El Hospital Docente Materno Infantil El Carmen es el mayor centro de atención de embarazadas, neonatos, niñas y niños de Junín, Perú. Tiene carácter público, pero depende de los contratistas para contar con médicos. Solo entre 2019 y el primer semestre de 2020 concedió 96 contratos a empresas privadas para proveerse de especialistas, entre ellos obstetras, neonatólogos y pediatras, esenciales para su misión, además de otros como infectólogos, cuya importancia se hizo aún más evidente con la pandemia de Covid 19 que tiene a Junín entre las regiones más afectadas del Perú.
El hospital concedió 33 de los contratos del período a 2 compañías que apenas tenían meses de trayectoria cuando comenzaron a brindar sus servicios a la institución. Una es Cuido Tu Salud, que fue fundada en 2017 por un joven que entonces tenía 20 años de edad: Jean Colachagua Orizano. La otra es B&J Segsalud, que fue constituida en 2018 por Diana Chuquillanqui Yupanqui cuando tenía 22 años y por su socia, Diane Canchanya Rojas, cinco años mayor.
A una edad cuando la mayoría de los jóvenes de Junín no han logrado su primer empleo, hacen trabajos a destajo o apenas se asientan en su carrera laboral, los tres emprendedores lograron abrirse paso como contratistas del Estado. Ambas compañías, sin embargo, son ejemplo de algo mayor: un floreciente negocio que se consolidó en Junín gracias a la tercerización de la contratación de médicos para el sector público, modalidad que ahora está bajo la lupa de las autoridades por la sospecha de que tuvo como telón de fondo un gran esquema de corrupción.
Los hospitales estatales de Junín otorgaron al menos 831 contratos por más de 23 millones de soles –8 millones de dólares aproximadamente– a 16 empresas especializadas en la provisión de profesionales entre enero de 2013 y junio de 2020. La información procede de una base de datos elaborada para esta investigación de 7 Días y Presunto Culpable realizada en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS y con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). La herramienta se construyó con la consolidación de registros disponibles en línea del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Casi 40 por ciento de los contratos del período, un total de 306, fue otorgado en los 17 meses de ejercicio del actual gobierno, en manos del médico Fernando Orihuela, quien asumió el cargo en junio de 2019. El funcionario se desempeñó como vicegobernador durante el primer semestre de ese año hasta que Vladimir Cerrón, su colega médico y jefe político, fue separado del poder tras una condena por corrupción que actualmente cumple en libertad. Ambos forman parte de Perú Libre, partido de izquierda identificado con el castrismo cubano y el chavismo venezolano.
Orihuela fue director adjunto y luego jefe de la Dirección Regional de Salud (Diresa) entre 2011 y 2014, durante un primer período de gobierno de Cerrón. El organismo es clave en la supervisión del esquema de contrataciones tercerizadas, que se mantuvieron entre 2015 y 2018 durante el paréntesis que supuso el mandato de Ángel Unchupaico de Junín Sostenible, partido rival de Perú Libre.
Orihuela ordenó en junio pasado la suspensión de la modalidad de contrataciones luego de que un medio de comunicación local, Portal Central, publicó un reportaje sobre un clan de dos familias, los Colachagua Vivanco y los Vásquez Orihuela, que resultaron especialmente beneficiadas a través de seis empresas, incluida Cuido tu Salud. El gobernador, quien ha negado nexos de parentesco o de otra naturaleza con los mencionados, tomó entre sus primeras decisiones destituir a los directores de cuatro de los hospitales y redes de salud quienes tenían entre seis y diez meses en esos cargos. La medida apenas rozó la superficie de una fórmula de contrataciones vigente desde hace casi una década.
La Policía y el Ministerio Público iniciaron investigaciones a raíz de las denuncias. De fuentes vinculadas con las averiguaciones se supo que los avances han sido lentos por los impactos de la pandemia, que el énfasis ha sido puesto en los Colachagua Vivanco y en los Vásquez Orihuela y que no se descarta que ese clan familiar haya funcionado como una pantalla de otros intereses. La lista de empresas beneficiadas, no obstante, fue más allá de ellos y facilitó que otros proveedores también formaran parte del poder detrás del trono de la salud.
Documentos oficiales analizados para este trabajo evidencian, de hecho, que empresas del clan familiar y de sus competidores incluso coincidieron en prácticas como la de falsificar información para ganar los contratos públicos de provisión de médicos, de acuerdo con OSCE. La institución emitió entre 2017 y 2019 cuatro dictámenes contra tres compañías, dos del clan familiar y una ajena. Copias de los expedientes fueron remitidas al Ministerio Público de Junín para que iniciara investigaciones penales si lo consideraba pertinente.
En todos los casos las empresas fueron inhabilitadas para hacer negocios con el Estado por períodos superiores a tres años, más allá de los argumentos de inocencia presentados por sus representantes. Las sanciones no impidieron a algunos encontrar atajos para seguir en el juego. La propietaria de una firma castigada se sumó al equipo gerencial de otra compañía que su esposo fundó apenas conocidas las sanciones. Gota a gota, la firma recién estrenada siguió recibiendo contratos de las instituciones de Junín sin ningún inconveniente hasta superar el millón de dólares en asignaciones.
El modelo de tercerización aplicado en Junín también ha activado alarmas, porque pudo encubrir una estrategia masiva de fraccionamiento, de acuerdo con fuentes consultadas para este trabajo. Esa es una fórmula ilegal a través de la cual lo que debería ser entregado en una sola y gran contratación se divide en numerosos y pequeños contratos similares. El fraccionamiento suele disimular la entrega de montos millonarios a determinados proveedores al amparo de mecanismos de control menos rigurosos que los exigidos para contratar cifras mayores. El experto Chou Gaspar Marca opina que el sistema de salud pública no debió privilegiar la entrega de asignaciones parciales sino la realización de convocatorias amplias, con mayores mecanismos de control, que solucionaran las principales necesidades de especialistas en los hospitales: “No se puede realizar contrataciones fraccionando el mismo rubro… Convocar aparte a pediatras, a traumatólogos y así, eso no va”.
Una fuente de la Diresa, que habló anónimamente por temor de represalias, coincidió con la observación del experto, aunque con resignación afirmó que más allá del modelo de contrataciones usualmente en el sistema público suelen colarse los amigos de los políticos en el poder y las irregularidades: un caso reciente ocurrido en Satipo, confirmado para este trabajo, involucró a un grupo de médicos y enfermeras no tercerizados que en medio de la pandemia cobraron sin trabajar.
El valor promedio de los contratos identificados en la base de datos de este reportaje fue de 26.000 soles, 5.000 dólares aproximadamente. Lo reducido del monto también llamó la atención de Gaspar Marca, quien advierte sobre la posibilidad de que las bajas tarifas no sean sinónimos de negocios favorables para el tesoro público sino de un modelo que enmascaró la prestación no satisfactoria de los servicios. Para este proyecto, por ejemplo, se solicitó a través de la Ley de Transparencia la documentación de soporte sobre las labores ejecutadas por los médicos contratados a terceros durante 2019 y 2020 en los hospitales El Carmen y el Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, este último el más grande de Junín. Se pidieron, entre otros, los controles de asistencia y los datos sobre el número de pacientes atendidos. La información no fue entregada sin explicación alguna.
Para esta investigación, fueron contactados representantes de las 16 empresas identificadas. Solo un vocero de las familias Colachagua Vivanco y Vásquez Orihuela respondió por escrito solo en defensa de la compañía que encabeza y de la legalidad del negocio, aunque se excusó de no dar más explicaciones debido a las investigaciones abiertas.
El gobernador no pudo ofrecer una entrevista antes del cierre del reportaje: entre en las limitaciones de tiempo que le impuso la reciente crisis política peruana, que supuso la destitución de un presidente y el nombramiento de otros dos en noviembre pasado. “Estamos liderando una lucha frontal contra la pandemia y por otro lado es triste que suceda esto; voy a solicitar la intervención del Ministerio Público y van rodar cabezas en el sector Salud”, declaró Orihuela en junio cuando se revelaron los negocios alrededor del esquema. En la misma línea se expresaron los voceros de la Diresa en su momento, aunque para este trabajo tampoco se manifestaron. Entonces también prometieron investigaciones cuyos resultados al presente no se conocen.
Pocos médicos, muchos empresarios
Junín se encuentra entre las regiones más aquejadas por un problema nacional que facilitó el auge del esquema de contratación. “Hay escasez de médicos especialistas”, afirma Wilbert Barzola Huamán, presidente de la filial regional del Colegio Médico del Perú. Voceros de la institución a la que pertenece ya habían señalado en 2015 que faltaban más de 6.300 en todo el país y que se requerían políticas coordinadas para superar el déficit.
En ese contexto se abrió el paso la alternativa de recurrir a compañías privadas. “Prácticamente todos los centros de salud de Junín vienen funcionando a merced de estas empresas. Supuestamente tenemos hospitales donde se deberían de formar médicos especialistas, pero en la práctica eso no se ve”, dice el presidente del Colegio Médico de Junín. Las autoridades construyeron el modelo a través de las “adjudicaciones directas” primero y de las “adjudicaciones simplificadas” después. Son las figuras de la antigua y de la nueva ley de contrataciones que han contemplado procedimientos flexibles para la contratación de bienes y servicios por montos que no superen determinados topes establecidos en el presupuesto nacional, el actual de 400.000 soles. Los concursos públicos, la otra alternativa usualmente utilizada en casos de personal, involucran montos mayores y demandan más tiempo y rigor en los procedimientos de ejecución de la convocatoria y en su fiscalización.
Los Colachagua Vivanco y los Vásquez Orihuela se sirvieron especialmente del esquema mediante adjudicaciones. Sus empresas recibieron entre 2013 y 2020 un total de 381 contrataciones por alrededor de 12 millones de soles, casi 4 millones de dólares. Del grupo restante de firmas resaltan tres: la ya referida B&J Segasalud, Multiservis Danden E.I.R.L. y Servibles E.I.R.L, que en conjunto recibieron 340 contratos por alrededor de 5,97 millones de soles, equivalentes a cerca de 1,8 millones de dólares. Las otras 7 compañías lograron asignaciones individuales de menor cuantía, aunque en bloque suman otros 2.9 millones de soles, cercanos a 600 mil dólares.
Los negocios de los Colachagua Vivanco y los Vásquez Orihuela comenzaron en 2011 con la constitución de la compañía ChrisCovi E.I.R.L propiedad de la abogada Chris Colachagua Vivanco. Ella tenía 19 años de edad y estudiaba Derecho en ese momento, pero encontró una veta que no paró de crecer. La madre de su esposo, Eva Orihuela Galván, fundó después la firma Adar Adriel E.I.R.L, el 20 de febrero del 2015. La mujer es bachiller en Contabilidad y hasta hace tres años se desempeñaba como auxiliar administrativo en la Universidad Nacional del Centro de Perú, la principal institución pública de educación superior de Junín. Después de su suegra, le tocó el turno a la madre de la joven emprendedora, Victoria Pilar Vivanco Hinostroza, quien fundó la compañía Servicios Especializados Arlet E.I.R.L el 9 de marzo del 2016.
El 2 de junio de 2017 el esposo de Colachagua Vivanco, Josué Raúl Vásquez Orihuela, inscribió la compañía Joshu Master S.A.C. Es contador público y se lanzó al emprendimiento después de un fallido intento de lograr vacante en la Oficina General de Gestión del Talento Humano;en la misma universidad donde laboraba su madre. El mismo día, Jean Edgar Colachagua Orizano, hermanastro de la joven fundadora del emporio, constituyó la empresa Cuido tu Salud; cuando lo hizo, según evidencia recopilada para este trabajo, aún estudiaba Contabilidad y Gestión Tributaria en la Universidad Perú Unión.
Dos años más tarde, en julio 2019, Edgar Colachagua Osco, padre de Colachagua Vicanco, fundó Energy Transmission and Energy Solution, Consultores y Constructores Generales S.A.C. El hombre se presenta en sus redes sociales como un experto en infraestructura eléctrica. Durante el año inicial de operaciones obtuvo contratos por más de un millón de soles. Fue un rasgo común en todos los casos: en los primeros 12 meses, ninguna de las compañías mencionadas obtuvo menos de 10 contratos de personal.
Otras dos compañías estuvieron cercanas al entorno de los Colachagua Vivanco y los Vásquez Orihuela, aunque sus accionistas no tienen relaciones de parentesco con ellos. Entre ellas están Servicios Generales y Construcción J & O y Elicon E.I.R.L, fundadas en 2014 y 2016 respectivamente de propiedad y gerente general. Su gerente general es una amiga de Chris Colachagua Vivanco: Elizabeth Villanueva Bendezú. Ambas empresas lograron abrirse paso con negocios de al menos 559.515.10 soles. Otra que tuvo incluso mejor suerte fue Servibles E.I.R.L, que ganó al menos 151 contratos y 628.253.00 soles. Fundada en enero 2012 y con sede en el vecino departamento de Huánuco, formó parte en 2017 de un consorcio con la empresa Adar Adriel. Entonces disputaron una adjudicación de médicos especialistas convocada de un hospital de esa región. La propietaria es Bertha Pino Arriaran.
Los negocios del clan Colachagua Vivanco y Vásquez Orihuela no solo han estado empañados por las investigaciones iniciadas en 2020; sino por las sanciones que aplicó el Tribunal del OSCE contra empresas del grupo por prácticas contrarias a las normas de contratación pública. Chriscovi, la compañía pionera, ha sido inhabilitada en dos ocasiones, por 44 meses en total, para contratar con el sector público. La primera vez fue en marzo de 2014 y le impusieron un castigo de siete meses luego de haber ganado una buena pro para proporcionar un anestesiólogo a una unidad pública de salud de Acobamba, en el vecino departamento de Huancavelica. Después de ello, no firmó el contrato respectivo, lo que supuso un perjuicio a la institución.
La segunda sanción fue impuesta en abril de 2017. Fue una suspensión de 37 meses para contratar con entes estatales. Por el mismo caso, la empresa Servicios Especializados Arlet, de la madre de Colachagua Vivanco, fue inhabilitada por 36 meses. El Tribunal del OSCE determinó que ambas empresas, que actuaron en conjunto bajo la forma de un consorcio; suplantaron las firmas de dos médicos en un proceso de contratación abierto por el hospital Higa Arakaki de la selva de Junín. La investigación estableció que era falso el compromiso de los dos profesionales que supuestamente se encargarían de ocupar plazas en la institución. La averiguación se inició por denuncia de una empresaria rival, lo que es costumbre en Junín, pero eso no detuvo los negocios del clan familiar.
Apenas un mes después de que Chriscovi fue sancionada, Chris Colachagua Vivanco se convirtió en administradora de Joshu Master, entonces recién fundada por su esposo. La nueva compañía tomó la posta de la inhabilitada Chriscovi; y gracias a las asignaciones millonarias de las instituciones públicas de Junín se convirtió en la joya de la corona del grupo. Joshu Master, en tres años y medio, obtuvo contratos por 4,4 millones, equivalentes a más de 1 millón de dólares, la cuarta parte del total.
De la lista de las compañías sin vinculación con el clan de los Colachagua Vivanco y los Vásquez Orihuela, la más afortunada fue B&J Segsalud. En un año y medio obtuvo 140 contratos por 3 millones de soles, equivalentes a cerca de 900 mil dólares. Diane Canchanya Rojas, quien estudió Contabilidad y Finanzas, figura como accionista y gerente general. En 2014, cuatro años antes de la creación de la firma, se postuló a un puesto de suplente en una ventanilla del Banco de la Nación. Su carrera, sin embargo, dio un giro cuando dio el paso para convertirse en capitana de su propia empresa.
Canchanya Rojas, de acuerdo con registros públicos, también figura como gerente general de la empresa Continental Ingenieros; que entre marzo y junio del 2017, se benefició con 22 contratos por S/1,3 millones para provisión de médicos y personal al hospital El Carmen. La compañía fue sancionada por el Tribunal de la OSCE por prácticas semejantes a las de sus competidoras.
En junio y julio de 2018 y en mayo de 2019 fue inhabilitada a períodos de 38, 42 y nuevamente 42 meses por falsificación de información que presentó para ganar tres adjudicaciones simplificadas para proveer gineco-obstetras, pediatras y otros especialistas para el Hospital del Carmen y que se convocaron en mayo de 2017. Según la investigación del tribunal, no solo falsificaron firmas de médicos, sino que presentaron una licencia que fue considerado falsificada por la municipalidad de Huancayo. No se pudo establecer si Canchanya Rojas ocupaba el cargo de gerente cuando ocurrieron los hechos.
Multiservis Danden recibió 59 contratos por 2,4 millones de soles, aproximadamente 750 mil dólares. Esta empresa tiene como representante a Gabriel Dan Rodríguez Rojas. A una solicitud que enviada por escrito, respondió con una llamada telefónica para decir que no daría declaraciones, anunciando acciones legales si lo mencionaban. Multiservis Danden no tiene sanción alguna de OSCE, donde acudió para impugnar dos procesos de contratación de médicos en Junín en los que participó. En un caso le dieron la razón por completo y en el otro solo parcialmente. El nombre de la compañía también se mencionó en una investigación realizada contra el exdirector de un hospital del vecino departamento de Huánuco. La dirección regional de salud lo sancionó administrativamente, entre otros alegatos, por incurrir en presunto fraccionamiento en la contratación de médicos a empresas privadas.
Tras los pasos del modelo
Tras las publicaciones de Portal Central en junio pasado, el Ministerio Público y el Departamento Anticorrupción de la Policía Nacional del Perú; ejecutaron un operativo simultáneo en las áreas administrativas del hospital El Carmen y en la sede de la Dirección Regional de Salud de Junín. El objetivo, recabar documentación sobre los contratos y órdenes entregadas a las empresas relacionadas con las familias Colachagua Vivanco y Vásquez Orihuela. Luego del revuelo inicial, el ritmo de las averiguaciones se redujo principalmente por los efectos de la pandemia, según confiaron fuentes.
Los consejeros regionales del gobierno de Junín también crearon una comisión especial para investigar los presuntos actos de corrupción. La instancia está integrada por David Eslado Vargas, José Miguel Álvarez Rojas y Jorge Victoriano Rojas Gamarra. Consultados para este trabajo, aseguraron no haber tenido respuesta para los innumerables pedidos de información que formularon. “Hemos solicitado información sobre las empresas que tuvieron este tipo de contratos y desde qué fecha, pero no tenemos respuesta por parte del gobierno regional; pese a haber presentado nuestra documentación. Se nos están poniendo muchas trabas y al paso que vamos no podemos hacer absolutamente nada. El mismo pedido hemos realizado a las redes de salud y hospitales que hicieron este requerimiento, pero tampoco tenemos respuesta. Están obstaculizando nuestra labor fiscalizadora y eso es penoso”, lamentó Eslado.
De que exista materia para adelantar indagatorias no tienen dudas los representantes de las empresas que se disputan el mercado en Junín, a juzgar por los documentos del Tribunal de la OSCE analizados para este reportaje. Los papeles dan cuenta de las constantes acusaciones cruzadas entre representantes de las compañías. No solo se han señalado por falsificar recaudos sino de ofrecer profesionales que no cumplen todos los requisitos; o han acusado a las instancias públicas de adoptar decisiones arbitrarias que les han perjudicado.
Consultado Jorge Céspedes Ramírez, abogado de la empresa Joshu Máster, respondió mediante un correo electrónico. Dijo que su patrocinado no podía brindar declaraciones debido que hay una investigación en curso. Asimismo, en un documento refiere haber tomado acciones legales en contra de Portal Central.
En el escrito, el abogado niega categóricamente que su cliente haya recibido direccionamientos por parte de los representantes de las unidades ejecutoras pertenecientes a la actual gestión del Gobierno Regional de Junín. “Todo lo contrario, venimos denunciado ante el OSCE, Contraloría General de la República y Fiscalía Anticorrupción; las graves irregularidades que afectaron el adecuado procedimiento de selección en gestiones anteriores”, indica la documentación.
Más allá de los alegatos del empresario a favor de su compañía, hay elementos del modelo que siguen levantando críticas. El presidente del Colegio Médico de Junín, por ejemplo, cuestiona a las empresas involucradas en el negocio por ofrecer condiciones laborales desmejoradas a los galenos. “Hay demasiados atropellos por partes de las empresas que tercerizan debido que demoran en abonar sus sueldos; además el tipo de contrato no les garantiza beneficios, estabilidad laboral ni mucho menos económica debido que el precio suelen variar en el mercado; y en muchos casos son las mismas empresas que ponen valor al trabajo prestado. el precio de la labor”, expresa.
Barzola Huamán señala que los concursos públicos, que deberían aplicarse con preferencia, se hicieron cada vez menos frecuentes para llenar las vacantes fijas o temporales. Estos terminan en los denominados Contratos de Administración de Servicios, una figura justamente ideada para regularizar la situación laboral de empleados públicos en condiciones desfavorables.
Lo reducido de los montos implicados en las adjudicaciones simplificadas despertó el interés de fuentes consultadas para este trabajo. El experto Chou Gaspar Marca analizó una muestra de 25 contratos y concluyó que las tarifas por hora estaban debajo de las mínimas de mercado; lo que atrajo su interés ante la posibilidad de que tras los acuerdos encubran fallas en la prestación de los servicios. “Es muy raro que los médicos estén cobrando muy por debajo sus honorarios a diferencia de otros que laboran en instituciones privadas”. Por ello advierte sobre la posibilidad de que haya médicos tercerizados que, en realidad, “no concurran a laborar y estén cobrando”; dado lo complicado que resulta auditar si honran sus compromisos contractuales.
Sobre hechos semejantes con personal no tercerizado ya se han hecho investigaciones. Una de las más recientes tuvo lugar en la provincia de Satipo y en Chanchamayo. Allí la Gerencia Regional de Control de Junín de la Contraloría General de la República puso en evidencia que un grupo de 11 médicos, enfermeras y funcionarios administrativos del hospital Julio César Di Marini cobraron sueldos durante la pandemia sin haber laborado. Todos formaban parte de la planta de la institución.
En el informe de control 030-2020-OCI/5341SCC, al que accedimos, se detalla que firmaron sus contratos con el hospital y días después simplemente desaparecieron; tal y como muestran los cuadernos de ingresos de personal y la contabilidad electrónica de labores. Una de las conclusiones a las que arribó el ente fiscalizador fue la siguiente; “(…) la Red de Salud de Satipo elaboró planillas de remuneraciones de abril, mayo y junio del 2020 considerando el íntegro de las remuneraciones; pese que el personal no registró asistencia y permanencia de los centros de labores, situación que generaría pagos indebidos por las labores no prestadas”.
El caso es una pincelada de las complejidades del sistema público en Junín. Mientras los centros de salud siguen sufriendo los rigores de la escasez de médicos, los pacientes padecen las fallas de los servicios; y todavía sigue pendiente establecer si responsabilidades por los casos abiertos ante la justicia.”
*Este trabajo fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas; del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Aquí puedes encontrar más de estos reportajes: https://www.connectas.org/
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