resolución N° 43 del Congreso de ese país. Esta declaración demuestra, en primer lugar, que el gobierno norteamericano no tiene ni un resquicio de dudas sobre que las condiciones de la primera vuelta eran, por decir lo menos, inadecuadas. La resolución contiene términos muy duros como “uso ilegal de recursos, manipulación de la información”, entre otros.
En segundo lugar, demuestra que no está dispuesto a tolerar la persistencia de estas condiciones. De allí la oportunidad en la que se reaviva el tema y se enfatiza su posición. En momentos en que aún no se ha convocado oficialmente a la segunda vuelta de las elecciones.
Esta actitud estaría motivada, entre otras razones, por la necesidad de dejar sentada su posición frente a lo que considera un mal ejemplo para el resto de países del hemisferio; en momentos en que Venezuela se prepara para efectuar elecciones regionales. Tal es la imagen de Fujimori en el exterior, que un vocero del presidente venezolano Hugo Chávez, ha dicho respecto a las comparaciones que “en Perú hay un civil que parece militar, mientras en Venezuela tienen como presidente a un militar que parece civil”.
Nos guste o no la actitud norteamericana, no se puede negar que tratándose del país más poderoso del mundo, su pronunciamiento seguramente será acompañado de similar actitud por parte de la comunidad europea e incluso el Japón; que ya la semana pasada se manifestaban de manera muy parecida. El mundo desarrollado, es verdad, se toma atribuciones que nosotros ni osaríamos, Pero nadie puede sin graves riesgos para el país, sustraerse de esta injerencia. La globalización es una realidad irrefutable y el planeta se encamina hacia sistemas democráticos. Los riesgos de ignorar el pronunciamiento: recorte de ayuda alimentaria (paradójicamente acusaron a Toledo de ello). Y de la ayuda estratégica en armas y otros para combatir el narcotráfico.
Finalmente, ha quedado demostrado la falta de reflejos de Fujimori para enfrentar esta crítica, la más seria en lo que va de las elecciones. La reacción oficial provino de tres fuentes: en primer lugar, el canciller Fernando de Trazegnies trató de restarle importancia sosteniendo que no tenía carácter resolutivo; lo cual es un imposible jurídico tratándose de recomendaciones que, el lenguaje diplomático, resulta siendo una especie de sonora cachetada.
La siempre discutida Martha Chávez, convertida en la escopeta de dos cañones del régimen, reaccionó violentamente; y en un discurso en el Congreso fustigó duramente a los Estados Unidos acusándolo de ser un país racista. En declaraciones de antología, cuestionó la existencia de sólo dos partidos en el país del Norte y se preguntó por qué el Perú no envía también una misión observadora a sus comicios. Al parecer la piedra que, en condenable actitud le lanzó algún delincuente durante la campaña, sale ahora de sus propios labios. Curioso verla en actitud tan nacionalista cuando fue una de las principales defensoras del logro fujimorista de reinsertar al Perú a la economía mundial; lo cual, si de injerencia se trata, resulta siendo mucho mayor pues implica someterse, incluso, a que se fiscalicen los gastos que hace el gobierno para garantizar el cumplimiento de las recetas del FIM.
Finalmente, el propio presidente Fujimori declaró el miércoles no estar preocupado porque lo que pide al gobierno de los Estados Unidos es exactamente lo que hace el gobierno peruano; lo cuál querría decir que Clinton y el gobierno estadounidense han estado observando otro país. No habló de injerencias porque, todos sabemos, los costosos lobbys que ha tenido que emplear para entablar relaciones con quienes ahora lo reprenden duramente.
En la política local, abortó la amenaza de un proceso de revocatoria contra el alcalde Juan Manuel Guillén, ante el evidente rechazo de la población; no tanto de la moción, cuando de su utilización como elemento de coacción. Los autores intelectuales de sus voceros dieron marcha atrás demostrando, una vez más, inusual torpeza. También quedó demostrado el tamaño de sus garras, no obstante estar temporalmente guardadas.
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