El Gobierno Regional de Arequipa no ha cumplido con transparentar la información de los procesos de compra realizados durante la emergencia. Cumplidos los dos meses del Estado de Excepción, la ejecución de gasto creció y alcanzó el 45.2%; lo que la convierte en la segunda región en este aspecto, después de Junín. Sin embargo, el gobernador Elmer Cáceres Llica no ha explicado en qué ha usado el dinero ni la modalidad de los contratos.
Como se sabe, el Estado de Emergencia implica que se flexibilizan los procesos de contratación. Las entidades públicas pueden simplificar las compras, sin necesidad de convocar una licitación, que demanda semanas e incluso meses. También se ampliaron los plazos (de 10 a 30 días) para informar las compras al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Esta situación ha provocado que el Gobierno Regional de Arequipa relaje sus procedimientos y no transparente las adquisiciones que ha realizado. El Búho constató que la entidad no ha reportado ninguna contratación de algún bien o servicio, pese a estar obligado a brindar dicha información. Únicamente, se ha divulgado lo concerniente a seis procesos directos. Estos han sido realizados por el hospital Goyeneche, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN – Sur) y la dirección de Salud de Camaná. Las tres entidades son unidades ejecutoras responsables de sus gastos.
Compras de mascarilla bajo lupa
Así, hace poco salió a la luz la compra de 3500 mascarillas N95 adquiridas a una empresa de venta de materiales de construcción. Su nombre es Aruni Fernanda EIRL. Sin bien los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa negaron que los implementos de seguridad hayan costado 35 soles, sino 31 soles, el cuestionamiento recae también en el aparente direccionamiento del contrato. Se le entregó contrato por 436 mil 980 soles a un proveedor que, curiosamente, solo ha hecho tratos con la entidad, a nivel del sector público. Voceros del GRA también explican que la empresa tiene como rubro suministrar equipamiento para la construcción y las mascarillas estarían en ese rubro, ya que se usan también como protección en las obras civiles.
El abogado Jorge Sumari, asesor legal y experto en materia de contrataciones, señaló que ante la pandemia, los gobiernos locales y regionales podían optar por realizar adjudicaciones sin concursos ni selección, dejando de lado el Sistema de Contrataciones.
Sin embargo dijo que “cuando las compras se hacen por emergencia, se debe hacer un cotejo de costos y disponer de 10 días máximo para armar el expediente y luego debe aprobarse con una resolución del gobernador. No se hacen concursos, pero sí cotejos en base a los antecedentes de las empresas que son del rubro, que estén acreditados, que no estén sancionados. Luego, se remite a la Contraloría, en un lapso de 10 días para que fiscalicen”.
Sumari señaló que al moderar las normas lo que se genera es que exista un mal uso de los recursos públicos y se estaría direccionando las adquisiciones a favor de empresas que no se dedican a la actividad o necesidad que demanda la institución. Asimismo, señaló que al obviarse el proceso de contratación, lo que hace el Gobierno Regional es sustituir la cotización por la invitación, tomando preferencia por una empresa u otra.
“Lo que sucede en este tipo de compras es que no se transparenta sino se direcciona. Se ha entregado un contrato a determinada empresa argumentando muchas cosas como la necesidad inmediata del bien, pero por qué se elige a una empresa y no a otra, en Arequipa no hay empresas del rubro que ofrezcan ese material. Aquí, lo que toca es investigar”, enfatizó.
Por su parte, el Gobierno Regional ha defendido la compra alegando que se realizaron bajo los procedimientos adecuados y se priorizó la demanda urgente del producto. Señala, además, que no se ha pagado por las mascarillas, pues aún no ha sido aprobada la compra por el Consejo Regional. Al respecto el abogado menciona que el hecho de no haber cancelado la compra, no evita que se haya cometido una irregularidad, pues la entidad dispuso del bien. “No le has pagado, pero has hecho uso del producto, esas adjudicaciones ya se hicieron, ya el proceso se realizó. Siendo una emergencia, ellos compran el producto y pagan; y el Consejo Regional convalida la compra directa y eso no lo dicen.”, agregó.
¿En qué gasta el dinero el Gobierno Regional de Arequipa?
A razón de este hecho, el Gobierno Regional habló al día siguiente de la denuncia periodística de los gastos que han realizado durante la emergencia. El jefe de Presupuesto, Javier Rospigliosi, manifestó que los 11 millones 272 mil soles han sido utilizados para tres fines: adquisición de equipos de protección, pago de personal CAS y pago de traslado y alojamiento de personas vulnerables varadas en otras regiones.
En cuanto a obras, Rospigliosi señaló que la Región ha invertido en la adecuación de los ambientes del hospital Covid-19 Honorio Delgado. También, en la remodelación y ampliación de áreas en el hospital Geriátrico Municipal, el centro de salud Pedro P. Díaz, laboratorio y centro de aislamiento. Y la adecuación de áreas para el hospital de campaña. Todos estos procedimientos están en periodo de regularización, aseveró el funcionario.
“…Las ejecuciones de estos proyectos de inversión son de madera inmediata. Estas adquisiciones están sujetas a un proceso de regularización, en el cual se formalizan todos los actos preparatorios de contratación y se someten a aprobación del Gobierno Regional. Los residentes y supervisores de cada proyecto de inversión efectuarán la rendición correspondiente, ya que debido a la emergencia se encuentran suspendidos los plazos administrativos y se reactivarán una vez levantado el aislamiento”, explicó en ese momento.
Pero esa afirmación no se ajusta a la verdad. El Gobierno Nacional, a través de los decretos de urgencia (026, 027, 028, 031, 032 y 033) determinó que todas las entidades tienen hasta 30 días hábiles para regularizar la información en el SEACE. No obstante, el Gobierno Regional ni siquiera ha informado de las adquisiciones que llevó a cabo a principios de la Emergencia. Este medio trató de entrevistarse con alguno de los funcionarios responsables, pero no atendieron nuestras llamadas.
¿Qué sucede con los procesos de contratación?
La Contraloría General de la República señaló en un reciente informe la falta de transparencia con la que el Gobierno Regional de Arequipa maneja las contrataciones. La institución no había regularizado, registrado ni publicado en el SEACE los contratos realizados para la implementación del Centro de Aislamiento de Cerro Juli.
El GRA efectuó adquisiciones a diferentes proveedores. En la relación están incluidos Comercial Max Segur SAC, Nuqleum IT SRL, SDE Perú SAC. Ellos fueron contratados para implementar las camas, circuito de vigilancia, instalación de televisores, entre otros, sin registrarlos en SEACE. También se contrató los servicios de las empresas ABS Consultores y Ejecutores, SKALA SAC, Camfer Constructora en Inversiones SRL, Beatriz Marisol Adco Mamani, Juan Carlos Torres Tejada y Augusto Bejarano Sánchez, para adecuar los ambientes.
Sin embargo, la Contraloría halló que no se habían regularizado los documentos e informes que contienen el sustento técnico legal de la obra. El plazo que dicta la norma es de 10 días. Tampoco habían sido elaborados, ni se aprobó los contratos. El proceso se regularizó de manera parcial, sin informes previos ni justificaciones de la obra.
Ante la falta de claridad en las compras, el consejero José Luis Hancco y otros consejeros solicitaron a Wuile Ayñayanque, presidente del Consejo Regional, que se informe de las compras directas que se efectuaron por la pandemia. Sin embargo, en la sesión ordinaria del último viernes, el tema no fue tocado. Parte de los miembros abandonaron la reunión al ver que su petición no era atendida.
“Desgraciadamente en el Consejo Regional no se puede hacer casi nada porque la mayoría está sometida a Cáceres Llica. Investigación positiva a favor del pueblo no va haber en la comisión del Consejo Regional. (…) Lo que si es cierto es que estas compras ya tenían una irregularidad. Es que no sido publicados en el portal del Gobierno Regional como lo señala el Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado”, señaló Hancco.
Luego, el consejero hizo una denuncia alarmante: dijo que en AUTODEMA se habían adquirido mascarillas de papel toalla a 15 soles cada una. En respuesta, el Ministerio Público inició una investigación constituyéndose en las instalaciones de la Autoridad del Proyecto Majes. El gerente de la entidad, Napoleón Ocsa, negó la denuncia. Pidió al consejero Hancco exhibir las pruebas de la acusación e incluso amenazó con interponer una acción legal contra él, por difundir información falsa, “en el afán de figurar”, dijo.
Jorge Sumari advirtió que, una vez que se levante la cuarentena, se abrirán numerosas denuncias y procesos por el mal manejo de los recursos en diversas instituciones.
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