«Quiero solicitarles, desde la posición del empresariado que está presente en Confiep, la no ratificación de este Acuerdo de Escazú», sentenció el miércoles la señora María Ysabel León, presidenta de CONFIEP. Fue ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, lo cual bastó para que ayer, el presidente de dicha comisión, el fujimorista Gilmer Trujillo, dé por concluido el debate sobre este tema; señalando que no se aprobará “por una amplia mayoría” dicho instrumento legal referido a derechos ambientales y derechos humanos .
El Acuerdo de Escazú, para quienes no lo saben, es un acuerdo regional propuesto y elaborado por varios países de Latinoamérica, entre ellos el Perú; que tenían interés en mejorar estándares ambientales. No solo por los conflictos socio ambientales que venían incrementándose en la región, sino porque muchos de estos países aspiran entrar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organismo que brinda beneficios de preferencia económica para los Estados, y que recomienda estándares para garantizar una economía responsable.
Este acuerdo versa sobre tres materias concretas, mejorar el acceso a la información del ciudadano en materia ambiental; participación ciudadana en estos asuntos; y justicia ambiental, promoviendo en particular la protección de los defensores ambientales. Es decir la obligación de los Estados de desplegar estrategias para evitar ataques y muertes de personas que se dedican a defender sus territorios o los bienes de la naturaleza.
El Perú firmó este Acuerdo en el año 2018, y para que entre en vigencia se necesita la ratificación del Congreso de la República. El Acuerdo de Escazú ya se encontraba para dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores; y cuando lo lógico era que este instrumento que reconoce derechos mínimos para los ciudadanos fuera aprobado sin mayor problema, se produjo la objeción del gran empresariado liderado por CONFIEP.
Tal vez porque para ellos el acceso a la información no es un derecho, sino una amenaza para sus inversiones; ya que los obligaría a transparentar sus implicancias ambientales. Quizá porque para los titulares de los megaproyectos la participación ciudadana es una afrenta, pues en este país el ciudadano tradicionalmente está al margen de las decisiones que se toman –a puerta cerrada- entre grandes empresas y gobierno; y, porque para la CONFIEP el término defensores ambientales sencillamente no existe. Lo que hay, desde su punto de vista, son “ciudadanos de segunda clase”, ignorantes, radicales o anti desarrollo, a quienes no les corresponde justicia sino persecución.
En suma, para el gran empresariado de este país, los derechos de la gente están supeditados a los negocios; y eso los hace relativos, y solo son posibles en tanto no le afecten sus intereses. Así lo asumen, y así logran imponerlo como postura entre quienes representan al Estado. Un ejemplo es el planteamiento del parlamentario Gilmer Trujillo antes citado, quien textualmente afirma que “hay que defender los derechos pero solo de manera regular; no como la CIDH que son pro derechos ambientalistas y pro derechos humanos, pero de manera extrema”; es decir que para él lo mismo que para los grandes empresarios de este país, la defensa de los derechos es limitada y no integral.
En un país donde las élites económicas siguen teniendo el poder fáctico, en un país con partidos débiles con representantes que sucumben al poder empresarial; con organizaciones sociales dispersas que tienen poca posibilidad de discutir estas retrógradas y denigrantes narrativas, no resulta difícil que gremios como la CONFIEP decidan incluso cuándo se reconocen y respetan los derechos de la población.
El tema de fondo como lo planea Francisco Durand, es que tenemos una continuidad del modelo económico y seguimos con una política de desregulación; por lo cual las empresas siempre se negarán a controles pues significan amenazas para sus inversiones. El Estado garante de derechos fundamentales en este escenario desaparece; y seguimos tolerando que las decisiones provengan y favorezcan a una minoría privilegiada, aun a costa de derechos básicos de las mayorías.
En Perú se siguen persiguiendo, criminalizando, matando a gente por defender sus territorios. Cuatro defensores han sido asesinados en estos meses de pandemia; pero por supuesto sus vidas, el respeto por la naturaleza, los derechos que hacen posible defender algo tan fundamental como el medio ambiente, no tienen la menor importancia en una república donde lo que prima es una dictadura empresarial.
(*) Congresista de la República, publicado en Noticias Ser
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