Las organizaciones políticas con más postulantes al Congreso con sentencias por delitos de corrupción -registrados en sus hojas de vida- ante el Jurado Nacional de Elecciones son Alianza Para el Progreso (APP) con 2, Somos Perú (3), Unión por el Perú (2) y Perú Libre (3). En total, son 14 los aspirantes a una curul y 1 candidato a la vicepresidencia los condenados por ilícitos penales como negociación incompatible, malversación de fondos, peculado o cohecho (soborno).
Pero son nueve los partidos políticos que inscribieron candidatos con problemas judiciales, según se desprende de un informe de Convoca.pe. También están en la lista los partidos Victoria Nacional, Podemos Perú, Renovación Popular, Frente Amplio y el Partido Popular Cristiano. Cada uno tiene un condenado por corrupción en sus respectivas listas para el Parlamento.
En Perú Libre, resalta el caso del ex gobernador regional Vladimir Cerrón Rojas, candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de José Castillo Terrones. Cerrón fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva en agosto de 2019, por el delito de negociación incompatible. Favoreció a un consorcio en obras de saneamiento en La Oroya, durante su primera gestión en la región Junín (2011 – 2014).
Sentencias e inhabilitaciones
En octubre del mismo año, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Junín le varió la prisión efectiva a prisión suspendida y redujo su pena a cuatro años. También ordenó su inhabilitación de la función pública por un año.
Por ese impedimento, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la candidatura de Cerrón según el artículo 34-A de la Constitución (modificación aprobada en setiembre de 2019). “Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.
Otro candidato de Perú Libre con sentencias por corrupción es Víctor Rojas García, número 33, para representar Lima. En enero de 2014, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima le impuso una condena de tres años y diez meses de prisión suspendida. Fue por el delito de cohecho activo genérico (soborno), así como una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos.
En el mismo partido está Virgilio Huerta Jara, candidato con el número 4 por la región Áncash. El fue sentenciado por la Sala Penal de Huaraz a 1 año de prisión suspendida por peculado impuesta en febrero de 2002.
Unión por el Perú y sus candidatos judicializados
Otro postulante al Congreso condenado es Wilfredo Alayo Jiménez, que postula con el número 33 por Lima por Unión por el Perú (UPP). El partido es dirigido por el candidato presidencial y actual congresista José Vega Antonio, en coordinación con el recluido Antauro Humala. Alayo tiene condena a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, al adquirir un vehículo de segunda mano que se pagó como si fuera nuevo. La transacción se realizó en 2011 cuando era subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, distrito de la capital.
Años después, en marzo de 2017, el Primer Juzgado Unipersonal Corte Superior de Justicia de Lima Sur lo condenó a cuatro años de prisión suspendida. También lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos por tres años.
Además por UPP está la candidata con el número 4 por la región Ica, Jenny Ericka Peralta Cárdenas. Tiene una sentencia de julio de 2019 del Segundo Juzgado de Paz Letrado al encontrarla responsable del presunto delito de dar suma de dinero.
Somos Perú también con candidatos sentenciados
El Jurado Electoral Especial de Huancayo declaró improcedente la solicitud de inscripción de Edgar López Quilca, candidato a congresista por Somos Perú, con el número 5 por la región Junín. Él consignó una sentencia de octubre del 2020 a tres años de prisión suspendida por el delito de peculado. La resolución fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
También quedó fuera de las elecciones el candidato por Somos Perú por Apurímac, Anastacio Rolando Taipe Huamán. Registra una sentencia de tres años de prisión suspendida por el delito de colusión, resolución emitida por la Sala Mixta de Abancay. Esto fue en septiembre de 2008.
Quien aún sigue en carrera es el candidato de Somos Perú, Misael Alvarado Paucar, con el número 2 por la región Huánuco. En 2001, Alvarado fue sentenciado por el delito de malversación de fondos. La Primera Sala Penal de Huánuco lo sentenció el 5 de septiembre de 2005 a un año de pena privativa de libertad condicional. Pero, para continuar su candidatura en las Elecciones Generales 2021, Alvarado apeló la resolución del JEE de Huánuco que la observó.
En 2018, Alvarado Paucar intentó ser candidato a consejero regional de Huánuco por Acción Popular. Pero en su hoja de vida presentada al JNE no consignó la condena, por lo que lo retiraron de la contienda electoral regional.
La agrupación de Acuña también en problemas
Alianza para el Progreso (APP) liderada por César Acuña, también registra dos candidatos con sentencias por delitos de corrupción. Eduardo Rubén Carhuaricra Meza, quien postula al Congreso por la región Pasco, tiene una pena de dos años de prisión suspendida por el delito de peculado, dictada por la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia. Cuando fue alcalde provincial de Pasco, en 1998, no rindió cuentas por un monto de 5 mil soles, utilizados en el aniversario de la región.
También, el candidato de APP por la región Lambayeque, Hildomaro Rodríguez Alvarado, tiene una sentencia por peculado de uso en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque. Fue condenado a tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. La sentencia la emitió en octubre de 2014 el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo.
Los Jurados Electorales Especiales de Pasco y de Chiclayo declararon improcedentes sus candidaturas ya que ambos registran sentencias por delitos de corrupción. El partido APP apeló la inadmisibilidad de sus candidaturas. En el caso de Carhuaricra Meza, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó la declaratoria de improcedente para su inscripción como candidato. Y en el caso de Rodríguez Alvarado, aún están a la espera de la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones.
Otros partidos con candidatos sentenciados
En tanto el partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, tiene en su lista por Lima para el Congreso al exalcalde del distrito de Villa María del Triunfo. Sobre el exburgomaestre Juan José Castillo Ángeles pesa una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible.
En diciembre de 2014, el Poder Judicial determinó que el entonces burgomaestre de VMT vulneró las normas que regulan los procesos de inversión privada. Favoreció la contratación de la empresa Goal Inversiones SAC para ejecutar un proyecto por 30 años en el estadio Héctor Chumpitaz. La obra tiene más de 11 mil metros cuadrados.
Otro candidato al Congreso por Huancavelica por el Partido Popular Cristiano (PPC), es Simeón Oseas Apari Suárez. Tiene una condena por el delito de colusión por el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castrovirreyna. Como alcalde del distrito de Santa Ana se apropió de 7 mil soles mediante el pago de un proyecto que no se ha ejecutado, ni siquiera iniciado.
La candidatura de Apari Suárez también la declaró improcedente el Jurado Electoral Especial de Huancavelica. Los ciudadanos condenados por delitos dolosos —como peculado— están impedidos de postular a cargos de elección popular.
Por su parte, el partido Frente Amplio, dirigido por el excongresista Marco Arana, tiene al candidato por Cusco, Rolando Solís Casilla. El 16 de agosto de 2016, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Chumbivilcas lo sentenció a dos años de prisión suspendida por el delito de peculado doloso simple. La candidatura de Solís también fue declarada improcedente por el JEE de Cusco.
Podemos Perú, el partido que tiene como candidato presidencial a Daniel Urresti, también registra que Fredy Toralva Cáceres, quien postula al Congreso por Junín, fue sentenciado en el 2007 por el delito de peculado.
Mientras que Juan Alejandro Malpartida Filio, quien aspira a un escaño con Victoria Nacional —del candidato presidencial George Forsyth— para representar al Callao, registra una pena de dos años de prisión suspendida. En su caso fue, por delito contra la administración pública impuesto por la Corte Suprema en agosto de 1997.
Sentenciados en primera instancia no pueden postular
El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, explicó que los candidatos que tienen sentencia por delito doloso en primera instancia se encuentran impedidos de postular a cualquier cargo de elección popular.
“Con el cambio constitucional aprobado por el Congreso, en setiembre del 2020, no se necesita que la sentencia sea de la última instancia judicial. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones debería excluir a los candidatos con condenas de prisión firme o suspendida por delitos dolosos” afirmó.
Agregó que en caso de que los Jurados Electorales Especiales hayan inscrito la postulación de algún sentenciado, los ciudadanos están habilitados para presentar un recurso de impugnación a la candidatura ante el órgano electoral. El valor de la tasa para poder presentar una tacha es de una Unidad Impositiva Tributaria, es decir 4 mil 400 soles.
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