Uno de los investigados por el caso de corrupción Los Correcaminos del Sur saldrá de prisión en esta cuarentena. El Juzgado Anticorrupción de Arequipa revocó la prisión preventiva y en su lugar ordenó arresto domiciliario para Miriam Luz Chuquitaype Saravia, presunta integrante de la organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas.
La extrabajadora padece de diabetes Mellitus tipo II y esa condición la hace vulnerable de contraer el coronavirus. Sin embargo, la imputada tendrá que pagar una fianza de 20 mil soles para que pueda dejar el establecimiento penitenciario de Mujeres Arequipa. Además, ella tendrá que retornar a la cárcel cuando se levante el Estado de Emergencia.
En cambio, el juez José Málaga, rechazó la solicitud de cese de prisión que presentó el exjefe de Inspectoría de la región Policial, Richard Talavera Fuentes y el exservidor de Transportes, Pedro Tite Mamani. Ambos también son investigados de pertenecer a esta red criminal que operó dentro de la Gerencia Regional de Transportes.
Los dos imputados alegaron padecer de enfermedades como hipertensión, en el caso del expolicía, y de hiperplasia prostática en el caso del servidor público. Sin embargo, no fue debidamente acreditado. Por lo tanto, los dos permanecerán en prisión hasta que terminen los 25 meses de prisión preventiva o concluya la investigación.
La audiencia se realizó se realizó de manera virtual con participación de las partes involucradas. La diligencia se desarrolló en dos partes, los días miércoles y viernes.
Acusación contra integrantes de Los Correcaminos del Sur
La fiscal anticorrupción Marita Cueva abrió investigación contra los tres imputados acusados de integrar una presunta organización que recibía dinero ilícito por autorizaciones, sustituciones e incremento de flota vehicular solicitado por los transportistas. La organización era liderada por funcionarios de confianza de la exgobernadora Yamila Osorio.
Ellos habrían cobrado sobornos para permitir a los conductores que presten el servicio de transporte interprovincial, evitando las fiscalizaciones por los inspectores y policías. Las víctimas recibían unos stikers cada vez que pagaban los cupos a los extorsionadores para que les permitan trabajar. Asimismo, dentro de la Gerencia Regional de Transportes, exfuncionarios hacían cobros a los choferes para permisos, pero estos dineros no eran recaudados por la Gerencia de Transportes y se quedaban en manos de los servidores.
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