El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue detenido en Huaraz por mandato judicial en mérito a una investigación por presunta colusión agravada que realiza la Octava Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz al mando del fiscal Robert Rojas Ascón.
De acuerdo al requerimiento formulado por la fiscalía, “se le imputa a Juan Carlos Morillo haber defraudado al Gobierno Regional de Áncash, causando perjuicio económico y financiero a la entidad; concertando con los interesados y demás funcionarios investigados para favorecer a los representantes de las empresas ganadoras”.
Asimismo, de manera simultánea, los fiscales del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa realizan diligencias de allanamiento en diferentes inmuebles relacionados a la investigación.
Los representantes del Ministerio Público, Isabel Cristina Mendoza Rodríguez, Carlos Zárate Medina y Cinthia Miroslava Castillo Zapata; ejecutan estas acciones en apoyo al Octavo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios de Áncash.
Nueve personas comprendidas
El requerimiento lo planteó el fiscal anticorrupción, Robert Rojas Ascón, quien lidera el equipo especial que se conformó desde la Fiscalía de la Nación para investigar presuntas irregularidades en la adquisición y procesos hechos para hospitales de Áncash, durante el estado de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19).
Esta medida coercitiva también la solicitaron para otros funcionarios del gobierno regional y un grupo de empresarios. El Ministerio Público basa su pretensión en la pena que recibirían los investigados y la complejidad de los presuntos delitos.
Se conoció que también fueron detenidos en la sede del Gobierno Regional de Áncash los funcionarios Pedro Velezmoro Sáenz, gerente de Infraestructura; William Percy Rojas Vereau, gerente de Estudios y Proyectos; Jiordano Renzo Alva Pinedo, responsable del proyecto de inversión; Antonio Cerna Shuan, encargado de la evaluación del proyecto de inversión. Ellos permanecen en la sede del Poder Judicial.
A todos ellos se les investiga por presuntas irregularidades durante la remodelación de un nuevo ambiente COVID-19. Así también por la adquisición de equipos médicos que se ejecutaron en abril en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, para atender a los pacientes con coronavirus.
El pedido del fiscal ingresó ayer ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. Más temprano se emitió una polémica resolución judicial anulando la incautación de varios CPU del GORE Áncash, diligencia que realizó la Fiscalía hace días.
Como se sabe, Juan Carlos Morillo Ulloa, es el segundo vicepresidente del partido Somos Perú.
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