Ayer a las 13 horas, la empresa Cobra, concesionaria de Majes Siguas II, remitió una carta vía correo electrónico al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En la misiva, informaban su intención de activar el mecanismo de resolución contractual aduciendo la caducidad del documento.
El documento también se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego, y a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Así lo informó el jefe de Planificación y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi Vega.
Al respecto, el funcionario explicó que el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato establece un proceso para la activación de la caducidad. Este señala que la notificación del inicio del proceso debe hacerse mediante conducto notarial. Sin embargo, Cobra arrancó el proceso mediante comunicación digital, que no se ajusta a lo estipulado en el documento.
En la carta remitida se señala que el Estado Peruano no habría cumplido con los acuerdos de la última acta de suspensión de actividades. Según esta, debieron remitirse informes a ProInversión y requerir opiniones técnicas de otras entidades relacionadas al proyecto. Por ello, Cobra desconoce el acta de suspensión de obligaciones alegando incumplimiento, aunque el acuerdo tenía vigencia hasta el 30 de octubre.
Rospigliosi explicó que el argumento al que recurre la compañía es falso. Recalcó que el GRA viene avanzando con el destrabe de la obra mediante el impulso del proyecto de ley 6133. La propuesta obtendría predictamen favorable esta misma semana en la Comisión de Presupuesto del Legislativo.
La estrategia del Gobierno Regional de Arequipa para hacer recapacitar a Cobra
Asimismo, el funcionario señaló que el artículo 16 del contrato de concesión establece que, antes de la resolución, se debe implementar un mecanismo de solución de controversias de forma directa, entre ambas partes. Esta será la estrategia a la que se aferrará el gobierno regional para evitar que se caiga el acuerdo.
Además de la resolución del contrato, Cobra exigiría el pago de lo invertido hasta el momento en el proyecto; y de daños y perjuicios provocados por los constantes retrasos por los que responsabilizan al Estado.
“Todos perdemos con la caducidad del contrato. No solo el gobierno, sino también la concesionaria”, reconoció Rospigliosi. De concretarse las intenciones de la concesionaria, se correría el riesgo de pasar 5 años en arbitrajes. Además, de la pérdida de 900 millones de soles en inversión, la ampliación de la frontera agrícola y miles de puestos de trabajo.
Desde el GRA también ven determinante la aprobación de ley para Majes Siguas, de cara a las negociaciones. Sin embargo, les preocupa que los ministros no participaran en la reunión de la Comisión de Presupuesto, convocada para ayer.
En todo caso, el ejecutivo regional iniciará coordinaciones con su staff de abogados para definir las acciones a tomar y evitar que el proyecto termine de naufragar.
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