En principio, ningún derecho puede ejercerse en oposición a otro. Así, no puede apelarse a la libertad de expresión como fundamento para producir y difundir mensajes racistas. Por ejemplo, cuando el cómico Jorge Benavides representa a la “Paisana Jacinta” hace mal en ampararse en la libertad de expresión, pues su caracterización “vulnera los derechos a la dignidad humana, igualdad y a la no discriminación de las mujeres andinas”. Y así lo expresa una resolución emitida por la Sala Superior Civil de Justicia del Cusco, en la que se prohíbe la emisión de este programa. Pero, si bien es plausible cualquier esfuerzo por combatir el racismo, debemos preguntarnos si la censura es la mejor decisión.
Erradicar todo tipo de discriminación es un deber de la sociedad en su conjunto; pero, otorgarle poder a una autoridad para la censura previa es un arma de doble filo. En el caso de la Paisana Jacinta, la decisión de la jueza Paredes Salas puede ser celebrada; pero, ¿qué pasará cuando algún otro magistrado se sienta habilitado para censurar expresiones artísticas libres por considerarlas ofensivas hacia un grupo? Podría suceder con exposiciones de tinte anticlerical o político, por ejemplo. El poder para trazar los límites no debería recaer en una sola entidad. De allí que las experiencias en otros países hayan determinado la necesidad de crear organismos idóneos que orienten el ejercicio de la libertad de expresión de modo que no atente contra otros derechos.
En el caso peruano, creemos, una millonaria e ineludible multa sería una gran disuasora de contenidos que normalicen la discriminación en los medios de comunicación.
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