“Burro” y “payaso”. Esos fueron los adjetivos que empleó Elmer Cáceres Llica para referirse al juez que emitió la sentencia judicial que ordenaba su destitución del cargo de gobernador. Las declaraciones se hicieron en una actividad protocolar del Gobierno Regional de Arequipa, en Castilla, al día siguiente de conocida la resolución.
El exabrupto fue el colofón de un proceso sui generis, que tiene su origen en la gestión de la pandemia en la región. Un cuestionamiento recurrente contra la autoridad, y que incluso le valió pifias y reproches de las comerciantes del mercado de Aplao, el mismo día en que agravió al juez.
Los orígenes del proceso son de abril. Entonces, el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo interpuso una acción de amparo para que se cumpla con la implementación de los protocolos de salud contra el covid-19. Las entidades señaladas para acatar la medida fueron el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), el Ministerio de Salud y la Gerencia Regional de Salud.PUBLICIDAD
La medida contra el gobernador de Arequipa
El juzgado que preside el juez Luis Madariaga Condori declaró fundado el pedido. A su vez, dispuso plazos para que el GRA implemente los protocolos en un tiempo determinado. Al caducar las fechas, y sin encontrarse sustento adecuado para los retrasos, se impuso multas en contra del gobernador. Incluso, una Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, refrendó la sanción impuesta por el magistrado de primera instancia.
No se esperaba que el proceso escale a mayores. El petitorio original del demandante solo contemplaba un pedido de suspensión del cargo. Hasta que la asociación civil Solidaria Perú se incorporó al proceso mediante la figura jurídica del litisconsorte. Aprobada su participación, la organización planteó que en lugar de la suspensión lo que correspondía era la destitución de Cáceres Llica, al amparo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Requerimiento que al final fue recogido por el dictamen emitido por el juez Madariaga.
La noticia del fallo trascendió el ámbito regional y fue recogida por medios de comunicación nacional. El gobernador de Arequipa era objeto de una resolución judicial, en primera instancia, que ordenaba su destitución del cargo. El edicto polarizó las opiniones, al igual que todo lo relacionado a Cáceres Llica. Para sus detractores fue motivo de algarabía; mientras que, para sus defensores, una muestra de persecución política y hasta racismo. Pero más allá de las reacciones, ¿la medida tenía legalidad?
La figura de la destitución, más una coerción que una sanción
Para bien o para mal, Elmer Cáceres Llica fue elegido por el voto popular. Llegó al cargo mediante las Elecciones Regionales y Municipales 2018, tras imponerse a Javier Ísmodes Talavera en segunda vuelta. Su investidura quedó sellada a través de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El propio Gobierno Regional de Arequipa hizo notar esto en un comunicado donde se referían al documento como ilegal e inconstitucional.
El análisis de la sentencia por parte de especialistas tampoco fue positivo. El abogado constitucionalista Luciano López consideró que la medida es forzada. Aunque señaló que los cuestionamientos en contra de Cáceres son válidos, estimó que la sentencia usa la figura de la destitución de forma inadecuada y arbitraria.PUBLICIDAD
“Si bien el Código Procesal Constitucional, que es la ley aplicable para estos casos, autoriza a que un juez pueda destituir a un funcionario, es una medida que el juez puede adoptar como consecuencia de que el funcionario demandado sea renuente a acatar y ejecutar un fallo constitucional. Si eres demandado y no cumples con la sentencia, y eres funcionario público, entonces el juez para obligarte a cumplir puede ponerte un apercibimiento de decirte, ‘si tu no cumples mi sentencia, te destituyo’. Pero está previsto como un instrumento de coerción válido, legal; para que el funcionario demandado se vea obligado a cumplir con la sentencia constitucional”, explicó López.
El uso adecuado de la figura se vio años atrás. Durante la gestión de Susana Villarán como alcaldesa de Lima, el polémico juez Malzón Urbina La Torre, aplicó un falló parecido en contra de la edil. El magistrado concedió un habeas corpus para evitar el desalojo de comerciantes, bajo apercibimiento que si lo hacía sería destituida. Un uso que el abogado Luciano López puso como ejemplo del mecanismo de destitución.
«La primera aparición pública del gobernador después de conocida la sentencia solo sirvió para avivar las llamas. En un alarde de agresividad, Elmer Cáceres disparó sin reparos en contra del magistrado de su caso”
Medida cuestionada
Por otra parte, Jorge Luis Mamani Huanca, del portal LP Pasión por el Derecho, consideró que de ningún modo un juez constitucional puede imponer la aplicación de la figura de la destitución. Esto debido a la reserva de ley estipulada para el organismo constitucional autónomo competente. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones. Este ente es el único encargado de resolver controversias de justicia electoral, de remoción de autoridades, a partir de la declaración de vacancia o suspensión aprobada por un consejo municipal o regional. Una atribución que no es propia de un juez de la justicia ordinaria o constitucional.
En tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) cerró filas en respaldo a Elmer Cáceres. Rechazaron la sentencia, argumentando que el cumplimiento de los protocolos contra el covid corresponde a las dependencias del sistema nacional de salud. Del mismo modo, cuestionaron la legalidad y legitimidad de la disposición judicial. “Exigimos que se respete el debido proceso y la tutela jurisdiccional que establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas para el efecto, cualquiera sea su denominación”, consignaba el comunicado emitido por la organización.
El andar errático del gobernador de Arequipa
Lejos de tranquilizar la situación, la primera aparición pública del gobernador después de conocida la sentencia solo sirvió para avivar las llamas. En un alarde de agresividad, Elmer Cáceres disparó sin reparos en contra del magistrado de su caso. “Señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Perú (sic), por favor, llame la atención y jale las orejas a ese burro juez que hace quedar mal a los jueces del país”, dijo en Castilla.
En otro momento, puso en tela de juicio la independencia de Madariaga. “Este juez chistoso, ¿quién lo digita, quién le paga a este juez?”, arguyó. Dichos que solo lograron que, tanto la Asociación de Jueces como la Corte Superior de Justicia de Arequipa, cerraran filas en defensa del agraviado.
Mediante sendos comunicados, reconocieron la calidad de juez probo, honesto e intachable del aludido. Asimismo, rechazaron enfáticamente los calificativos expresados en contra suya, a las que consideraron ofensivas y difamantes.
El propio Luis Madariaga movió ficha e impuso una multa superior a los dos mil soles para Cáceres. Además de darle dos días de plazo para que retire públicamente las ofensas. A su vez, empezó a circular un documento con la rúbrica del gobernador, donde se disculpaba por las expresiones vertidas. Disculpas que se reiteraron días después, de la boca de la autoridad de Arequipa.
Respecto al accionar procesal, se supo que el Gobierno Regional de Arequipa presentó su apelación al dictamen. Para que la sentencia quede firme, esta debe refrendarse en segunda instancia. Algo que se vislumbra poco probable, de acuerdo a la valoración de los especialistas. Una situación que no debió pasar a mayores, pero que terminó sobredimensionada por exabruptos innecesarios. ¿O será que Elmer Cáceres Llica vuelve a perder el juicio?
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