El 19 de mayo del año 2000, los Cáceres, padre e hijo que fueron exalcaldes de Arequipa, estaban nuevamente en el ojo de la tormenta. La razón: una denuncia por falsificación de firma ante al Jurado Nacional de Elecciones, que no se investigó. Ellos acababan de ser elegidos congresistas por Arequipa, representando al FREPAP. La ocasión fue propicia para recordar el largo historial de estos políticos que no tardaron luego, en cambiar de bancada, para favorecer a Fujimori.
NOTA ORIGINAL
Los Cáceres: la viga y la astilla
Hace unos días los controvertidos y polémicos Cáceres han vuelto al ojo de la tormenta. Esta vez pesa sobre ellos la denuncia de falsificación de firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones; al parecer Roger Cáceres Pérez había suplantado la firma de su padre Luis Cáceres en el momento de la inscripción de los candidatos al Congreso. Evidencia, una vez más, de la astucia de esos personajes para engañar y salirse con la suya, generalmente por encima de la ley.
Escribe: Lourdes Zanabria
Esta denuncia, en realidad, resulta pequeña comparada con el largo prontuario que ambos ostentan y el hecho, más que una anécdota, es preocupante, pues como se sabe, los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, lo que significa que todos sus procesos penales y judiciales pendientes quedarían en suspenso. El agravante es que el último fallo de la Corte Suprema de Justicia, dado en octubre de 1999, en un juicio por el delito de peculado en agravio de la municipalidad provincial de Arequipa, sentencia a José Luis Cáceres Velásquez a 3 años de inhabilitación y, según ley orgánica 26859, no podía ser candidato, en este proceso electoral.
La gran incógnita es reconocer por qué el Jurado Nacional de Elecciones no tachó de oficio su inscripción: porque tiene que existir una denuncia previa para que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie al respecto, y porque el presidente del jurado especial electoral, Isaac Rubio Ceballos, no informó de los antecedentes y sentencia vigente a Luis Cáceres, siendo él uno de las vocales que falló en su contra cuando el proceso estaba en la Corte Superior de Justicia de Arequipa? Por último, ¿por qué para ser candidato al Congreso, no es necesaria la revisión de los antecedentes del futuro padre de la patria?
Los Cáceres desde Juliaca
La historia de sus quehaceres y su innegable como inexplicable popularidad se inicia en Juliaca, un pueblo eminentemente comercial, cuyo auge se debió al tránsito del ferrocarril del Sur. La elección de Roger Cáceres Velásquez como diputado en 1956, 1962 y 1963 sirvió como catapultar el surgimiento del “clan Cáceres”; primero la alcaldía de Juliaca, el supuesto éxito de la gestión, la inmigración y muy pronto su fama, se extendió al punto de alcanzar la alcaldía de Arequipa y tentar la presidencia de la República.
El comerciante Luis Cáceres Velásquez, fue elegido alcalde de Arequipa en 1986 y reelegido en 1989. Estas gestiones le provocaron decenas de juicios por corrupción, peculado y agresiones verbales y físicas, procesos que lo llevaron a prisión en dos oportunidades, pero por poco tiempo; y de las que se libró por prescripción del delito y por una supuesta precariedad de su salud, lo que no consigue detener las denuncias, los procesos y las sentencias. No obstante, siempre tuvo una sorprendente (algunos dirán sospechosa) suerte para evadir los líos judiciales.
El último proceso en el que está involucrado por delito de defraudación se encuentra en el séptimo juzgado y la apertura de la instrucción tiene como fecha el 3 de marzo del 2000. El código del expediente es 2000-1287.
La última sentencia vigente emitida por la máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia, el 13 de octubre de 1999, por el delito de peculado en contra de la administración pública y en agravio de la municipalidad provincial de Arequipa; condena a Luis Cáceres Velásquez a 3 años de pena privativa de la libertad, ejecución suspendida condicionalmente por el plazo de prueba e inhabilitación por el término de 3 años. Fija el monto de 15 mil nuevos soles cómo reparación civil a favor del agraviado.
El hecho se remonta 1992 cuando Javier Cáceres Pérez era presidente de la asociación de peruanos residentes en Los Ángeles, California. A través de su empresa EXPOEGUR, adquirió de Estados Unidos 5 ambulancias marca Chevrolet, las que hizo trasladar al Callao, desaduanando sólo dos de ellas y que fueron vendidas en Lima, en la empresa Cruz Verde. Como no pudo desaduanar las tres restantes, procedió a donarlas al Concejo Provincial de Arequipa, cuando Luis Cáceres aún estaba en el segundo año de mandato.
Una vez liberadas de los impuestos de aduana, las tres ambulancias debieron ser cedidas a la tercera región de la Cruz Roja; sin embargo Javier Cáceres Pérez las comercializó. Vendió uno de estos vehículos a la municipalidad provincial de Camaná, cuando era alcalde Herber Samalvides hoy congresista reelecto; otro a la municipalidad de Moquegua y el tercer vehículo fue ofertado al municipio distrital de Sachaca, con el expreso consentimiento de Luis Cáceres Velásquez.
El fallo de la tercera sala penal presidida por José Lecaros Cornejo, e integrada por Juan Chávez Zapater, Isaac Rubio Ceballos actual jefe del jurado especial de Arequipa, condenó a Cáceres en los mismos términos, qué líneas arriba veíamos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La fecha de la sentencia, por tanto, vence en octubre del 2002.
Ley oportuna
Si bien es cierto que la ley orgánica de elecciones contempla las tachas de los candidatos a congresistas antes del proceso electoral, después de las elecciones, la tacha sólo puede proceder si se demuestran que el candidato elegido no posee la nacionalidad peruana, según lo estipula el artículo 123 de la ley orgánica de elecciones. Por ejemplo, te vas a la tacha sobre falsificación de firmas o sentencias pendientes que los inhabilitan no se consignan porque los impedimentos solamente son para los candidatos o postulantes.
Así, sí ese existía una tacha contra algún candidato, la denuncia tenía que haberse presentado tres días después de la publicación de las listas en el diario oficial El peruano, previo pago al banco de la nación equivale a la suma de una UIT, o sea 2900 nuevos soles. Aún más, cualquier tacha debió ser resuelta por el JNE antes de las elecciones. Esto prácticamente impide su separación el congreso, sobre todo después de sus declaraciones y coqueteos con el gobierno.
El artículo 114 señala que están impedidos de ser candidatos quiénes han sido suspendidos por ejercer su ciudadanía; ya sea por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de libertad, o por sentencia de inhabilitación. Es el caso de Luis Cáceres Velásquez.
De raza le viene al galgo
Roger Cáceres Pérez, juliaqueño de nacimiento y comerciante de oficio, fue alcalde provincial de Arequipa en los años de 1995 a 1998 y alcalde distrital de Yanahuara en los períodos consecutivos. La cantidad de procesos que le siguen en casi todos los juzgados es también abrumadora; y, tal como su progenitor, es acusado por delitos de corrupción, peculado, desobediencia y resistencia a la autoridad, entre otros de los que sale bien librado.
Cáceres Pérez ha ido acumulando instrucciones a partir de su primera gestión como alcalde, implicado en la venta ilegal de terrenos; lo que le ha valido varias sentencias en la Corte Superior de Justicia, que en su mayoría han sido apeladas.
El último proceso judicial dicta mandato de comparecencia en su contra, por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos; y por abuso de autoridad en agravio de la empresa de transporte Los Pioneros. El expediente se encuentra en el sexto juzgado penal, con el código 2000-1156.
La gerencia de la gestión municipal
Antes de culminar su mandato edil, el 31 de diciembre de 1998, la situación legal de Cáceres Pérez no era envidiable; como no es ahora que ha sido electo congresista y lo acusan de suplantar la firma de su padre ante el Jurado Nacional de Elecciones. La diferencia sustancial está en que la proclamación de su candidatura lo investirá de inmunidad parlamentaria. La noche del 31 de diciembre de 1988, último día de su mandato, ejecutó la venta del porcentaje de propiedad municipal en el terminal terrestre; según él, para pagar las deudas bancarias que había adquirido la municipalidad. Ese día también finiquitó la venta del terminal pesquero a la asociación de comerciantes “San Pedro el pescador”. La minuta fue fedateada por el estudio del no menos famoso Javier Taboada. Todo con el objeto de dejar el municipio en estado de quiebra.
Tampoco responderá por la construcción del interminable puente Los héroes del Cenepa qué generó un gasto de 2 300 000 soles; de los cuales medio millón los invirtió el municipio. Con el pretexto de la transferencia del poder, el 6 de enero, algunos funcionarios en la gestión de Cáceres ingresaron a las instalaciones del concejo provincial para sustraer documentos de archivos y otros pertenecientes a la alcaldía.
el 26 de enero de 1999 recién se da a conocer el monto de deuda con la compañía telefónica por servicios de telefonía móvil; monto que ascendió a $15000 por el uso de 9 celulares. El actual burgomaestre Juan Manuel Guillén declara a la prensa que la municipalidad hereda una deuda de 40 millones de soles. Razón por lo que las cuentas del fondo de compensación municipal del programa del vaso de leche estaban embargadas; los trabajadores impagos y el desorden al interior se había generalizado.
Congresistas FREPAP
La expectativa del Frepap, de tener como candidatos a los Cáceres, además del supuesto pago de $5000 que después se desmintió; estaba basada fundamentalmente en la incondicionalidad de esos administradores; que siempre creyeron en el “roba pero hace”. Sin embargo su preocupación gira en torno al cumplimiento de los objetivos y finalidades de la congregación israelita: ampliar y reforzar las llamadas fronteras vivas. Antes del 9 de abril Luis Cáceres Velásquez declaraba que Fujimori debía irse y que se le diera la oportunidad a un cholo. Después se retractó por razones que no es difícil de deducir. Hasta la actual situación en la que se aporta a la continuidad de Fujimori quien, seguramente, lo requerirá para asegurar una mayoría en el parlamento.
Han transcurrido varios días desde la denuncia hecha ante el JNE y aún no se ha pronunciado al respecto. En Arequipa, el jefe del jurado electoral, Isaac Rubio Zeballos, no ha emitido ningún comunicado porque, asegura, no le compete.
La peligroso de esto, es que todo, incluso esta sentencia vigente queda en el olvido; y por consideraciones extrajurídicas que, una vez más, ponen en evidencia la cuestionada transparencia del proceso.
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