Cuando, en la década de los 90, el gobierno de Alberto Fujimori desató el remate de las principales empresas y riquezas del país, muchos aplaudían. Y no se les puede juzgar sin tener en cuenta el contexto, pues Alan García acababa de pasar por el sillón presidencial -en su primer periodo- y había dejado la convicción de que lo peor que se le puede hacer a un país es darle poder al Estado para administrar recursos y, menos aún, dirigir empresas.
La calamitosa presencia del Apra en empresas como Minero Perú, Entel, Enafer o Petro Perú, les quitó a todos los peruanos las ganas de permitir la mínima posibilidad de que un gobierno vuelva a estar a cargo de los entes productivos. Tal fue el deterioro moral que se miró a la empresa privada como a la gran salvadora, como al Nirvana de la eficiencia y calidad de servicios.
Pero, la realidad no tardó mucho en mostrar su rostro usurero y, con una Constitución que privilegia a la empresa por encima del ciudadano, 30 años después, una crisis sanitaria nos ha colocado frente a servicios privados que tienen características de los detestados servicios del Estado, con la gran diferencia de que, ahora, nos cuestan mucho dinero. Las clínicas privadas cobrando 560 soles por pruebas Covid que recibían gratis del gobierno, es uno de los ejemplos más vergonzosos.
No se quedan atrás las empresas de servicios esenciales y bancos que enturbian todos los procedimientos cuando un cliente quiere desistir de sus servicios o pedir facilidades de pago. Que se siga aplaudiendo, ya no tiene sentido.
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