La desconfianza marcó la reunión entre representantes del Ministerio de Agricultura (Minagri) y los consejeros regionales de Arequipa. La propuesta de convenio para transferir Majes Siguas II al gobierno nacional generó dudas e incertidumbre entre los representantes de las provincias que ven con recelo diversos aspectos.
Los consejeros expresaron su sorpresa al conocer los pormenores de las negociaciones y del preconvenio. Según expuso la comitiva del Minagri, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tomó la iniciativa para transferir Majes Siguas al Ejecutivo, en busca de destrabar el proyecto.
El ministerio atendió el pedido de auxilio del GRA. Enviaron a Arequipa un equipo técnico entre el 16 y 18 del mes pasado, que se reunió con sus pares del Gore y Autodema. Las conversaciones llegaron a buen puerto, suscribiendo un acta de trabajo el último día de su estancia en la ciudad. Hacia el 20 de julio, el despacho de Agricultura envió el oficio 241-2020-MINAGRI-DM, con la propuesta de convenio consensuado para que se ponga en conocimiento del Consejo Regional de Arequipa, que decidió regresarlo a comisiones antes de votar su aprobación.
El ofrecimiento de la administración nacional está enmarcado en el Decreto de Urgencia 021-2020, dispuesto para suscribir convenios y subrogar la titularidad de proyectos con los gobiernos regionales. Su antecedente inmediato es Chavimochic, en La Libertad, que también pasó al ministerio.
Además de doce adendas, Majes Siguas arrastra un buen número de dudas desde hace años. No solo por la firma de la Adenda 13 y el cambio tecnológico; sino también por la venta de las tierras, la solvencia económica de la concesionaria “Cobra” y hasta la valídez del contrato a raíz de cuestionamientos por vicios. Antecedentes que entrampan el convenio de coejecución.
¿Qué aspectos positivos y negativos ofrece ceder el proyecto al gobierno nacional?
El destrabe
Majes Siguas II es la eterna promesa de impulso al agro arequipeño. En 2010 se entregó la concesión al Consorcio Cobra – COSAPI (hoy solo Cobra). Diez años después, el proyecto sigue sin arrancar a raíz de las sucesivas adendas e incumplimientos del GRA y la concesionaria.
La propuesta de Adenda 13 y cambio tecnológico, a pedido de Cobra, es resistida por considerarse innecesaria y onerosa. En campaña, el propio gobernador Elmer Cáceres negó aprobarla; pero cambió de opinión al llegar al sillón regional. La empresa no cede en su postura, a la par que se suscitaron dificultades con la garantía soberana para el proyecto, que supera los 100 millones de dólares. Dinero que el GRA no tiene y acabó por acercar posturas con el Minagri. La explicación del equipo técnico es la que sigue:
“Lo que nos comentaba el MEF es qué hay normas macro fiscales. Y esta garantía soberana corresponde a la primera etapa del proyecto. Entendemos que la etapa I y II está garantizada, tiene garantía soberana. Pero en esta nueva inversión, ya escapa a las reglas macro fiscales. Entonces el MEF no podría brindar esta garantía soberana. Es por eso que se estaba buscando que esto pase al Minagri para desaparecer esa obligación que están solicitando los privados, los bancos”.
El convenio permitirá repartir las obras y responsabilidades del concedente entre el GRA y Minagri. Las obras complementarias debían salir del presupuesto regional, pero con el convenio las asumiría el ministerio. La repartición de responsabilidades queda de la siguiente forma:
Gobierno Regional de Arequipa:
- Operar y mantener las obras existentes así como continuar con la contratación de obreros de las mismas hasta que Minagri le comunique lo contrario.
- Custodia de los terrenos del proyecto
- Ejecutar las obligaciones y/o actividades de la primera etapa del proyecto en coordinación con el Minagri.
- Ejecución de vías de acceso públicas que correspondan al proyecto
- Informe de corte para conocer la gestión y situación actual del contrato de concesión.
- Hacerse cargo de las actuaciones o relaciones jurídicas procesales existentes a nivel judicial y/o arbitral relacionadas con la primera etapa del proyecto.
La representante indicó que la titularidad de los terrenos son de Autodema, no pasarán al Minagri. Además, continuarán con la operación y mantenimiento de la etapa I.
Minagri:
- Recibir la titularidad del proyecto y el contrato de concesión.
- Contratar los seguros de las obras existentes, cuando corresponda.
- Ejecutar los trabajos de la puesta a punto, incluyendo la evaluación y la ejecución de un sistema hidráulico que lo permita.
- Ejecutar el canal interceptor y obras de amortiguamiento en la cabecera de la irrigación Siguas.
- Asumir las actuaciones o relaciones jurídicas procesales existentes a nivel judicial y/o arbitral relacionadas con la ejecución de la Segunda Etapa del proyecto.
Minagri asumirá la puesta a punto, ejecutando un sistema hidráulico que no deje desabastecida a la primera etapa. Además, todo lo que venga en la etapa II de Majes.
Ambas partes:
- Subasta de tierras del proyecto al término del cierre financiero.
- Gestionar y materializar la transferencia de los recursos financieros, de acuerdo con lo establecido en el DU 021-2020.
- Confidencialidad.
- Cumplimiento de acuerdo tomados en las reuniones de trabajo.
La representación de la cartera de Agricultura señala una serie de ventajas para la región. La principal recae en el destrabe de la garantía soberana, que imposibilita la viabilidad de la Adenda 13. Con ello, se espera que se reinicien actividades en no más de tres meses.
Asimismo, apuntan a una importante inversión pública en lo referente a las obras de puesta a punto, para no afectar la demanda de agua. Además de un canal interceptor y obras de amortiguamiento en la cabecera de la irrigación Siguas.
Del mismo modo, ofrecen el apoyo de Agricultura en la gestión de presupuesto ante el MEF para otorgar presupuesto al GRA y Autodema, necesarios para implementar vías de accesos públicos.
La vigencia del acuerdo es de 5 años, aunque se renueva automáticamente. Ambas entidades deben acreditar coordinadores. Existe el acuerdo de hacer la subasta de tierras de manera conjunta, pero bajo el marco de ProInversión. Esto se encuentra estipulado en el contrato de concesión y es el mayor temor de los consejeros.
Dudas por terrenos de Majes y adenda
Durante las Elecciones Regionales 2018, el debate en agricultura se centró en la extensión de las parcelas de Autodema. El gobernador Elmer Cáceres y varios de los actuales consejeros se expresaron a favor de terrenos de cinco hectáreas, para pequeños agricultores.
Empero, el contrato de concesión bajó la llanta a la propuesta. La subasta de las tierras debía realizarse mediante ProInversión. El revés no cayó bien ni al GRA ni al CRA, y cobró fuerza la propuesta de modificar el contrato para que sea la región la que venda directamente las parcelas. También se habló de una distribución mixta, para la gran y pequeña agricultura. Esto, sin llegar a ningún avance concreto.
La irrupción del Minagri tira por el piso este “sueño”. La comisión técnica aseguró que se ceñirán a lo estipulado en el contrato, bajo las normas de ProInversión. Sin injerencia en la extensión ni garantía en el acceso a pequeños agricultores, varios consejeros ven zozobrar sus promesas de campaña y “traicionar a Arequipa”.
Lo mismo ocurre con la gestión del proyecto. Algunos representantes consultaron por una intervención parcial del ministerio. El gobierno nacional se encargaría de destrabar el proyecto y las obras de puesta a punto; y después que este retorne al gore para que este lo administre.
Las sucesivas y los incumplimientos contractuales son otro frente. A lo largo de los últimos años se acusó a la concesionaria de faltar a sus compromisos y buscar dilatar o favorecerse del Estado; desde las adendas hasta retrasar el cierre financiero.
En este contexto, sigue vigente el pedido de la recisión contractual por incumplimiento. Licitar nuevamente el proyecto dejando de lado a Cobra. La comitiva capitalina se pronunció en contra de esta opción, en vista de la premura por destrabar Majes Siguas II. Advirtieron que un proceso arbitral retrasaría otros tres años el proyecto. Un plazo inviable dada la necesidad de reactivación económica.
Propuestas y reacciones en Arequipa
La primera mesa de trabajo sobre el proyecto Majes acabó sin consensos y con más dudas que certezas. Un grupo de consejeros ensayaron otra vía de solución, de ejecutar el proyecto mediante un convenio de gobierno a gobierno. Similar al celebrado entre Perú y Reino Unido para concretar la también demorada reconstrucción con cambios.
Sin embargo, su viabilidad tiene por delante el candado del contrato de concesión y las dificultades antes expuestas en puntos anteriores. Rescindirlo tomaría años de procesos arbitrales que seguirán entrampando la irrigación.
Huber Valdivia, ex director del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), consideró positiva la oferta de destrabe de parte del gobierno nacional. Sin embargo, expresó dudas en torno a la firma de la Adenda 13 y el cambio tecnológico, el estudio de impacto ambiental y otros incumplimientos por ambas partes. Indicó que es necesario que se resuelvan antes de dar luz verde a la propuesta de Cobra.
Menos optimista es la mirada de algunos agricultores. Los gremios agrarios de Arequipa emitieron un pronunciamiento respecto a la distribución de las tierras. Recordaron el compromiso suscrito en noviembre del 2018 por Elmer Cáceres Llica, donde se prometía distribuir las parcelas en extensiones de 10 y 100 hectáreas. Ellos temen que, al pasar al gobierno nacional, se priorice el modelo de latifundio, impidiendo el acceso para pequeños agricultores. Incluso, indicaron que la transferencia es un reconocimiento tácito de la incapacidad del Gobierno Regional de Arequipa y traición a la región.
Las negociaciones entre la región y el gobierno nacional están contra el reloj: el 30 de agosto. Solo hasta esa fecha se podría incluir el proyecto dentro del presupuesto anual que el Minagri debe acreditar para el próximo año.
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