Resumimos aquí, la segunda parte del importante documento publicado por la CEPAL y la OIT “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”[1].
Los desafíos
Como lo señala el documento, los gobiernos tuvieron que implementar diversas políticas ante la crisis, abordando principalmente tres áreas: 1) La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; 2) La protección de la actividad económica y la demanda de la mano de obra; y, 3) El apoyo al empleo y el mantenimiento de los ingresos. Estas medidas tuvieron como fin evitar los contagios, asegurar los ingresos de los grupos más vulnerables, proteger a las empresas, y preservar los empleos y las condiciones laborales.
Sobre la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo se implementaron medidas como el trabajo a distancia, turnos de trabajo escalonados, ampliación de licencias por enfermedad remuneradas para los que tenían síntomas o estaban en cuarentena, asesoramiento de seguridad y salud en el trabajo por vía telefónica, la prestación de servicios de cuidado infantil, entre otros. En cuanto a las políticas de apoyo al empleo y mantenimiento de los ingresos, acordaron la reducción del horario de trabajo y compensación, la conservación del empleo mediante subsidios o préstamos, la ampliación de las prestaciones por desempleo para los trabajadores formales, y prestaciones de asistencia social para los trabajadores informales. Sobre el fomento de la actividad económica y demanda de mano de obra, se dieron estímulos fiscales, y apoyo financiero a bajas tasas de interés a sectores específicos.
Política de salud ocupacional
El Covid19 ha puesto a prueba la salud pública de todos los países, y las capacidades y respuestas han sido heterogéneas. Asimismo, si bien inicialmente se asumió que constaba de dos fases diferenciadas, siendo la primera la sanitaria que duraría pocos meses; y, la segunda, la económica que se prolongaría más meses o años, la separación de ambas fases no ha resultado tan nítida.
Para evitar los contagios, los países de la región implementaron el trabajo a distancia o teletrabajo, por lo que un 23% de trabajadores estarían laborando bajo esa condición. Su implementación ha sido más sencilla en los países que ya tenían regulación previa, salvo el carácter voluntario, que fue alterado por la emergencia. Sin embargo, esta modalidad de trabajo ha generado repercusiones en el equilibrio psicológico del trabajador y el aumento de los casos de violencia durante la cuarentena debido al trabajo en el hogar.
Para los países que decidieron la reanudación de las actividades presenciales, el documento señala que se deben priorizar las políticas de seguridad y salud laboral, con el fin de no arriesgar la salud de las personas y las estrategias de reactivación. Para ello, la OIT publicó una lista de comprobación para la prevención y mitigación de la COVID-19 en el trabajo, sobre la base de las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ILO-OSH 2001 (OIT, 2002), que incluye el diálogo social bipartito entre los representante de los empleadores y de los trabajadores para la elaboración de los protocolos de seguridad y salud laboral.
La prevención del contagio implica las condiciones de trabajo, y el desplazamiento a los centros de trabajo. Por ello, se deben implementar en el centro de trabajo las medidas de ingeniería y organizativas para el distanciamiento físico, mamparas o barreras separadoras, turnos de entrada y salida, ventilación, limpieza, desinfección periódica, y equipos de protección personal. Siendo necesaria, a su vez, una reforma del transporte para proteger a los trabajadores y a los proveedores de bienes y servicios de la cadena de suministro.
Compartimos a continuación el gráfico sobre la Pirámide de medidas para prevenir el contagio en el lugar de trabajo elaborado por la CEPAL y la OIT:
Asegurar los ingresos de los trabajadores y la supervivencia de las empresas
Para asegurar los ingresos de los trabajadores, los países que contaban con un seguro de desempleo implementaron diversas modalidades como la disminución de horas trabajadas y de las remuneraciones, con una compensación de los ingresos; y, también ampliaron la cobertura a los trabajadores de plazo fijo. En otros casos, con el fin de continuar la relación laboral aplicaron la jornada reducida o la suspensión temporal de labores. Y en países que no tenían seguro de desempleo se introdujeron programas no contributivos financiados con recursos fiscales, para que los trabajadores continúen percibiendo ingresos. Aquì, el diálogo social bipartito cumplió un rol clave en el objetivo de mantener el empleo.
Respecto a empresas, el apoyo ha sido principalmente a Mipymes debido a la posibilidad de quiebra e impacto en la cadena de suministro y empleo. Varios países establecieron medidas para proteger las unidades productivas y mantener la liquidez de las empresas, disminuir la carga tributaria con postergaciones o suspensiones temporales de pago de impuestos, postergar aportes previsionales a cargo de la empresa, diferir pagos de servicios públicos, y brindar líneas de créditos con garantías estatales y focalizadas en las Mipymes.
Implementación y sostenibilidad de las medidas
La fortaleza de las instituciones laborales es clave para poder afrontar los desafíos del Covid19; y, el diálogo social cumple un rol esencial para la aplicación de las políticas socio-laborales, que permite mayor pertinencia y legitimidad de las medidas. Es necesario reforzar coberturas en la formación para el trabajo, servicios públicos, seguridad social, la inspección del trabajo, el registro social de hogares, entre otros. También, las prestaciones no contributivas a los trabajadores informales, que siendo necesarias han resultado insuficientes y de cobertura limitada por el estrecho espacio fiscal y la exigua capacidad institucional de los países.
Las políticas sociolaborales, parten de aumentar el financiamiento de las políticas de mercado de trabajo y fortalecer los programas de seguridad y salud en el trabajo, de incentivos laborales para la contratación de personas desempleadas; y de apoyo de ingreso en situación de desempleo. Si bien en otras regiones se ha reforzado y ampliado instrumentos como el seguro de desempleo, esta crisis debe alentar a los países a implementar sistemas de seguro de desempleo que puede inicialmente contar con financiamiento estatal; y posteriormente, a cargo de empleadores y trabajadores o con sistemas mixtos. Cabe resaltar que el seguro de desempleo solo es adoptado por algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay en América Latina.
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¿El mundo laboral post pandemia o con pandemia permanente?
Las dos conclusiones señaladas en el documento son “en primer lugar, la crisis (incluida su dimensión netamente sanitaria) persistirá hasta el desarrollo, producción, distribución y aplicación masiva de una vacuna o de un tratamiento efectivo; en segundo lugar, debido al punto anterior, las dos fases de la crisis —sanitaria y socioeconómica—se solaparán en gran medida. Es posible que a corto y medio plazo el mundo no se mueva hacia un escenario laboral post pandemia, sino hacia un escenario laboral con pandemia permanente”[2].
En ese sentido, la seguridad y salud en el trabajo adquirirá una nueva dimensión, no sólo en gestionar los riesgos laborales; sino, será también para la contención del virus y la salud laboral, lo cual garantizará la supervivencia de las empresas. Si bien esta crisis ha expuesto debilidades y desigualdades en los mercados laborales, la recuperación de esta crisis no debe llevar a una “nueva normalidad”; sino a una “normalidad mejor”, con mayor formalidad, equidad y diálogo social.
Balance
La crisis del Covid ha afectado a todos los países de la región, pero las medidas para afrontarla han sido diferentes. Algunos se encontraban mejor preparados a nivel de salud y de seguridad social para proteger a sus trabajadores; convocaron al diálogo social para tomar mejores decisiones, contaban con seguros de desempleo, establecieron protección especial para las trabajadoras del hogar y otros sectores vulnerables. En nuestro caso, la situación ha sido diferente.
El gobierno no tuvo interés por establecer a una mesa de diálogo permanente con los trabajadores, para evaluar la pertinencia de las medidas en emergencia. Asimismo, por la débil institucionalidad con los trabajadores informales e independientes, no hubo un registro para que los beneficios económicos llegaran a los afectados. Y no tomaron en cuenta los registros de los gremios u organizaciones sociales de dichos sectores. Por tal motivo, si bien al inicio la medida de la cuarentena con la compensación posterior fue acertada. Luego, por presión de CONFIEP se permitió la suspensión perfecta de labores; y se dispuso del uso de los propios ahorros y fondos de previsión social de los trabajadores, para afrontar la pandemia.
El camino a “nueva normalidad” con reinicio de actividades económicas por fases, avanza con la flexibilización de protocolos de seguridad y salud en el trabajo; con la reducción de la comorbilidad y la exposición de nuestros adultos mayores que retornarán a laborar por su cuenta y riesgo. Asimismo, contamos con una inspección del trabajo que está colapsando en su capacidad de fiscalizar la vulneración de los derechos laborales; tan igual como ha colapsado el sistema de salud. Si esto no cambia, mientras otros países avanzarán a una “mejor normalidad”, en Perú retrocederá en derechos laborales y se precarizará el empleo aún más.
[1] CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”.
[2] CEPAL & OIT. (2020). “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”. P 49.
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