La emergencia sanitaria que enfrenta Arequipa y todo el país nos hizo tomar conciencia de la importancia de la calidad de los implementos de seguridad. Una necesidad que también se extiende a la seguridad en el trabajo, y que deben salvaguardar tanto instituciones como empresas.
Todo parece indicar que esto no ocurrió en la Licitación Pública Nº 004-2019 de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Contraloría emitió un informe de control específico respecto a presuntas irregularidades en este proceso de selección, que retrata descuidos y omisiones en la adquisición de implementos de seguridad para trabajadores municipales.
La licitación en cuestión se denominó “Adquisición de implementos de seguridad para el personal de la Municipalidad Provincial de Arequipa”, convocada el 29 de mayo de 2019. Esta labor se encargó al comité de selección que conformaron José Antonio Zea Díaz (subgerente de Logística), Eleanora Gálvez Arce (subgerente de Recursos Humanos) y Vilma García Silva.
La buena pro la obtuvo la obtuvo la empresa Vancouver SAC, que proveería 45 ítems por un monto de 500 mil soles. Proveerían distintos tipos de guantes, mascarillas, calzado, lentes, coderas, rodilleras, cascos, tapones y hasta escudos antimotines. Aunque su propuesta no cumplía con lo estipulado en las bases. Los postores debían presentar muestras de los implementos que pedía la comuna, para ser evaluados por el comité.
Solo dos empresas llegaron a esta etapa: Inversiones Consur Perú y la del proveedor ganador. Sin embargo, ambas propuestas diferían de lo estipulado en las bases. Por ejemplo, la de Vancouver SAC incumplía la característica de un ítem, mientras que presentó un producto no considerado, aunque por un error tipográfico de la MPA. Sin subsanarse ninguna de las inconsistencias, el comité dio luz verde a su propuesta y se firmó contrato el 16 de agosto del 2019. Pero aún hay más.
Buena pro sin pasar pruebas de calidad
El descuido del comité de selección no se limitó al cumplimiento. Tampoco atendieron a los estándares mínimos para equipos de protección personal y ropa de trabajo, ni las directrices del Instituto Nacional de la Calidad (Inacal).
La omisión quedó en evidencia el 11 de marzo del 2020, cuando un equipo de Contraloría verificó las muestras entregadas por Vancouver SAC. Se evaluaron 11 muestras de ítems., concluyéndose que 4 incumplían las especificaciones técnicas.
Se trataba de mascarillas con válvulas que presentaban bordes de menor calidad que los estipulados. También lentes de protección de menos de la mitad del peso requerido. Además de rodilleras y coderas tácticas con relleno defectuoso. Lo mismo que escudos antimotines que no se ajustaban a los estándares mínimos.
La entidad de control envió las muestras al Centro de Producción de Bienes y Servicios de Ensayo de Materiales de la Universidad Católica de Santa María. El laboratorio revisó los 11 items y concluyó que eran cinco los que incumplían la normativa de calidad.
Para Contraloría, el proceso debió declararse desierto desde el inicio. Si el comité de selección realizaba la corroboración de las especificaciones técnicas, se habrían encontrado las diferencias con los requerimientos en las bases.
Funcionario de la Municipalidad de Arequipa omitió cobro de penalidad por retrasos
Los vicios no se limitaron al proceso de selección. Durante el cumplimiento del contrato se produjeron otros despropósitos que también pusieron en riesgo los recursos de la Municipalidad de Arequipa.
La empresa se comprometió a realizar una primera entrega de los implementos, al 2 de septiembre del 2019. Días antes de vencerse el plazo, solicitaron una ampliación de plazo para la entrega de cascos antimotín, escudos antimotín, y coderas y rodilleras tácticas. Señalaban dificultades con el embarque de dichos elementos por complicaciones en Aduanas. Por ello, pedían un plazo no mayor a 30 días hábiles para subsanar el retraso.
El área usuaria de las adquisiciones, que era la Subgerencia de Recursos Humanos, se pronunció en contra de la ampliación. Por el contrario, pidió que se vele por el cumplimiento estricto del cronograma de entregas. Su postura fue respaldada por Asesoría Jurídica, que consideraba improcedente al requerimiento.
Este no fue el caso del subgerente de Logística, José Antonio Zea Díaz. El encargado respaldó la solicitud de Vancouver y señaló que el retraso no era imputable al contratista. Al final, la empresa entregó los demás elementos en la fecha fijada, y semanas después subsanó el saldo restante del primer bloque.
La cosa no quedó ahí. La segunda entrega tuvo un retraso de 53 días. Estaba prevista para el 7 de octubre, pero recién se hizo efectiva los días 25 y 29 de noviembre. Tanto el encargado del almacén municipal como la Subgerencia de Recursos Humanos hicieron notar esto al encargado de Logística.
Por el atraso, el proveedor se hacía merecedor de una penalidad del 10% del monto total del segundo despacho. Incluso, así lo hizo notar el área usuaria, señala Contraloría. No obstante, Zea Díaz no notificó de esto al área de Tesorería, que no aplicó el gravamen en el pago realizado a la compañía. Fue la propia Vancouver la que depositó en la cuenta de la comuna el monto de la penalidad, motu propio.
La empresa y el funcionario
En su informe, Contraloría hace notar algunos antecedentes entre José Antonio Zea Díaz y Vancouver SAC. Durante el paso del funcionario por la Municipalidad Distrital de Paucarpata, este integró dos comités de selección que adjudicaron procesos de selección a favor de la empresa.
El primero data de marzo del 2017. Se trata de la Adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Ciudadana de la comuna distrital, por 62 mil 900 soles. Le sigue uno del 6 de julio del 2018. Fue la por la adquisición de indumentaria para el personal del servicio de Seguridad Ciudadana, por 51 mil 243 soles.
Las coincidencias continuaron cuando Zea Díaz llegó al Municipio de Arequipa, en la gestión de Omar Candia Aguilar. Además de la Licitación Pública 004-2019-MPA, Vancouver obtuvo 9 órdenes de compra durante el 2019, por un total de 134 mil 272 soles. Todas por la adquisición de prendas e implementos de seguridad.
De acuerdo con OSCE, las socias accionistas de Vancouver SAC son Yhizard Díaz Dueñas y Yolanda Rivera Palma. Según SUNAT, se constituyó en agosto del 2013. En Transparencia Económica aparece como proveedor del Estado por 5 millones 657 mil soles, de los que 711 mil se obtuvieron con la MPA, y 637 mil durante el 2019.
Municipalidad de Arequipa, perjuicios y responsabilidades
Contraloría valoró en 195 mil soles el perjuicio económico generado por las irregularidades en el proceso de selección. Recomiendan que la comuna deslinde responsabilidades con los funcionarios señalados. Asimismo, piden al Procurador Público Anticorrupción que inicie acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos señalados.
Se determina presunta responsabilidad penal y administrativa de parte de José Antonio Zea Díaz y Eleanora Gálvez Arce. Mientras que David Mogrovejo Gonzales y Vilma García Silva tendrían solo responsabilidad administrativa.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
