El inicio de un arbitraje por Majes Siguas II parece inminente. Cobra, la empresa concesionaria de la obra, activó el mecanismo de caducidad del contrato para rescindirlo mediante una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que pone sobre el tapete la valoración de perjuicio a raíz de las paralizaciones de los trabajos.
Además de sustentar las razones para buscar el finiquito que la vincula a Majes Siguas II, Cobra señaló afectaciones millonarias motivadas por una falta de voluntad que atribuyen al GRA.
“Sin que el concedente muestre interés y voluntad reales en sacar adelante el proyecto, y luego de los cuantiosos daños emergentes por encima de 66 millones 990 mil dólares sufridos por el concesionario (Cobra), lamentablemente no se tiene otra alternativa que ‘actuar conforme a derecho’”, señalan.
Esto quiere decir que, de llegarse a un proceso arbitral, la constructora española podría exigir el referido monto por daños y perjuicios. Pero no sería la única suma a considerar como costo en caso esto sucediera. También deberá valorarse lo invertido por Cobra en el proyecto hasta el momento.
Si bien no se señala en el documento, la compañía ya dio a conocer el monto invertido en Majes Siguas II. De acuerdo con el diario La República, la concesionaria participó en un foro virtual de la organización política MOINCA, a fines de agosto. En la reunión participó Joaquín Roura, directivo de Cobra.
En la cita, el representante señaló que llevan invertidos 40 millones de dólares en la tuneladora para el canal trasandino e instalaciones. A lo que se suman otros 42 millones por conceptos varios. Ocurre que, en agosto del 2017, cuando era gobernadora Yamila Osorio, se acordó entre ambas partes que se podía adelantar obras.
Incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa
De acuerdo con el cronograma establecido para el destrabe de la obra, el GRA incumplió con obtener opinión favorable de ProInversión para la adenda 13, así como del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos debían lograrse para el 7 y 23 de septiembre últimos, algo que no sucedió.
Si bien algunos consejeros regionales y congresistas aún la objetan, la adenda 13 cuenta con una serie de actas aprobadas en la gestión de Yamila Osorio, que la respaldan. Si bien carecen de la firma de la exgobernadora, no fueron objetadas por la administración de Elmer Cáceres Llica.
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