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Arequipa

Yamila Osorio sobre acusación de ICCGSA: es venganza por haber ejecutado carta fianza (video)

Fiscal del Equipo Especial Lava Jato declaró compleja la investigación y ha indicado que medida es necesaria para las investigaciones. De aceptarse, Osorio deberá volver al país, pues se encuentra estudiando en España

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En manos del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena está la situación legal de Yamila Osorio, exgobernadora de Arequipa, investigada hoy por cohecho y asociación ilícita.

El fiscal Hamilton Montoro, del Equipo Especial Lava Jato, fundamentó este viernes el pedido de impedimento de salida del país contra Osorio Delgado. Demandó que la exgobernadora permanezca en Perú mientras siga en curso la investigación por supuestamente haber pedido S/2 millones en sobornos a la empresa ICCGSA durante su gestión. El caso ha sido declarado complejo.

No obstante, la extitular del Gobierno Regional de Arequipa, quien se encuentra en España, ha rechazado las acusaciones como falsas. Durante la audiencia virtual, ha dicho al juez que se trata de un acto de venganza por parte de los ejecutivos de ICCGSA. Asimismo, cuestionó que el proceso se haya filtrado primero a los medios de comunicación antes de habérsele notificado formalmente.

¿Por qué la Fiscalía la investiga a Yamila Osorio?

Recientemente salieron a la luz los testimonios de dos colaboradores eficaces, el 01-2019 y el 13-2019, que señalan a Yamila Osorio por supuestamente haber pedido coimas. Esto para obtener el contrato de la obra Variante de Uchumayo. La solicitud se realizó días antes de que la entonces gobernadora de Arequipa suscribiera el documento, explicó el fiscal.

“El 10 de diciembre (de 2015) se formaliza la adjudicación y se está previo al contrato. En ese ínterin se presenta una persona clave que está ligada a la señora Yamila Osorio; se presenta el señor Edgar y se contacta con Carlos Zariquey, que es el gerente comercial de ICCGSA y le refiere de que si se va suscribir el contrato, por indicación de Yamila Osorio, se le tiene que dar un soborno de 2 millones de soles y si no pagaba ese monto entonces la presidenta del GRA no iba a suscribir el contrato”, manifestó.

Asimismo, uno de los colaboradores indica que Osorio Delgado se reunió con dos ejecutivos de ICCGSA, Zariquey y Granados, en un restaurante en Lima, para exigir lo que faltaba del dinero, pues se le había entregado solo 450 mil soles.

Además, Montoro postula que la exgobernadora aprobó indebidamente la entrega de adicionales de dinero a favor de ICCGSA. Esto lo hizo utilizando el esquema del Gobierno Regional de Arequipa, dándole una apariencia legal. Ello se sustenta en un informe de la Contraloría del 2018 que evidenció la entrega de 2 millones 464 mil soles del GRA a la constructora, bajo el concepto de materiales de obra, pero sin el sustento técnico.

El fiscal del Equipo Lava Jato también mencionó que la investigación apenas ha comenzado y se requiere “sujetarla al caso” para las diligencias. En este sentido, evidenció el movimiento migratorio que ha tenido Osorio Delgado desde que dejó el cargo de gobernadora., con varias salidas del país, además de las 27 investigaciones fiscales que tiene en su contra.

Exgobernadora de Arequipa se defiende

La exgobernadora indicó que su estadía en España es temporal y se debe a sus estudios de posgrado, además de recibir invitaciones en otros países. Sobre las acusaciones en su contra, Osorio indicó que se trata de un acto de venganza por parte de la empresa a quien se le anuló el contrato y se cobraron los 30 millones de soles de las cartas de garantía.

“Mi gestión no dudó en resolver el contrato a la empresa ICCGSA y probablemente la ejecución de las cartas de fianza por 30 millones de soles sea lo que motiva esta denuncia en mi contra…esto es un acto de venganza por haber actuado en defensa de los intereses legítimos de Arequipa”, respondió Yamila Osorio.

También señaló que los informes de la Contraloría no la aluden directamente como responsable. Agregó que le causa extrañeza que se haya puesto en conocimiento de los medios sin antes citarla la fiscalía.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena cerró el debate después de casi dos horas de audiencia. Indicó que la resolución se emitirá por despacho dentro de las 48 horas siguientes.

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