Los países de la región se caracterizan por su gran potencial de producción agrícola, no obstante, en América Latina aún existen 42.5 millones de personas subalimentadas y esta brecha es más marcada en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde aún tienen una prevalencia de desnutrición por encima del 10%. Si bien durante 1990-2015 la región pudo disminuir el hambre a la mitad[1], se espera un retroceso en la lucha contra el hambre a consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia.
Por lo tanto, resulta fundamental abordar la seguridad alimentaria, desde un ángulo multidimensional. El BID considera 4 dimensiones que abarcan, no solo la oferta de alimentos, sino también la demanda y la calidad de éstos: i) Disponibilidad, que se refiere a la oferta de alimentos a nivel local o internacional; ii) Acceso, que explora la cantidad de recursos que un hogar tiene para adquirir una cantidad apropiada de alimentos; iii) Utilización, que refiere a la calidad de alimentos requerida para tener una nutrición adecuada; iv) Estabilidad, definida por la capacidad que tenemos para tener un acceso constante a fuentes alimentarias de calidad.
En ese sentido, el ingreso de las personas es un factor preponderante en la seguridad alimentaria, sobre todo teniendo en cuenta que los latinoamericanos dedican entre el 20% y el 59% de sus ingresos en alimentos[2]. Por otro lado, la Cepal estima que los efectos económicos de la Covid -19 ocasionarán pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa; y un incremento de 3.5 y 2.3 puntos porcentuales en la pobreza y pobreza extrema respectivamente. Es así como el 13.5% de la población de la región se encontraría en condiciones de pobreza extrema[3]. A esto se suma que la pandemia ha originado cambios dentro de los sistemas alimentarios, desde la producción, distribución, y comercio; todo lo que, en conjunto, genera un riesgo inminente en el aumento del hambre.
Por otra parte, la agricultura en América Latina es intensiva en mano de obra representando el 13,9% de la población ocupada[4];sin embargo, con la llegada de la COVID-19, son los trabajadores de este sector los que se han visto seriamente expuestos tanto físicamente como económicamente, puesto que sus labores no se pueden realizar de forma remota; asimismo, los trabajadores agrícolas presentan tasas elevadas de informalidad en la región y sus sueldos son inferiores al promedio, lo cual los pone en una situación aún más vulnerable.
Vulnerabilidades en América del Sur:
América del Sur, se caracteriza por ser un gran productor mundial de alimentos; sin embargo, es la subregión de América Latina donde más de la mitad de las personas viven en condición de hambre. En ese contexto, se puede distinguir dos tipos de países:
a) los países andinos y amazónicos (Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil) que se caracterizan por que existe una marcada dualidad de sistemas agrícolas, con una gran presencia de agricultura familiar campesina e indígena, lamentablemente la falta de una adecuada conectividad de las regiones altoandinas y amazónicas representa un riesgo en el suministro de alimentaos en el actual contexto. Otro aspecto para tener en cuenta es que gran parte de las familias se dedican a la agricultura familiar campesina e indígena, y muchos de ellos se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza. A esto se suma que, la agricultura familiar tiene mayores restricciones para el acceso a los mercados y por ende mayores limitaciones en el empleo, resultando fundamental garantizar la siembra y cosechas de las próximas temporadas.
b) los países del cono sur: son exportadores netos de alimentos y, con la excepción de Chile, son países muy urbanizados, situación que los hace vulnerables a la disrupción de la cadena de suministro de alimentos; por otro lado, los productos que se exportan son muy intensivos en mano de obra y al contraerse la economía mundial en recesión miles de personas que se dedican a esta actividad se quedarán sin empleo.
Otra de las vulnerabilidades que ocasionará la pandemia es que las personas, al ver disminuido su poder adquisitivo, cambiarán su dieta alimenticia hacia una más barata y, por lo tanto, menos nutritiva, con más grasas, más azúcares, en lugar de frutas o verduras, lo que tendrá consecuencias muy serias en la región, que actualmente ya tiene niveles muy altos de sobrepeso, obesidad y malnutrición por mala alimentación.
Sistemas Alimentarios en la región y medidas para su protección
Si bien los sistemas alimentarios, hasta el momento, han resistido los impactos de la pandemia, expertos de la FAO sostienen que el sistema alimentario se puede ir debilitando con pequeños resquebrajamientos; en ese sentido, han identificado algunas disrupciones en la cadena de suministro de alimentos que se detallan a continuación:
Cuadro N°1: Disrupciones en la cadena de suministro de alimentos
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Ante este contexto, organismos como la CEPAL y la FAO proponen un conjunto de medidas orientadas a impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
Cuadro N°2: Decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria propuesta por la FAO – CEPAL
De las medidas señaladas en el cuadro N°2, ambos organismos sostienen que el bono contra el hambre en apoyo a la población en situación de extrema pobreza debería aplicarse de forma inmediata, para lo cual han estimado que el valor del bono sea equivalente al 70% de una línea regional de pobreza extrema (67 dólares); y que sea entregado a todas las personas en situación de pobreza extrema por un periodo de 6 meses. El costo equivaldría al 0.45% el PBI regional.
La segunda medida, de implementación prioritaria es la referente a acciones de apoyo financiero a productores agrícolas. Para ello se propone líneas de créditos blandos destinados al sector agrario que viene operando en condiciones críticas. Tanto la Cepal como la FAO proponen incrementar un 20% el monto de la cartera al sector; además de establecer garantías, seguros, incentivos dirigidos a este sector. Se estima que esta medida tendría un costo de 5.500 millones de dólares que podría ser cubierto con aporte de los organismos financieros multilaterales; y la banca de desarrollo. Asimismo, consideran necesaria que esta medida vaya acompañada de un bono de inversión productiva de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez; y que sea destinado para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos, apoyando principalmente a la agricultura familiar.
Balance
Concordamos con lo planteado por ambos organismos, puesto que la pandemia ha visibilizado la necesidad de atender en primer lugar a la población más vulnerable; así como la necesidad de contar con sistemas alimentarios diversificados, resilientes e innovadores; pero ello solo se logrará cuando se le dé el verdadero peso que tiene este sector en el desarrollo económico y social de los países.
En el caso del Perú, seguimos dejando en un segundo plano las necesidades de nuestros agricultores. El Ejecutivo viene desarrollando planes de rescate para las grandes empresas y se sigue olvidando del campo. No fueron incluidos en Reactiva Perú y el nuevo programa “Arranca Perú” no cubre todas las necesidades de nuestro agro. En ese sentido, urge que se reactive el sector agrícola y que cuenten con financiamiento para garantizar las próximas cosechas, así como su subsistencia; además de promover las compras públicas en el marco de programas existentes, generando la demanda necesaria de sus productos, y garantizándoles un precio justo. Se debe apoyar el salvataje del agro, de lo contrario la crisis sanitaria también originará una crisis alimentaria como ya lo vienen señalado varios expertos.
[1] BID (2020) ¿Tendrá América Latina una Crisis Alimentaria en el Futuro?
[2] BID (2019) Seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe
[3] CEPAL (2020) América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales
[4] CEPAL (20220) Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria,
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