Una inscripción registral de 1890 es el documento central en una disputa judicial y administrativa por cientos de hectáreas de terrenos en Yura. Los predios fueron invadidos la semana pasada, tal como denunció el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Los que se atribuyen la titularidad del predio, denominado la Común de los Zevallos, son cinco herederos representados por Violeta Aguirre Llerena. La apoderada dirigió una conferencia de prensa junto al abogado Abdón Álvarez Monje, quien fuera coacusado junto al gobernador Elmer Cáceres Llica y al gerente regional Gregorio Palma en un juicio por presunta falsificación de documentos.
El abogado señaló que sus representados nunca perdieron sus derechos sobre el predio. Señaló que este fue objeto de procesos judiciales e hipotecas desde hace décadas lo que, a su parecer, demostraría la titularidad. Actualmente se encuentran regularizando el dominio mediante procesos trámites administrativos ante el mismo GRA y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Además de litigios judiciales de por medio.
Si bien no se terminó de regularizar la propiedad, ya se habría avalado la ocupación de los terrenos. Entre 3 mil y 4 mil personas estarían instalados en la zona, y permanecerán en el lugar. Así lo explicó Álvarez Monje, quien manifestó que las personas están “cuidando” las tierras, con una “promesa de venta a futuro”.
La zona en conflicto está entre las asociaciones PROFAM y Jardines del Colca, y con extensión aproximada de 100 hectáreas. De acuerdo con el Gobierno Regional de Arequipa, estaba previsto que en el lugar se construya un colegio y un hospital. Al respecto, el representante de los herederos señaló que están en disposición de facilitar las tierras para ambos proyectos.
Advierten posibles irregularidades en desalojos de Gore Arequipa
Ante la ocupación de los predios, la región anunció que desalojarán a los invasores. Para ello, coordinarán acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Al respecto, Álvarez Monje advirtió que se debe informar a la Policía que parte de los terrenos están en litigio. Consideró que dicha institución debe actuar como juez y garante de la documentación existente. Así como las áreas comprometidas.
De otro lado, negó las informaciones periodísticas que informaron de cobros de 100 y 2 mil soles a los “cuidantes” de los terrenos. De acuerdo con las pretensiones de los herederos de los Zevallos, tendría una extensión de 29 mil hectáreas.
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