Cuando las botas mandan

#Hace20Años ¿Garantía o amenaza? Inadmisible ataque armado a humildes pobladores

El 30 de junio del 2000, el semanario El Búho contó la violenta acción de militares, contra pobladores que defendieron asentamientos en Miraflores: "Llega un reportero de radio Yaraví y empieza a transmitir en vivo el desalojo

Hace 20 años Avatar

El 30 de junio del 2000 salió publicada la edición N° 14 del semanario El Búho. En este reportaje retratamos la violenta acción de los militares, contra los pobladores que defendieron lo que en un futuro sería La Pradera, Juan XXVIII, Alto Juan XXIII, Señor de Coylloriti, Fuerte Arica y La Galaxia, en Miraflores (Arequipa). «Llega un reportero de radio Yaraví y empieza a transmitir en vivo el desalojo (…) Quién aparentemente dirigía el operativo, coge un FAL y dispara ininterrumpidamente primero al aire y luego al suelo. Cuando le informan que su gracia ha sido al aire, ordena agredir al periodista«. Este extracto expone el nivel de represión militar en aquel momento, lee aquí el reportaje completo.

Texto original publicado el 30 de junio del 2000

Un gobierno deslegitimado que se aúpa en las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder, se expone a qué generales y soldados se sientan dueños del país y actúen en consecuencia. Así, reconocen a presidentes antes que el Congreso emita comunicados de toda laya, desconocen acuerdos firmados con civiles y usan la fuerza para imponer sus intereses. Esto es lo que ha ocurrido el pasado 20 cuando medio millar de soldados intentaron desalojar a la fuerza a humildes pobladores de un terreno en litigio en Arequipa, la presencia de un periodista que transmitió en vivo los hechos impidió que se consumara el abuso. Pero la pregunta es si la soldadesca retornará a las labores que la ley le ha asignado o seguir avanzando en su injerencia en asuntos civiles y todo aquello que se relacione con el poder

Arequipa

Desconociendo un acta de conciliación firmada el 9 de febrero, el lunes 19 de junio a las 2 de la madrugada, un contingente de soldados con maquinaria pesada intentó desalojar a humildes pobladores que se han establecido desde hace algunos meses en los cerros ubicados en la parte posterior del cuartel Salaverry. La residencia de los vecinos y la rápida intervención de la Defensoría del Pueblo frustraron la intentona. No se pudo evitar la destrucción de 6 viviendas precarias, aunque sí, desgracias personales, un buldozer estuvo a punto de atropellar a un niño.

Para evitar los actos de violencia se reúnen durante horas, con la mediación del representante del defensor del pueblo, Rolando Luque, los dirigentes de los pobladores de las urbanizaciones La Galaxia, Fuerte Arica y el Señor de Coylloriti con el teniente coronel Ramón Rodríguez Banda y otros oficiales de alto rango de Arequipa.

El acuerdo fue continuar el diálogo en los próximos días teniendo como base el documento firmado en febrero, en el que se señala que no habrá invasiones ni tampoco intento de desalojo hasta que una comisión de topógrafos hagan los peritajes del caso para determinar los límites reales de la propiedad, que en la zona tiene la Tercera Región Militar.

A las 4:00 de la madrugada del día jueves 22, alrededor de 700 soldados rodea la zona en conflicto y hacen disparos al aire. Los vecinos no sólo no huyen sino que a gritos exigen se respete el acuerdo firmado hace menos de 24 horas. La soldadesca recibe la orden, lanzan bombas lacrimógenas y armados con escudos y piedras ingresan a los terrenos a destruir todo cuanto encuentren. Los vecinos resisten como pueden, son muchos los heridos.

Los pobladores tratan de identificar a los oficiales para dialogar, es imposible. Ninguno de los atacantes porta galones ni los marbetes de identificación que ordena el reglamento. Envalentonados avanzan contra mujeres y niños y causan destrozos en viviendas ubicadas fuera de los terrenos en litigio. Los vecinos de las urbanizaciones aledañas sufren también los estragos de las bombas lacrimógenas que llegaron a caer hasta dentro de sus casas.

La tropa, cuál fuerza invasora, empieza a quemar los enseres de los pobladores. Todo parece perdido hasta que, una hora después, llega un reportero de radio Yaraví y empieza a transmitir en vivo el desalojo. Así la ciudadanía y autoridades empiezan a enterarse de lo que está sucediendo. Quién aparentemente dirigía el operativo, coge un FAL y dispara ininterrumpidamente primero al aire y luego al suelo. Cuando le informan que su gracia ha salido al aire, ordena agredir al periodista; le arrebatan y destrozan su radio transmisor e intentan detenerlo, mientras un grupo de mujeres lo rescata.

A las 7:30, avisado por los vecinos, llega el sacerdote Eloy Arribas, director de radio Yaraví de Arequipa y párroco de la iglesia Cristo Obrero; intenta interponer sus buenos oficios para detener los enfrentamientos, pero como respuesta un grupo de soldados lo aparta a empujones.

Poco después llegan a la zona más periodistas. Los reporteros de radio Melodía casi son linchados por los pobladores, alguien corrió el infundado rumor que la emisora estaba justificando la barbarie.

Después se harían presentes el defensor del pueblo y el alcalde de Miraflores, que hasta ese momento había permanecido como espectador, decide intervenir. Según algunas versiones, los efectivos policiales que pernoctaban en la zona desde la noche del lunes se encontraban en estado de ebriedad.

Tras una larga conversación telefónica de Rolando Luque con el general Abraham Cano, los soldados reciben la orden de retirarse. Envalentonados por su hazaña suben a los cerros y con gritos celebran su «victoria».

La orden y el interés en Arequipa

El general Cano, jefe de la Tercera Región Militar, ha negado haber sido él quien dio la orden para la brutal represión; con lo que sugiere que un oficial de rango medio puede darse el lujo de desconocer un acuerdo firmado por un teniente coronel. Sin embargo, su afirmación resulta poco verosímil si se tiene en cuenta que apenas un día antes ,en declaraciones a la prensa en Chivay; calificó de invasores a los pobladores y aseguró que serían desalojados.

La AUPA está pidiendo la destitución de Cano, responsabilizándolo del operativo; pero dada la afirmación de inocencia del general, el motivo tendría que ser falta de autoridad, al permitir, sin ser consultado, se tomen decisiones de tal magnitud.

Con el desconocimiento de acuerdos firmados y el lavado de manos como política de la Tercera Región Militar, los cientos de familias que viven en la zona en conflicto no saben a qué atenerse. El temor y la incertidumbre se ha apoderado de ellos, ahora ven como enemigo al Ejército de todos los peruanos. Sólo confían en sus propias fuerzas para hacer respetar lo que ellos consideran su derecho

El interés del general Cano no es, como se pensaría, proteger una zona destinada a maniobras militares que permitan a los soldados estar convenientemente preparados para defender a la patria. Lo que la Tercera Región Militar tiene pensado es urbanizar la zona para construir casas para los militares que seguramente no serán tan modestas como las que actualmente se levantan allí. El nombre del proyecto lo dice todo: «Las casuarinas de Arequipa».

El por qué del litigio

Los cerros ubicados detrás del cuartel Salaverry son utilizados desde hace mucho tiempo como campo de entrenamiento militar. Este hecho hace suponer a la Tercera Región Militar que dicha área le pertenece.

Sin embargo, por la necesidad de vivienda, en los alrededores se han establecido las urbanizaciones La Pradera, Juan XXVIII, Alto Juan XXIII, Señor de Coyoriti, Fuerte Arica y La Galaxia. Lo que a los mandos del Ejército no les ha causado ninguna gracia. Según la Municipalidad de Miraflores, estas organizaciones se hallan ubicadas en zonas de uso civil. Por eso no se ha opuesto a la regularización de sus expedientes. La TRM, por su parte, valiéndose de una inscripción registral del 6 de mayo de 1991, insiste en que por lo menos parte del área que ocupan los asentamientos humanos nombrados, le pertenece.

Esta discordancia derivó en varios roces entre efectivos militares y pobladores, producidos a principios de año, que terminaron con la firma de un acta de conciliación el 9 de febrero. En aquella oportunidad se optó por el camino más razonable: el de la delimitación legal y técnica. Para ello se nombraría una comisión de cuatro peritos que harían un nuevo levantamiento topográfico; dos serían designados por el Ejército y dos por la comuna de Miraflores.

Según los pobladores de la organización La Galaxia, el Ejército nombró a dos peritos de Cofopri, quienes, a medida que avanzaban en su trabajo, comprobaban que la posición de la municipalidad era más acertada; según los primeros cálculos sólo tres manzanas de la urbanización nombrada estaban ubicados en los terrenos de la TRM. Ante esto, la comandancia del Ejército pone una serie de excusas para detener el trabajo de los expertos. Por lo bajo, logra abrir en Registros Públicos el expediente 00366071 del 28 de abril del 2000; con lo que el 2 de junio pueden inscribir nuevos límites de su propiedad, que abarcaría por lo menos la mitad de La Galaxia.

Con este respaldo, el 19 de junio, obviaron el trámite judicial y, suplantando a la Policía, intentan desalojar a los vecinos de la urbanización. Pero no sólo eso, según denuncian los pobladores, la intención del Ejército era ocupar los terrenos eriazos de las urbanizaciones La Pradera y Fuente Arica e incluso parte del área poblada del asentamiento humano Señor de Coylloriti.

En los últimos días, se realiza una nueva reunión entre los representantes de los pobladores, la TRM y la Defensoría del Pueblo. Acusado de azuzar a los pobladores, el alcalde de Miraflores, Arturo Valderrama, ha sido apartado de las conversaciones; algo a lo que él no se ha opuesto, siempre y cuando se llegue a una solución justa, según dijo.

Sí a la Tercera Región Militar de Arequipa le asiste la razón ¿por qué no continuó con el procedimiento acordado en el acta de conciliación en lugar de utilizar sus armas; y que sean los técnicos los que digan hasta dónde va la propiedad del Ejército?

La actuación de los militares en estos últimos días parece dejar en claro que son sus intereses los que marcan la pauta. Otra prueba – si les hacían falta más- para aquellos que aseguran que vivimos bajo las botas de una dictadura.

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