La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la ley aprobada por el Congreso que disponía la devolución de los aportes administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y es necesario aprender de esta difícil situación. En principio, la decisión del TC no significa que desconozcan derechos de aportantes de la ONP o la necesidad de reformar el sistema de pensiones; pues, la consulta hecha al organismo está referida únicamente a las atribuciones constitucionales del Congreso para promulgar tal ley. Por lo tanto, es un error conjeturar contubernios entre el TC y el Ejecutivo o intereses privados, en este caso en particular; pues, la Constitución es clara en señalar que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
Eso quiere decir que, si los congresistas aprueban leyes que demanden gastos del Estado, como el caso de pensiones, están actuando fuera de sus atribuciones; y, por lo tanto, perdiendo un tiempo que podría utilizarse en leyes que sí funcionen. En otras palabras, la decisión del TC nos demuestra que el actual Congreso se burla de las necesidades de los jubilados, aprobando leyes inejecutables, en lugar de tomar decisiones viables que sí representen un alivio para las urgencias derivadas de la pandemia. Entonces, la lección es, como en otras ocasiones, que la demagogia afecta directamente los intereses de los ciudadanos en beneficio de políticos inescrupulosos que pretender hacerse ver como héroes, cuando en realidad son los villanos de la historia.
La lección consecuente es que, si votamos por un candidato que promete lo que no le corresponde hacer, estamos jugando con nuestro futuro.
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