En el debate de cara a la segunda vuelta se ha puesto especial énfasis en las garantías democráticas que deben presentar ambos candidatos presidenciales, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori. De la primera sabemos sus antecedentes autoritarios por la participación en la dictadura que lideró su padre junto con Vladimiro Montesinos, entre 1992 y el año 2000, así como por su discurso posterior; asumiendo, negando y luego volviendo a asumir, en esta campaña, el legado paterno —lo que incluye hasta los horrores de las esterilizaciones forzadas—, y sus actuales promesas de mano dura. Del segundo, la referencia es a su discurso, principalmente en relación con la propuesta de Nueva Constitución, por la vía de una Asamblea Constituyente.
Los que piden garantías, sin embrago, de izquierda a derecha, se refieren a instituciones y equilibrios de poderes cuya referencia es la constitución de 1993, un documento especialmente conservador y autoritario en el camino fallido de la tradición constitucional criolla.
Parece haber un olvido generalizado del origen y significado del mismo. La constitución de 1993 es írrita, es decir, está viciada de origen. Fue producto de un golpe de estado y ratificada por un referéndum fraudulento, tal como denunció y nos expuso en forma detallada a los integrantes del Comité por el NO, el miembro del Jurado Nacional de Elecciones de la época Dr. Juan Chávez Molina. Los resultados favorables al NO, se cambiaron en el SIN por otros favorables al SI. Quien quiera más detalle puede consultar el libro del Dr. Chávez Molina “Mis votos singulares” que recién se publicó luego de la huida del dictador en el año 2001.
Pero no sólo está viciada de origen, también la convierte en ilegítima el reiterado manoseo de esta que hizo el fujimorismo en el intento, felizmente fallido, de perpetuarse en el poder; así como la frágil democracia de élites que ha instalado después.
Pedir garantías en referencia a una constitución ilegítima carece pues de sentido, lo que cabe es hacer propuestas para superar la situación. Tal como plantearon varios candidatos en la primera vuelta y lo dice ahora Pedro Castillo, lo que procede es un referéndum constituyente que le pregunte al origen del poder soberano, la ciudadanía del Perú, si quiere o no una Asamblea Constituyente para redactar una Nueva Constitución.
Esto es lo que se llama camino constituyente por la sencilla razón de que el orden constituido no da salidas a la actual crisis política. Los que están en contra de la idea misma de una Nueva Constitución se han refugiado en una serie de largos y complicados argumentos procedimentales para negar esta posibilidad; señalando que se debe recurrir a los mecanismos de la constitución de 1993. ¡Pero si esta fue hecha para no cambiarse! Es lógico que los candados que pone al camino constituyente sean casi imposibles de superar.
Las referencias a la democracia entonces no deben hacerse a la constitución de 1993, porque esa es la propuesta a superar; sino al camino constituyente que es la alternativa de profundización democrática. Lo que no significa no seguir en ningún caso los preceptos del documento de 1993, optar por el desorden o por algún tipo de anarquía. De ninguna manera. Hasta que el camino constituyente, vía referéndum y asamblea, de sus frutos, la constitución de 1993; en todo lo que no se oponga al mismo, seguirá vigente. No hay entonces contradicción entre camino constituyente y democracia, sino por el contrario la mejor sintonía. Porque uno lo que busca es la realización del régimen democrático que ha sido, al fin y al cabo, negado; como hemos visto a lo largo de estas tres décadas de modelo neoliberal, pero especialmente en estos años de crisis, por el documento de 1993.
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