Más de 300 ciudadanos representados por los abogados Edison Tito, Raúl Roblecilla, Julio Arbizu y Rodrigo Noblecilla interpusieron una demanda penal en contra de los congresistas electos por Renovación Popular, Jorge Montoya y José Cueto, así como a los presentadores Beto Ortiz y Phillip Butters y al ex candidato presidencial Rafael López, por los supuestos delitos de conspiración para sedición, grave perturbación de la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir.
La denuncia también considera a Enrique Luna Victoria, gerente general de Willax, al representante legal del partido Renovación Popular (no se menciona el nombre). Y contra quienes resulten responsables. La iniciativa es de más de 300 ciudadanos, representados por los abogados Edison Tito, Raúl Roblecilla, Julio Arbizu y Rodrigo Noblecilla.
Montoya pedía desconocer elecciones
Los denunciantes refieren que el almirante en retiro “Jorge Montoya, de manera pública, en el canal Willax y en diferentes medios de comunicación social, viene llamando a desconocer el resultado de las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021″.
Precisan en la demanda que, en su cuenta de Twitter, Montoya escribió que “la legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad”. Por eso, pidió convocar a nuevos comicios ya que, según él, “será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”.
José Cueto: me inclinaría a anular la segunda vuelta
En tanto, demandan a José Cueto por haber manifestado, de acuerdo al documento, que no pueden permitir que el “totalitarismo radical y comunista” llegue para destruir al país. Esto en referencia al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. En Canal N, el martes 15, Cueto consideró que “anular las elecciones de la primera y segunda vuelta, sería un problema mayor para la gobernabilidad del país. La de la segunda, sí me inclinaría…”.
Rafael López Aliaga: muerte al comunismo y a sus representantes
El candidato presidencial Rafael López y compañía, el día 8 de mayo, en un mitin afuera del Palacio de Justicia, dijo que, de ganar el partido político Perú Libre, traería pobreza y miseria al Perú. Exclamó ‘muerte a Castillo’, ‘muerte a Cerrón’, ‘muerte al comunismo y a sus representantes. Todos ellos forman parte de Renovación Popular”, se agrega.
Phillip Butters: “se tiene que tomar Palacio de Gobierno”
El presentador Phillip Butters en su programa en Willax TV, señaló que el apoyo a Fujimori estaba movilizando a muchas personas y dijo (sic), “se tiene que tomar Palacio de Gobierno en acto pacífico. Entras a Palacio, caminas, no hay un policía que va a poner resistencia. Los Húsares de Junín no se van a poner de frente, la gente va a entrar caminando. Y lo sacas en pijama a [Francisco] Sagasti. ¿Cómo se hace? Caminando”.
En la demanda precisan: “Esta acción e idea conspirativa viene siendo también compartida y propalada públicamente por Rafael López Aliaga. Así como por, Víctor Andrés García Belaunde y Jorge del Castillo”, culmina el documento.
Beto Ortiz ha difundido información falsa
En el caso de Beto Ortiz indican que ha hecho “llamados constantes a realizar actos de violencia”, y que ha difundido información falsa. “Cuando afirma que el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, era un juez rojo y terrorista. Por haber defendido, como abogado libre, a procesados por terrorismo”. “Ese ánimo perverso en querer deslegitimar un proceso electoral y a sus participantes, también lo encontramos cuando (…) afirma tajantemente que el partido Perú Libre ‘tiene nexos con el terrorismo’. Y que ‘Guillermo Bermejo es terrorista’″.
Expertos se pronuncian sobre nulidad de elecciones
Expertos en derecho electoral, constitucionalistas y penalistas se manifestaron sobre los llamados a desconocer el resultado de las elecciones y convocar nuevas elecciones. Los penalistas precisaron que Fiscalía podría abrir una investigación en base a expresiones. Y hechos y especialistas en derecho electoral señalan que no se configuran las causales para una anulación.
La Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones establecen causales específicas para la declaración de la nulidad de un proceso electoral. Estas no están en los argumentados por quienes hacen el planteamiento en la demanda.
Julio Silva, experto en derecho electoral calificó de “jurídicamente imposible” el planteamiento de Montoya. Pues la nulidad que se propone no está prevista en la normativa electoral. “Nosotros tenemos supuestos de nulidades parciales y totales. Las parciales son las que han presentado Fuerza Popular y Perú Libre también respecto de mesas de sufragio concretas y específicas. Las totales están establecidas en nuestro ordenamiento. Pero no proceden por estos supuestos hechos que se imputan o presumen que configurarían fraude”, señaló a El Comercio.
Propuestas para anular elecciones no tienen aval constitucional ni legal
El constitucionalista y ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, Alejandro Rospigliosi, también fue consultado. Coincidió en que las propuestas para anular las elecciones no tienen aval constitucional ni legal. Pues no se está en los supuestos que establecen la Carta Magna ni la Ley Orgánica de Elecciones. “Ni lo vamos a estar, porque la valla para declarar la nulidad de las elecciones es tan alta que es absolutamente improbable. El señor está creando una nueva causal de nulidad que no existe en la ley ni la Constitución. Se llama: como no ganó el candidato de mi preferencia, entonces nuevas elecciones. Y eso es antidemocrático”, dijo sobre Montoya.
Desde el punto de vista del derecho constitucional, el abogado constitucionalista Natale Amprimo ratificó que las elecciones se anulan por causales “muy claras y puntuales” fijadas en la norma electoral. “Bajo el panorama actual, me parece una cosa improbable”, refirió.
“Tenemos que acostumbrarnos a respetar las instituciones y no adecuar las circunstancias para que las situaciones se adecúen a las circunstancias”, opinó.
Abogados penalistas: Por lo menos sí hay un caso a investigar
La abogada penalista Liliana Calderón, precisó que la fiscalía tendría que evaluar una serie de hechos y postular que existe una articulación. Y si varios actores están en la misma línea, creería que la fiscalía puede tener algún caso. Por lo menos un caso para investigar me parece que sí hay (en la demanda)”, explicó. Si bien uno de los aspectos para la configuración del delito de sedición es el alzarse en armas, Calderón opinó que una variante a interpretar sería buscar apoyo de las Fuerzas Armadas.
También hay ‘stake holders’ a nivel de redes
Asimismo, a juicio del Carlos Caro, solo los hechos aislados en torno a lo expresado por Montoya y Butters dejan dudas respecto de si hay algún ilícito, pues lindan más con posiciones políticas. “Sumando todos los hechos de la demanda, podría abrirse una investigación preliminar contra los que resulten responsables. No solo ellos, sino hay muchísima gente, ‘stake holders’ que han ido al nivel de las redes sociales. Están alentando la idea de que ha habido fraude o de que se requieren necesariamente nuevas elecciones. Y en algunos casos con mensajes que pueden ser violentistas. Se puede abrir una investigación preliminar en general contra los que resulten responsables por conspiración”.
Caro apuntó que no necesariamente una fiscalía penal tendría que ver el caso, sino una de prevención del delito. Para ello, indicó, tendría que citarse a quienes han emitido los distintos mensajes. Aunque advirtió que en ellos puede haber también contenido político que limita con asuntos penales.
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