Con 8 votos en contra y 7 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó el pedido del legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú) para reprogramar la audiencia en la que debía brindar sus descargos por denuncia en su contra.
El excontralor Edgar Alarcón Tejada solicitó una prórroga alegando mediante un escrito -entregado por su asesora- que un médico le otorgó 12 días más de descanso físico por presunto contagio de covid-19. Sin embargo, el congresista Carlos Almerí (Podemos Perú) precisó que se debe dar celeridad al caso. Esto, a fin de que la ciudadanía no crea que hay un “blindaje” al excontralor.
“Existen ya dos, tres denuncias contra el congresista Alarcón. Entiendo que está pidiendo algunas objeciones por el tema del covid-19 que le ha dado. Pero son temas que se tienen que dar con la misma celeridad que hurgamos en otras situaciones porque la población puede entender que en el Congreso hay un blindaje”, sostuvo Almerí Veramendi.
A su turno, Martha Chávez (no agrupada) señaló que la enfermedad de la covid-19 es impredecible, pero sería lamentable que Edgar Alarcón esté brindando información falsa sobre su estado de salud. “Sería lamentable que uno tenga una actitud muy dispuesta a hacer sacrificios para acusar a otros, pero no para rendir cuentas respecto de los propios cuestionamientos que uno pueda tener”, enfatizó.
Continúan sesión virtual reservada
Tras el rechazo al petitorio, la subcomisión continuó con la audiencia en la que se evalúa la denuncia constitucional 372 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Edgar Alarcón. El delito: presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación agravada, previsto y sancionado por el primer párrafo del art. 387, concordado con el segundo párrafo, del Código Penal. Esto ocurrió cuando era contralor general de la República.
Pese a que el congresista de Unión por el Perú no acudió a la sesión, su abogado Roberto Sánchez se encontraba presente. Un representante del Ministerio Público sustentó la demanda, razón por la que audiencia pasó a ser reservada. Esto, porque se trata de un caso de antejuicio político y porque la investigación es sobre presuntos delitos.
Acusación Constitucional 371
El pasado 5 de marzo, la Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a Edgar Alarcón en su calidad de excontralor, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado previsto en el artículo 401 del Código Penal, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera.
La acusación fue apoyada por 10 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Se eligió a la congresista Felícita Tocto para presidir la comisión acusadora contra Alarcón ante el pleno del Congreso.
El informe final, sustenta que se comprobaron los hechos a través de un estudio de las declaraciones juradas del actual congresista por UPP. Entre otros: no declarar ante Sunat y la Contraloría el monto de 201,337 soles.
Asimismo, se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento de capital es notoriamente superior al que tuvo a su sueldo o de incrementos de capital o ingresos.
“Habría incrementado injustificada e ilegalmente su patrimonio. Cuando fue requerido para que justifique no pudo subsanar. El agravante es que el denunciado fue un alto funcionario que ocupó un alto cargo como contralor y tiene antejuicio”, añadió.
Las denuncias contra Alarcón, excontralor general de la República, se presentaron en julio de este año por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tras dos años de investigación. Se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337,24 entre el 9 de junio del 2016 y 4 de julio del 2017. También, ingresos con origen desconocido de unos S/275,644.90.
Otros delitos
Se le acusa además de presunto peculado por haber realizado pagos irregulares desde la Contraloría General de la República a proveedores que tenían vínculos de amistad con funcionarios contratantes.
En su contra hay procesos por delitos de colusión y peculado doloso. Por haber autorizado convenios de mutuo disenso con trabajadores a quienes se les habría pagado como liquidación hasta 12 sueldos sin sustento legal.
Una de las beneficiadas, según la Fiscalía, habría sido Marcela Emilia Mejía Franco, entonces pareja sentimental de Alarcón. Él mismo habría firmado su liquidación por 426 000 soles en junio de 2010.
También hay cuestionamientos con los manejos de la caja chica de Contraloría. Se compró, según fiscalía, alimentos, abarrotes y hasta pasta de dientes, todo para beneficio personal.
La fiscal Zoila Sueno ha pedido 17 años de cárcel para el ahora funcionario del Parlamento.
Pero hay dos investigaciones más graves en fase preparatoria. Una por peculado doloso y negociación incompatible, por haber visado más de 100 recibos por honorarios emitidos por proveedores fantasmas.
Entonces se autorizó un pago de 382 000 soles. Y la otra investigación está referida a un desbalance patrimonial supuesto de 1 millón 278 000 soles. Y también por depósitos bancarios desconocidos que ascienden a un millón y medio de soles.
Delito por lavado de activos
El caso que más preocupa al excontralor es la investigación judicial que tiene en su contra por lavado de activos; esto por la importación de 100 vehículos de alta gama entre 2002 y 2015. Alarcón nunca ha podido dar una explicación coherente sobre cómo y con qué fondos logró tales compras.
También existe otra acusación por el caso Los temerarios del crimen. Se le imputa haber recibido una coima de 30 000 soles en 2016.
Seguidamente, fue aprobada por nueve votos a favor y cuatro abstenciones una segunda acusación constitucional presentada por la Fiscal de la Nación en contra del mismo legislador. Se trata de la N.° 373, esta vez por peculado doloso, por apropiación agravada, previsto en el artículo 387 del Código Penal.
La congresista María Retamozo Lezama (Frepap) expresó, con relación a esta acusación, su preocupación por la forma cómo fue redactado el informe de calificación respectivo, por no existir claridad frente a los hechos y pagos con fondos públicos que la Fiscal de la Nación ha puesto en conocimiento de ese grupo de trabajo legislativo. Empero, se manifestó de acuerdo en declarar procedente la denuncia para que sea investigado.
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