Los elegantes de la Municipalidad de Arequipa: PJ evalúa prisión preventiva de 22

Fiscalía anticorrupción estableció que el nexo con los funcionarios ediles y policías fue una falsa abogada que promovió los sobornos. Mientras juez evalúa la prisión preventiva, de 18 meses, para los investigados.

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mafia municipal en Arequipa

El fiscal anticorrupción Arturo Valencia recabó una serie de evidencias que revelan cómo funcionarios de la Municipalidad de Arequipa y policías defraudaron por años al Estado. Estas se han expuesto en la audiencia virtual que empezó este miércoles y dirige el juez José Málaga, del Juzgado de Investigado Preparatoria para casos de corrupción de funcionarios de Arequipa. Su despacho decidirá si aprueba o no los 18 meses de prisión preventiva solicitada para los 22 investigados.

El fiscal Valencia mencionó que la mafia se encargó de anular cientos de papeletas impuestas a conductores ebrios. También efectuó la devolución de las licencias y vehículos, mediante el pago de sobornos. La supuesta abogada, Lorena Cáceres Muñoz, tuvo un rol preponderante. Ella tenía los contactos en la PNP y el municipio para conseguir “limpiar” a los infractores.

Cáceres Muñoz se presentaba como abogada sin tener colegiatura y sin tener su título registrado en Sunedu, sostuvo el fiscal.

Los roles de los Elegantes de la Municipalidad de Arequipa

El Ministerio Público determinó que la red actuaba en dos momentos. El primero era en las comisarías y el otro en el municipio de Arequipa.

Según detalló el fiscal Arturo Valencia, durante los operativos de tránsito se intervenían a choferes con signos de embriaguez, que luego eran trasladados a las comisarías. Al dar positivo a la prueba de alcoholemia se les imponía la papeleta y les retenían el brevete y el auto. Sin embargo, los policías investigados les brindaban una salida que era contactar a Lorena Cáceres, “La Doctora”.

Cáceres les ofrecía recuperar la licencia, el auto y además eliminar su nombre del registro de infractores. Por este trabajo, les cobraba entre 3 mil y 5 mil soles. Los conductores pagaban a la supuesta abogada un 50% del monto requerido el día de la intervención y el resto cuando quedara anulada la sanción.

Para la fiscalía, “La Doctora” conseguía que los agentes no internaran los vehículos al depósito y se le devuelva la licencia a través de la entrega de sobornos. Durante la investigación, se identificó más de mil 200 actas firmadas por los agentes bajo que argumento de que estaban llenos o cerrados.

Entre los investigados se encuentran: Edwin Ysauro Cárdenas Peña (exencargado del Área de papeletas de la unidad policial de Tránsito de Arequipa), Guido Sano Gutiérrez, Helard Roberto Gamarra Amésquita, Javier Antonio Quispetera Diaz, Cristhian Alfredo Zúñiga Castro, José Luis Bravo Palomino, Henry Medina Mamani, Richard King Díaz Choque, Néstor Gonza Limache, Elizabet Miriam Valverde Quintanilla y Evaristo Winder Felipe Revilla Alpaca.

En cuanto a la anulación de las papeletas, Cáceres habría entregado sobornos a los funcionarios para obtener resoluciones a su favor. El Fiscal indicó que los responsables del área de Circulación Vial y Fiscalización: William Rodrigo, Edward Nuñez, Reúl Mejía y Tomas Huampi, emitieron resoluciones de nulidad bajo el argumento de que las actas tenían errores de llenado, obviando las pruebas y actas. Mientras que los servidores Ronald Lázaro, Celina Rosas, Marisol Vizcarra y Mauricio Meza contribuyeron con sus acciones a este ilícito.

Abogan por la liberación de investigados

Los abogados defensores han señalado que el requerimiento es inconsistente y que no existen pruebas directas de la entrega de las dádivas. Demandaron que los investigados sean liberados, por las condiciones de salud que afrontan los investigados y el riesgo de contagio.

Por su parte, el despacho del juez José Málaga ha establecido que se abocará por completo al caso. Se ha previsto audiencias diarias, por lo menos durante 15 días, antes de emitir una decisión.

A los investigados se les imputa los cargos de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función fiscal, cohecho activo, falsificación y uso de documento público y ejercicio ilegal de la profesión.

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