Majes Siguas II: las razones del gobernador para defender la adenda 13

Elmer Cáceres Llica habló de pérdidas millonarias si no firman convenio, así como perjuicios legales que generarían al gobierno regional

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La urgencia del Gobierno Regional por reactivar Majes Siguas II motivó a Elmer Cáceres Llica a explicar las razones de por qué se debe firmar la adenda 13. El gobernador de Arequipa aseguró este miércoles que hacen todos los esfuerzos para destrabar el proyecto paralizado desde el 2010.

Majes Siguas II: las razones del gobernador para defender la adenda 13

Cáceres Llica habló de pérdidas millonarias y años de retraso para la región si no acceden a la petición de la concesionaria Cobra que planteó el nuevo convenio. También dijo que la opción más viable para reactivarla sería ir al Congreso para conseguir la garantía que pide la contratista. Así, se dejaría de lado la posibilidad de que el proyecto pase al Ministerio de Agricultura.

El gobernador de Arequipa manifestó que viajarán a Lima próximamente para sustentar la propuesta legislativa que diseñaron para destrabar el proyecto.

La adenda 13 de Majes Siguas II

Frente a la opinión de algunos especialistas que piden respetar el primer convenio, el gobernador señala lo contrario. Incluso, reconoció que no tenía el sustento técnico suficiente cuando se opuso a la adenda en la época de campaña electoral. Siendo gobierno, las alternativas para sacar Majes II dependen de la voluntad política del Ejecutivo y Legislativo, agregó.

La autoridad regional hizo hincapié en los beneficios que traería para la región firmar la adenda 13. En primer lugar, se habló de ampliar las bocatomas de agua, de 98 a 200, al cambiar la red abierta a tuberías. También señaló que se han considerado bocatomas pensando que a futuro se instalarán ciudades alrededor de Majes Siguas II. Cualquier problema o desperfecto sería solucionado por Cobra.

En cuanto al esquema financiero, ya que es un proyecto mediante asociación público privada, la empresa asumiría el 57% (370 millones de dólares) del costo y el Estado el 43% (280 millones de dólares). El actual esquema establece que el Estado aporta 282 millones y el contratista 268 millones, teniendo un costo total de 550 millones. Para ello, la empresa pide que el Estado garantice que se va cumplir los compromisos pactados. “La empresa va a poner más que el Estado”, ha asegurado Javier Rospigliosi, jefe de Planeamiento.

Tres posibles alternativas para reactivar proyecto

La primera alternativa es la garantía soberana que pueda otorgar el Ejecutivo para los 104 millones de dólares que demandaría el proyecto, a razón del nuevo contrato.

La segunda alternativa es que el presidente de la República otorgue un fideicomiso, a través de un decreto supremo, por ese monto. La tercera alternativa es que la titularidad del proyecto pase al Ministerio de Agricultura a través de un convenio, pero el Consejo Regional se opone.

El gobernador considera que, si no se logra firmar la adenda y conseguir el aval, la concesionaria podría demandar al Gobierno Regional, litigio que tardaría al menos 6 años en resolverse. Luego, tendría que tomarse un periodo más para convocar a una nueva licitación.

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