Evalúan acción de inconstitucionalidad contra ley que elimina régimen CAS

Gobierno encarga tarea a Servir y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Texto de ley no incluyó implementación de carrera pública

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Tras la sesión del Consejo de Ministros, se acordó encargar a Servir y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, advirtió además, en conferencia de prensa, la necesidad de entablar un diálogo con el Congreso de la República, a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada.

“Hicimos una evaluación a la ley 31131, conocida como la ley CAS y lo primero que se destacó es el compromiso del Gobierno con un servicio civil meritocrático, organizado y respetuoso de los derechos laborales de todos los servidores públicos. Sin embargo, evaluamos que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública”, manifestó.

Se analizó que una de las disposiciones, prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia. Es decir desde el 9 de marzo, lo que generó un problema en las contrataciones en diversas entidades.

Bermúdez explicó que esta paralización en la contratación de personal, podría tener consecuencias en los servicios esenciales que se prestan a la población.

Se avanza en implementación del Servir

La presidenta de la PCM informó también que se decidió avanzar en la implementación del Servicio Civil. Esto porque es fundamental cumplir con la intención del Congreso de la República, de que todos los servidores públicos cuenten con sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.

“Se ha acordado emitir un dispositivo legal como una medida inmediata y temporal, para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos.

Violeta Bermúdez explicó que es necesario contar con los profesores para la continuación del año escolar. Así también, garantizar la contratación del personal para la atención de la pandemia y el proceso de vacunación.

“Hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley. Pero también entablar un diálogo con el Congreso de la República. Esto a fin de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población. Esto a través de dos mil entidades públicas a nivel nacional y la necesidad de compartir con ellos el por qué, de estas medidas transitorias”, sostuvo.

Precisamente, el pasado 4 de marzo, el Congreso de la República, aprobó por mayoría la insistencia de la autógrafa. Ésta elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.

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