El 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori inició un gobierno autocrático y dictatorial. Dispuso que el cierre del Congreso, el Poder Judicial y otros órganos jurisdiccionales, concentrando así todo el poder. Lo que vino después incluyó la sumisión de las Fuerzas Armadas (con firma incluida de cartas de sujeción), el control de los medios de comunicación mediante la compra al cash de las líneas informativas y editoriales, designación y destitución de autoridades y funcionarios según su grado de servilismo al fujimorismo y un desfalco calculado en más de 6 mil millones de dólares.
Eso fue el fujimorismo de la década de los 90 y un importante sector de la población no lo considera negativo; pues le ha dado su apoyo en las urnas a lo largo de estos últimos 20 años, permitiéndole una significativa representación en el Congreso, aunque nunca alcanzó la presidencia otra vez. Los últimos cinco años, el fujimorismo volvió a hacer de las suyas.
Favorecido con una amplia mayoría en el Parlamento, el fujimorismo consiguió que el Ejecutivo le otorgara importantes cuotas de poder en la administración pública. Pero, eso no era suficiente. Todo parecía indicar que la meta era llegar al Palacio de Pizarro. La cláusula de vacancia por “incapacidad moral” contemplada en la Constitución fue manipulada hasta convertirla en un arma de presión política contra el Poder Ejecutivo. Así, la bancada fujimorista promovió un proceso de vacancia que se convirtió en un juicio expeditivo, sumarísimo y arbitrario que terminó forzando la renuncia del electo presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Ese precedente serviría para que una nueva vacancia se produjera dos años después con su sucesor Martín Vizcarra. El fujimorismo volvió a alterar el orden democrático; pero, esta vez desde el Parlamento; además, pretendiendo disfrazar sus ambiciones de una supuesta lucha anticorrupción.
A la luz de las últimas encuestas, el fujimorismo tendría nuevamente una presencia importante en el Congreso y posiblemente, opción para disputar, por tercera vez, la presidencia en una segunda vuelta electoral. Su vigencia en la política peruana es más peligrosa hoy que en los 90; porque enfrentamos una severa crisis económica y sanitaria. Y porque los políticos ya terminaron de darse cuenta que la Constitución puede ser manipulada sin que nadie la defienda. Esto, gracias al Tribunal Constitucional que se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad del uso de la vacancia presidencial de los últimos cinco años.
Atomizado como estará el próximo Congreso, casi todos los pronósticos apuntan a que el próximo presidente asumirá el cargo con los días contados. Repetiremos la historia, pero en circunstancias más críticas. No obstante, aún podemos hacer algo por evitarlo: en las urnas. Asistir a votar, no votar en blanco y elegir pensando en partidos y no en personas; son los principios mínimos que nos podría ayudar a salir de esta amarga espiral de malas decisiones.
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