Luego que el pedido de vacancia contra el presidente de la República Martín Vizcarra no prosperara, nuevamente se retoman los asuntos pendientes del Congreso de la República. Entre ellos, las 3 denuncias constitucionales contra el legislador Edgar Alarcón, quien fue el artífice de la difusión de audios del mandatario.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tenía agendado el viernes 11 de septiembre concluir temas pendientes, para poder evaluar estas denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Pero el proceso se interrumpió justamente por la presentación de audios que realizó Alarcón un día antes, el jueves 10; trastocando completamente la agenda del Hemiciclo.
Pasado el pedido fallido de vacancia, esta comisión volverá a retomar las denuncias por delitos de cohecho por soborno. Además de enriquecimiento ilícito y peculado doloso, por hurto de dinero público.
El parlamentario Alarcón, cuenta con inmunidad, es decir, protección para no ser directamente investigado y enjuiciado. Antes de la comparecencia ante la fiscalía, primero el Congreso de la República debe admitir a trámite estas denuncias, las cuales pasarán recién a instancias judiciales. Los delitos que afrontará Edgar Alarcón podrían incluso sentenciarlo a cárcel efectiva.
Casualmente, los audios que expuso el excontralor ante el Parlamento, se dieron cuando la subcomisión había terminado con los casos de Pedro Chávarry, Héctor Becerril y Yesenia Ponce. Es decir, el siguiente era el mismo Alarcón.
Acusaciones contra Edgar Alarcón
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha aclarado que los casos por los que se le investiga a Alarcón, datan de julio del 2017. Es decir, no se trata de un amedrentamiento por el intento de vacancia, como se dejara entrever.
Entre los delitos que se le imputan, está la vinculación al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, líder de la banda “Los Temerarios del Crimen”. Aquí se le acusa de haber recibido un soborno (cohecho pasivo) de 30 mil soles para que desbloqueara las cuentas del municipio de Chiclayo, las cuales estaban congeladas por irregularidades detectadas en la comuna.
Las otras acusaciones son por los nueve vehículos que adquirió por un valor de 182 mil 550 dólares cuando era vicecontralor. Esta actividad es incompatible con su cargo. Sumado a ello, no declaró estas compras a la Sunat, ni lo consigna en las declaraciones juradas presentadas a la Contraloría de la República.
Detectado por el Ministerio Público entre los años 2007 al 2016, Alarcón deberá responder por estas acusaciones.
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